La Nación dio un paso más en el proceso de concesión de rutas nacionales e incluyó a la ruta nacional 12 en toda su extensión dentro de Misiones y un tramo de la ruta nacional 105, como parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El esquema, formalizado a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, contempla la transferencia al sector privado de la operación, mantenimiento y explotación por peaje de más de 456 kilómetros estratégicos para el NEA.
El Gobierno sostiene que la iniciativa busca mejorar estándares operativos, promover inversión privada y fortalecer la seguridad vial, además de generar beneficios para las economías regionales. Sin embargo, la decisión abrió un fuerte debate.
En diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, calificó la medida como una “nueva estafa” que afectará de manera directa al sector productivo y al libre tránsito garantizado por la Constitución Nacional.
Para Lasca, el proyecto del Ejecutivo ignora los principios fundamentales de la Carta Magna. “Claramente es inconstitucional. No han leído lo que expresa la Constitución respecto al libre tránsito y a la doble imposición”, señaló. El argumento central radica en que los usuarios ya financian la infraestructura mediante el impuesto a los combustibles, fondos que -según denunció- son desviados por el Estado hacia destinos ajenos a las rutas.
“La plata está en el impuesto a los combustibles. Todos los gobiernos desviaron esos fondos. No es que no haya dinero”, explicó y planteó que los caminos “ya están hechos y pagados con nuestros impuestos” y el modelo sería de “inversión cero, riesgo cero” para las concesionarias.
“El peaje no es un pago a cuenta de una obra futura. El peaje es el pago de una contraprestación real ofrecida. Si hoy el corredor está destruido y yo viajo, estoy pagando por algo que no tengo. Eso es un impuesto al tránsito”, afirmó y recordó que en las concesiones de la década del 90 “no se hizo un solo kilómetro nuevo con fondos privados”.
Más allá del planteo jurídico, el referente puso el foco en el impacto económico. Según sostuvo, el nuevo esquema sumaría estaciones de cobro y podría implicar un peaje cada 100 kilómetros. En ese escenario, un camión llegaría a pagar cerca de 35.000 pesos por estación, encareciendo de forma directa los costos logísticos.
En provincias como Misiones, alejadas de los puertos y sin red ferroviaria activa, ese incremento terminaría trasladándose a toda la cadena productiva. “Automáticamente se incrementa el costo del transporte”, advirtió. Y ese aumento, inevitablemente, impacta tanto en productores como en consumidores finales.
En la práctica, lo que el Gobierno presenta como una mejora en los estándares de inversión privada se traduce, según la mirada de la CONADUV, en un simple “maquillaje” de bacheo, corte de pasto y pintura de carteles, sin obras de envergadura como autopistas o multitrochas. Mientras tanto, el impacto en el costo del transporte será inmediato.
Otro de los cuestionamientos fue la falta de un ente regulador creado por ley antes de avanzar con las concesiones. “Las concesiones tienen carácter de servicio público y estamos a la buena de Dios”, afirmó.
La situación -según planteó- se agrava por un vacío institucional. El ciudadano, sostuvo, queda sin defensa. Lasca recordó que la Argentina no tiene Defensor del Pueblo Nacional desde hace 16 años, que muchas comisiones legislativas no se constituyen y que el Estado evita audiencias públicas, reemplazándolas por consultas escritas no vinculantes donde no hay derecho a réplica.
Incluso ante los intentos judiciales, como el amparo presentado por el intendente Fernando Grey o las medidas iniciadas en Paraná y Chaco, la Justicia ha mostrado una resistencia que, según el dirigente, deja a los usuarios “a la buena de Dios”.
Lasca también vinculó el debate con la seguridad vial: “Hay 5.000 muertos y más de 100.000 heridos por año en siniestros viales. No es un tema menor. Dejan caer las rutas para luego justificar el peaje con la excusa de mejorar la seguridad”.
Si bien reconoció que algunos usuarios valoran servicios como la grúa, aclaró que suelen ser subcontratados y que la atención de emergencias recae en hospitales públicos y bomberos voluntarios.
“Los caminos son de dominio público, no propiedad de un presidente. Merecemos estar en una mesa de discusión”, sostuvo el referente y comentó que desde el Comité proponen un plan vial libre de peajes, financiado correctamente con el impuesto a los combustibles y enmarcado en una política de Estado de transporte terrestre.
“No queremos el mal menor. Queremos lo mejor. Que no se desvíe más el impuesto a los combustibles”, concluyó.
