Este miércoles, el Senado debate modificaciones a la vigente Ley 26.639, norma de presupuestos mínimos que protege los glaciares y el ambiente periglacial en todo el país. En la previa, organizaciones como Greenpeace realizaron protestas frente al Congreso para exigir que no se retroceda en materia ambiental.
En el programa “El Aire de las Misiones” que se emite por FM 89.3 Santa María de las Misiones , el doctor en Derecho, Magíster en Administración de Justicia y ambientalista Leonardo Villafañe lanzó una fuerte advertencia: “Aquí se está jugando el futuro de mucha gente y la subsistencia de muchos ecosistemas, porque dependen del agua. El agua es la fuente de vida de todos los seres vivos”.
“No es una ley común”
Villafañe remarcó que la normativa vigente no es una ley cualquiera. “Hay que destacar que la Ley de Glaciares no es simplemente una ley como cualquier otra que emite el Congreso, sino que es una ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglacial”, explicó.
Y detalló: “Esto de que sea de presupuesto mínimo quiere decir que otorga un rango que prevé la Constitución Nacional y que genera una tutela ambiental uniforme en todo el territorio nacional. No está sujeta a la discreción de cada provincia, sino que establece un piso de protección válido para todo el país. Toda protección por debajo de ella sería inconstitucional”.
Según indicó, el eje del debate pasa por la intención de que cada provincia determine qué es glaciar y qué no lo es. “Lo que buscan es generar una especie de nuevo federalismo ambiental, que cada provincia defina qué área va a sacar o no va a sacar, o dicho de otra manera, qué área va a explotar y qué área no va a explotar”, advirtió.
El rol clave del agua
El especialista pidió no pensar solamente en la Patagonia. “No pensemos tanto en el sur. Imagínense el norte argentino, donde en las altas cumbres todo ese ambiente extremo frío y el ambiente periglacial después va alimentando los distintos ríos y arroyos que son esenciales para la vida animal y humana”, sostuvo.
En esa línea, subrayó que la definición de glaciar en la ley actual está vinculada a su función como reserva estratégica de agua para las cuencas hídricas.
“Las áreas periglaciares son muy relevantes porque protegen la reserva de agua en zonas donde justamente no hay tantas. Por eso modificar una ley de presupuestos mínimos sin mantener criterios científicos vulnera el espíritu del orden constitucional”, enfatizó.
“No se puede aplicar lógica de mercado al ambiente”
Villafañe fue contundente al cuestionar la posibilidad de que cada provincia flexibilice criterios para atraer inversiones mineras.
“Van a empezar a competir entre las provincias para traer a los mineros con conceptos más laxos, más flexibles. La idea de presupuestos mínimos es que no existan zonas liberadas para la contaminación o para la explotación que afecte recursos estratégicos”, alertó.
Y ejemplificó: “Supongamos que Jujuy empieza a competir con Salta, Catamarca o La Rioja para ver quién exige menos requisitos para instalar una minera en las altas cumbres. Eso sí es un peligro”.
Para el jurista, el trasfondo es más profundo: “Se le están aplicando lógicas de mercado a lo social. Cuando traducís todo en costos económicos, todo pasa a ser comprable. Y ahí entra lo ambiental”.
Incluso puso en duda el impacto real en el desarrollo local: “Las actividades mineras, al ser tan tecnificadas, no toman mano de obra local más que al principio. Después ya no la necesitan. No sé hasta qué punto son tan desarrolladoras del lugar”.
El principio de no regresión
El ambientalista recordó que Argentina asumió compromisos internacionales que podrían verse comprometidos si se reduce el nivel de protección vigente.
“La Argentina firmó y ratificó por ley el Acuerdo de Escazú, y uno de sus principios es el de no regresión ambiental. Eso implica que, una vez alcanzado cierto nivel de protección, no se puede volver atrás y empezar a desproteger”, explicó.
Y agregó: “Vulnerar ese principio es ir en contra del derecho internacional público en materia de derechos humanos. La Corte Interamericana y otros tribunales ya han considerado el derecho ambiental como un derecho humano implícito”.
Impacto sistémico
Para Villafañe, el error es analizar el problema de manera aislada. “La cuestión ambiental es un sistema. La afectación local termina degradando todo el sistema y afecta a toda la región, incluso a la zona pampeana. Con menos agua, habrá menos lluvias, se alteran los ciclos hidrográficos y habrá menos cosechas”, señaló.
Como ejemplo, mencionó la desertificación en el norte de La Pampa vinculada a alteraciones en el caudal de ríos.
“Ya hay situaciones de estrés hidrográfico. Este tipo de leyes, sin el debate necesario, sin participación ciudadana y sin criterios científicos claros, pueden profundizar esos problemas”, sostuvo.
“Estamos atentos”
Finalmente, Villafañe apeló a una “democracia reflexiva” que permita un debate amplio antes de tomar decisiones estructurales.
“Todo el mundo está enojado, a favor o en contra, sin saber bien el texto definitivo ni cómo se va a aplicar. Una cosa es aplicar criterios políticos y otra es aplicar criterios científicos. El criterio científico no puede cambiar por 10 o 20 kilómetros”, afirmó.
“Tenemos que estar atentos. En definitiva, aquí se está definiendo algo conceptual y sustantivo. Se está jugando el futuro de mucha gente y la subsistencia de muchos ecosistemas”, expresó Villafañe.
