El incremento que recibirán los jubilados en abril volverá a exponer una escena que se repite mes tras mes. Aunque el haber mínimo sumará alrededor de $11.000, el congelamiento del bono de $70.000 vuelve a dejar a millones de adultos mayores en una situación de pérdida frente al costo de vida. Así lo planteó el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien trazó un diagnóstico severo sobre el presente del sector y habló de una “crisis humanitaria” en la Argentina.
Durante una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el especialista sostuvo que el problema no pasa solamente por el porcentaje de actualización mensual, sino por la falta de recomposición real en los ingresos de quienes cobran la mínima. Según remarcó, el bono extraordinario que se paga desde hace años permanece inmóvil desde marzo de 2024, lo que provoca un deterioro progresivo del ingreso total. “Hace cuatro años que se aplica y hace dos que está congelado”, señaló en relación con el adicional de $70.000.
A su entender, esa decisión termina licuando cualquier mejora nominal. “Lo que no se dice es que para casi cinco millones de jubilados que cobran la mínima no hay reajuste, no hay aumentos, sino que hay descuento”, afirmó. En ese sentido, explicó que el ajuste previsto para abril, del 2,9%, se traduce en una suma diaria insignificante frente al precio de los alimentos y los gastos básicos.
“Son 335 pesos por día, es decir, no alcanza para caramelos del nieto”, graficó. Y agregó que, al mantenerse fijo el bono, el porcentaje real que perciben quienes están en la base del sistema termina siendo todavía menor.
Semino consideró además que la situación ya no puede analizarse únicamente en términos previsionales, sino como una problemática social de gran escala. “Ocho millones de argentinos, que son los jubilados y pensionados, ven cómo se deteriora su vida cotidianamente”, expresó.
En paralelo, cuestionó el escaso nivel de reacción institucional frente a un cuadro que definió como “catastrófico”. A lo largo de la charla, insistió en que el deterioro de los haberes viene de arrastre desde hace más de una década, pero remarcó que el contexto actual profundizó una fragilidad que impacta de lleno en la vida cotidiana.
“Las personas mayores en Argentina hoy están sumergidas en una verdadera crisis humanitaria”, advirtió. Para fundamentar esa definición, detalló que el problema tiene tres dimensiones inseparables. “Es una crisis alimentaria, sanitaria y habitacional”, enumeró.
Según indicó, ningún adulto mayor puede sostener una vida digna con ingresos que rondan entre $430.000 y $440.000, cuando la canasta básica de una persona mayor con gastos de vivienda incluidos se ubica, de acuerdo con sus estimaciones, en torno a $1.800.000.
“El problema no es el número de la canasta, el problema es lo que ganan los jubilados”, remarcó. También aclaró que no se trata de una medición de pobreza extrema, sino de un cálculo vinculado a las condiciones mínimas para vivir con cierta dignidad. Allí incluyó alquiler o pensión, alimentación adecuada, medicamentos, servicios esenciales y un hábitat con infraestructura básica.
En ese punto, puso el foco en una realidad que, según sostuvo, se observa todos los días en los centros urbanos. Describió que numerosos adultos mayores sobreviven en hoteles o pensiones precarias, muchas veces sin redes familiares ni contención. “Tengo todos los días una cola en la Defensoría de gente mayor que no tiene dónde dormir”, contó.
Además, alertó que hay un universo creciente de personas mayores que transitan la vejez en soledad, sin apoyo de hijos, familiares o allegados. “Hay un millón y medio de jubilados en Argentina, de personas mayores, que no tienen ningún tipo de contención”, afirmó. Por eso, cuestionó la idea de que la asistencia pueda quedar librada al entorno íntimo de cada persona.
“Ese criterio de pensar que si hay un hijo que ayude alcanza, ya no existe más en el siglo XXI”, sostuvo.
Otro de los puntos que planteó fue la ausencia del tema en la agenda política. Recordó que tiempo atrás se hablaba de una posible reforma previsional, pero consideró que esa discusión desapareció sin respuestas de fondo para quienes están en una situación más delicada. “No existió más el tema jubilados”, lamentó.
También vinculó el ajuste sobre el sistema previsional con la política económica del Gobierno nacional y afirmó que el sostenimiento del superávit fiscal se apoya, en parte, sobre los recursos de la seguridad social.
“Para el Ejecutivo es una política de Estado mantener el superávit, y para mantener ese superávit tiene que estar apalancado por el recurso de la seguridad social”, sostuvo.
Frente a ese panorama, reclamó una intervención más decidida no solo del Estado nacional, sino también de provincias y municipios. Consideró que el cuadro actual exige medidas urgentes de asistencia directa para garantizar alimentación, techo y acceso a la salud en los sectores más vulnerables de la población mayor.
“Hace falta el compromiso del Estado nacional, pero también de los estados provinciales y municipales para resolver la situación crítica”, concluyó Semino.
