Mientras el Gobierno avanza con reformas estructurales en un clima de confrontación política y sindical, especialistas en calidad institucional advierten que el foco económico no debería desplazar el fortalecimiento de las reglas del sistema. Desde el Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral señalaron retrocesos en transparencia, vacantes judiciales y debilidad en los mecanismos de control durante la actual gestión.
En el mismo diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones en el que analizó la desproporción histórica de los paros generales en la Argentina, Marcelo Bermolén -director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral- trazó un diagnóstico más amplio sobre el estado institucional del país durante la gestión de Javier Milei.
El disparador fue el último informe de Transparencia Internacional. Según explicó, en 2024 la Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, igualando el peor registro del gobierno anterior. En la medición correspondiente a 2025, el puntaje descendió a 36 puntos, y el país cayó del puesto 99 al 104 en el ranking global.
“No es un indicador más”, señaló. “Venimos advirtiendo que el gobierno de Javier Milei, en términos institucionales, está desatendiendo áreas clave”.
Uno de los ejes centrales del planteo fue el funcionamiento del Poder Judicial. Bermolén afirmó que hace dos años no se envían pliegos para la designación de jueces, mientras más de un tercio de los cargos permanece vacante. Además, indicó que la actual administración es la que recibió mayor cantidad de renuncias o jubilaciones en la Justicia desde el regreso de la democracia, profundizando el déficit estructural.
También cuestionó la situación de los organismos de control. Recordó que la Oficina Anticorrupción depende del Poder Ejecutivo, lo que -a su entender- limita su capacidad de investigar con autonomía. La Auditoría General de la Nación estuvo paralizada durante el año pasado por falta de designación de sus representantes legislativos. Y la Sindicatura General de la Nación, agregó, está encabezada por una persona con causas judiciales pendientes.
A esto se suma la ausencia del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que permanece vacante desde hace 16 años. “Cuatro presidentes pasaron sin designarlo”, remarcó.
Presupuesto prorrogado y tensión institucional
Otro punto crítico es el presupuesto nacional. Durante dos años el país funcionó con el presupuesto de 2023 prorrogado. “¿Cómo se pueden rendir cuentas con un presupuesto inexistente?”, planteó.
En esa línea, también cuestionó declaraciones del Ejecutivo que anticiparon que ciertas leyes aprobadas por el Congreso no serían cumplidas por falta de recursos. “Nunca en democracia un presidente dijo que no iba a acatar una ley vigente”, afirmó, señalando que ese tipo de posicionamientos afectan la seguridad jurídica.
La transparencia en el acceso a la información pública fue otro aspecto mencionado. Bermolén recordó que el Gobierno dictó un decreto reglamentario que introdujo nuevas excepciones al acceso a la información, lo que -según su análisis- restringe la posibilidad de conocer datos oficiales en un contexto donde el propio Ejecutivo se presenta como desregulador.
Conflictos de interés e inversión extranjera
El director del Observatorio también habló de conflictos de interés. Señaló que funcionarios provenientes del sector privado pasan a ocupar cargos públicos desde donde deben regular o negociar con empresas vinculadas a su actividad anterior. Mencionó el caso de Federico Sturzenegger, al frente de la reestructuración del Estado, mientras una fundación vinculada a su entorno familiar recibió un contrato directo de la Cancillería.
Para Bermolén, estos elementos impactan directamente en la seguridad jurídica y en la inversión extranjera. Afirmó que actualmente la Argentina registra inversión extranjera directa negativa, es decir, más salida que ingreso de capitales.
“La calidad institucional está ligada a la seguridad jurídica. Si un gobierno dice que no va a cumplir una ley aprobada por el Congreso, eso lo está viendo el mundo”, sostuvo.
El académico aclaró que su análisis no apunta a la política económica en sí, sino al marco institucional. Incluso comparó los puntajes actuales del índice de corrupción con los del inicio de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, señalando similitudes en los niveles de percepción internacional. “No digo que sean lo mismo, pero los datos muestran que se parecen”, puntualizó.
Para Bermolén, el problema es estructural. “Un criterio puramente economicista sin fortalecimiento institucional es un camino a medias. Si queremos desarrollo verdadero, necesitamos instituciones fuertes y reglas claras”, afirmó.
La eventual judicialización de la reforma laboral -tema que también abordó en la entrevista radial- será, según su visión, una nueva prueba para el sistema institucional argentino.
“Argentina necesita diálogo, mesura y sinceramiento. Las instituciones sólidas son las que permiten prosperidad. Si no fortalecemos la calidad institucional, vamos a seguir repitiendo ciclos de auge y caída”, concluyó.
