La conversación fue directa, lejos de los comunicados lavados. Luis Cubeddu, uno de los enviados del Fondo Monetario (FMI) a la Argentina, se sinceró mientras espiaba el tránsito tumultuoso en las afueras de la oficina del organismo, en Paraguay casi 9 de Julio, en el centro porteño.
“Estamos muy preocupados y dudamos de los efectos de la percepción social de la crisis”, dijo ante empresarios de mucho peso. Los enviados de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), mineros y petroleros abrieron los ojos, no por no ver la malaria, sino porque es la primera vez que veían al venezolano -que conoce el país como la palma de su mano por años trabajando en estas tierras- con gesto tan adusto.
Cuidadoso, Cubeddu no mencionó nunca la palabra recesión en el mitin. Usó, según supo Página 12, un eufemismo: “es inquietante la falta de reactivación”, dijo. El Fondo obvió hablar de la intervención política a las estadísticas del INDEC, porque ve problemas mayores.
Aseguran los enviados de Kristalina Georgieva que, en los próximos meses, la recesión va a empezar a traducirse en un malestar social más palpable.
Hablaron de la elección presidencial de 2027 y de cómo eso podría perjudicar la situación de La Libertad Avanza. A renglón siguiente, salvo los mineros que elogiaron el RIGI, el resto fueron malos números. Comercio, de hecho, blanqueó la caída del consumo, el cierre de locales y la apertura importadora. “Es insostenible”, resumieron.
Fuentes oficiales admitieron ante Página 12 que el silencio cómplice del FMI en público es la consagración del respaldo político de Donald Trump, haga lo que haga Milei. Al menos hasta las legislativas de noviembre en los Estados Unidos.
“Índices alternativos”
Esos ojos bien cerrados de Georgieva deberían al menos espiar la estadística, porque el debate que se viene y que confirmará la malaria que ya se ve en la calle es, precisamente, sobre el impacto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alterado en las mediciones de salarios y de pobreza.
En síntesis, números que confirman y les dan sustento a las dudas del Fondo sobre la puesta en escena, en los próximos meses, de una temperatura de malestar social en ascenso.
En medio de la vorágine informativa, pasó de largo una parte del comunicado de los trabajadores de ATE-INDEC del martes último, día en el que se conoció la inflación mal medida. Dice así: “Alertamos a la sociedad sobre la posible intromisión ante futuras publicaciones que no sean del agrado presidencial. La difusión deliberada por parte del ejecutivo de índices alternativos de pobreza que no son los oficiales del instituto, simulando como si lo fueran, son parte de una campaña gubernamental que amenaza con nuevas intromisiones”.
Las líneas son una bomba. Hay dos mediciones privadas de pobreza, de dos economistas, que el Presidente utiliza a diario para promocionar la supuesta baja de la pobreza. También cálculos que hace el Ministerio de Capital Humano.
Los que avisan apuntan que, como pasa con el IPC, hay que relativizar esos cálculos porque no son exactos. El último de los defectos: varias consultoras salieron a medir sus muestras con la fórmula nueva de IPC para decir que la inflación de enero habría dado menos medida con la fórmula actualizada. No era así.
El riesgo, como en toda intervención política de la estadística oficial, es la proliferación de mediciones alternativas poco rigurosas. Cuando además el IPC viejo está desconectando de la realidad otros números, como el valor ridículo de las canastas de pobreza e indigencia, o la de costos de crianza.
Salariazo, pero al revés
Circuló como un virus veloz en seccionales policiales de diferentes lugares del país el caso de los sueldos magros de la Policía de Santa Fe. De 900 mil pesos pasaron a 1,3 millones luego de varios días de conflicto. De una miseria, a otra miseria.
La canasta de pobreza medida por el INDEC intervenido arrojó que una familia precisa no menos de 1,4 millones de pesos para no ser pobre.
Según la consultora Analytica, llenar un changuito de supermercado no cuesta menos de 900 mil pesos. Los números no cierran, y adelantan tensiones.
El caso de los uniformados no es la excepción en una crisis de ingresos generada por Milei para intentar bajar una inflación que se volvió a disparar. Salvo actividades históricamente bien remuneradas, como Bancarios, Petroleros o Aceiteros, el resto atraviesa una crisis de ingresos fenomenal.
El último acuerdo de UOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), correspondiente a enero y febrero, refleja el siguiente esquema. El sueldo es por 176 horas trabajadas por mes, que ascienden a 192 con los sábados.
En la zona A, de Capital y GBA, el sueldo de un sereno es de 723.032 pesos. Luego, en el escalafón, desde abajo hacia arriba, aparece el ayudante, que cobra 3.980 pesos por hora y en el mes capta, en bruto, 764.760 pesos, más un bono mensual de 96.800 pesos.
En tanto que el cargo de Medio Oficial, que cobra 4.679 pesos la hora, gana en el mes unos 830 mil, más un bono mensual de 102.800 pesos.
Los dos escalafones más altos son el Oficial y el Oficial Especializado. El Oficial gana por hora 4679 pesos y en el mes 898.368 pesos, con un bono de 112.200 pesos. Mientras que el Especializado cobra 5.470 la hora y en el mes gana 1.050.210 pesos, con un bono de 121 mil pesos por mes. En la zona C, la zona austral, los sueldos y bonos aumentan un 100 por ciento por razones climáticas, de arraigo y costos. En el resto del país, no varía tanto.
En el sector del comercio, nadie zafa de la pobreza. Un trabajador de maestranza de un supermercado grande que recién inicia, sin antigüedad, cobra 1.159.000 pesos brutos.
A eso hay que sumarle, luego, 1% por antigüedad por año y los adicionales por presentismo. Un cajero, en tanto, tiene ingresos iniciales por 1,7 millones. Algunos de ellos, sobre todo en los hipermercados, cobran un adicional por domingo trabajado, que se paga el 100%.
Hasta los trabajadores tecnificados están como la policía, o peor. La industria metalúrgica, al borde de la quiebra por la recesión y la apertura importadora, tiene un salario promedio en torno a 1.250.000 pesos. El ingreso mínimo garantizado, en bruto, es de 1.030.000 pesos.
Máquinas paradas, la UIA arrodillada
“Martín es nuestro”, es la frase que usa “Toto” Caputo cuando le preguntan por la relación con la Unión Industrial (UIA). Han adoptado a Martín Rappallini, el jefe de la entidad, como uno de los ceos colaborativos con el gobierno libertario.
Por eso, mientras la industria se desangra más que en el menemismo, el dueño de Cerámica Alberdi se reunió con Caputo para hablar de cualquier cosa menos de la crisis. Se conocen de la mesa del Consejo de Mayo. Rappallini fue el representante industrial que avaló la nueva reforma laboral.
“Esto es una vergüenza”, se embroncó un industrial histórico cuando vio la foto de la reunión, el viernes al mediodía. Rappallini asistió junto a Rodrigo Pérez Graziano, de Peugeot-Citroën y Eduardo Nougues, la mano derecha de los Blaquier de Ledesma en la UIA. Una tríada a la medida de evitar el conflicto.
Luego del mitin, el Gobierno y la UIA difundieron comunicados exactamente iguales: elogiando la reforma laboral, mencionando el tema impuestos, evitando hablar de importaciones y, mucho menos, de la crisis de las fábricas.
Caputo hasta se dio el lujo de escribir que se pusieron de acuerdo “para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo”.
Todo este dulzor irracional entre el sector más golpeado de la economía y su propio verdugo se monta, además, en una crisis de ingresos demoledora. El salario promedio de los trabajadores fabriles en Producción y Manufactura era, a diciembre del 2025, cerca de 854.979 pesos mensuales.
La agencia Bumeran agrega que un Ingeniero Industrial puede cobrar 1,9 millones, variando según la especialidad, pero según fuentes fabriles casi un 70% de los industriales están apenas por encima del millón de pesos.
Alerta de ATE-INDEC
“La posible intromisión ante futuras publicaciones que no sean del agrado presidencial. La difusión deliberada por parte del ejecutivo de índices alternativos de pobreza que no son los oficiales del instituto, simulando como si lo fueran, son parte de una campaña gubernamental que amenaza con nuevas intromisiones”.
