El debate por la baja de la edad de imputabilidad en la Argentina sumó una perspectiva técnica que pone en jaque las expectativas de solución inmediata ante la inseguridad. El abogado Francisco Oneto analizó la posible reforma que llevaría el límite a los 14 años y fue tajante al definir el rol de la ley: “El derecho penal no está para prevenir el delito, está para tutelar los efectos del delito”.
Según el especialista, la sanción funciona como una “aspirina” que solo se toma cuando el dolor de cabeza ya apareció, pero que de ninguna manera evita la enfermedad social que origina la delincuencia.
Para Oneto, existe una contradicción en el ordenamiento jurídico actual, ya que, por coherencia con el Código Civil y Comercial, la edad de imputabilidad debería ser incluso menor. “El discernimiento para los actos ilícitos se adquiere a los 10 años. Vos a los 10 años sabés lo que está bien y lo que está mal“, explicó por Radio Rivadavia, aunque aclaró que esto no implica una postura personal a favor de esa cifra, sino una observación sobre la armonía normativa.
Sin embargo, advirtió que bajar la edad a los 14 no garantiza resultados mágicos: “Dudo que vayas a conseguir los efectos que se buscan. No es que a partir de ahora los menores van a dejar de delinquir, sino que eventualmente delinquirán y recibirán sanción“.
El abogado, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, también buscó desmitificar la idea de que los menores de 16 años gozan de una libertad absoluta tras cometer crímenes graves bajo la legislación vigente. “Hay un mito divulgado que está mal, que es este mito de que el menor de 15 que mata se va a la casa. La ley actual establece que el juez dispone del menor y lo manda a un instituto“, precisó.
En ese sentido, señaló que el verdadero foco de la discusión debería estar en el tratamiento tutelar y no solo en la faz punitiva, diferenciando claramente la pena -que hoy reciben los mayores de 16- de la tutela que se aplica a los no punibles.
Respecto a la situación en las cárceles y la problemática de los celulares, Oneto planteó una visión que escapa a la lógica tradicional, sugiriendo que la prohibición total es ineficiente y que la clave reside en el control estatal. “Debería haber trazabilidad en los celulares. Si a un preso le dan un teléfono, el Estado debe saber el número de IMEI y quién se lo dio. Cuando se organiza un crimen, se sabe quién es”, propuso. De esta manera, cuestionó la eficacia de un sistema que, a su criterio, se debate entre el mandato constitucional de resocialización y un deseo social de castigo que no termina de definirse.
Finalmente, el letrado instó a la dirigencia y a la sociedad a un sinceramiento sobre el sistema penitenciario. “En Argentina el común denominador de la sociedad quiere que la pena sea castigo. Hagamos algo: denunciemos la Convención Americana y digamos que la pena es castigo, y veamos cómo nos va”, lanzó con ironía sobre la distancia entre la teoría jurídica y la realidad material.
Para Oneto, el “término medio” actual no logra ni reinsertar al joven ni satisfacer el reclamo de justicia, dejando al Estado en una posición de ineficiencia constante frente al fenómeno criminológico.
