La controversia en torno a la medición del IPC dejó en el ambiente un temor a que la inflación esté mucho menos controlada de lo que el Gobierno afirma. Y esa sensación se abona con datos concretos, como el relevamiento semanal de precios de alimentos que realizan consultoras, y que marca para febrero un impulso de 2,5% en el rubro más sensible de la canasta familiar.
El reporte de la consultora LCG destaca que semejante disparada en los precios sucede después de 10 semanas en las que las variaciones semanales se habían ubicado debajo del 1%.
Y es así que se replanteó el viejo debate: ¿se trata de una cuestión estacional que encareció alimentos? ¿O, por el contrario, hay que buscar la explicación en el plano monetario y, por lo tanto, concluir que se está produciendo una expansión de pesos mayor a la que en realidad demanda el mercado?
La explicación de la estacionalidad parece, en principio, descartada, dado que la carne -el alimento de más ponderación en la canasta del INDEC- muestra una variación baja de apenas 0,4%, luego de típico empuje constatado a fin de año.
Es por eso que muchos analistas volvieron a poner la lupa sobre la cantidad de pesos, reciclando el tradicional temor a “la trampa de febrero”. Entre los economistas se llama así a un clásico problema veraniego, consistente en cierto relajamiento monetario en que incurren los gobiernos después de que en diciembre se produce un aumento en la demanda de dinero y una estabilización cambiaria.
Como se ha visto en varios casos y bajo gobiernos de diferente signo, ese incremento en la demanda de pesos suele confundirse con un cambio de tendencia, cuando en realidad se trata sólo de un fenómeno estacional. Como, al mismo tiempo, la oferta de dólares disminuye en el verano, se produce una combinación que se refleja en una presión cambiaria e inflacionaria en febrero, que fuerza a una abrupta suba de las tasas de interés.
Midiendo la demanda
¿Podría darse, en este verano 2026, una reedición de esa trampa estacional? Muchos creen que no, porque en este momento se está produciendo un masivo ingreso de divisas vinculado a la ola de emisiones de deuda corporativa.
Un informe de Romano Group indica que desde noviembre hasta mediados de enero, se había emitido Obligaciones Negociables por US$ 6.900 millones. Luego de esa fecha, se concretó la colocación de un título a ocho años por US$ 550 millones por parte de YPF, que obtuvo crédito a una tasa de 8,1%.
Y es, precisamente por esa situación, que el Banco Central encontró finalmente su oportunidad para acumular reservas. El jueves, la institución presidida por Santiago Bausili compró otros US$ 126 millones y el viernes US$ 50 millones, con lo cual totaliza US$ 316 millones en el arranque de febrero y US$ 1.474 millones en lo que va del año.
Desde el Gobierno se presenta esta situación como un círculo virtuoso: la compra de reservas mejora la confianza del mercado, lo cual se traduce en el fortalecimiento del peso -el tipo de cambio oficial cayó 2% en un mes-; y esa situación fortalece la demanda de activos en pesos por parte del público, lo que hace que la oferta de divisas se siga reforzando.
Pero no todos comparten ese punto de vista: gana adeptos la argumentación de que esa compra de dólares por parte del BCRA tiene una contracara de expansión monetaria que puede incentivar la inflación.
“La mitad de los economistas pide comprar dólares con pesos, mientras el 90% del mercado financiero vive de renovar la deuda que el Tesoro emite porque sobran pesos, que ya tiene una renta real altísima”, se queja el analista Ricardo Inti Alperti, uno de los más críticos de la política monetaria, quien sostiene que el excedente de pesos es mayor ahora que en el inicio de la gestión Milei.
La contracara de las reservas
La crítica al mecanismo que elige el Gobierno para mostrar un aumento de sus reservas afirma que hay un dato engañoso: mientras la estadística oficial muestra un aumento de las reservas, se produce una expansión monetaria adicional a la de la compra de los dólares. Porque el Central también adquiere los bonos “dólar linked” que emite el Tesoro.
Eso le permite al ministro “Toto” Caputo tomar pesos del mercado para comprarle dólares al BCRA, ya que los necesita para ir cumpliendo su exigente calendario de pagos de la deuda externa. La semana pasada hubo un depósito de US$ 400 millones en la cuenta del Tesoro, y ya previamente se habían anotado tres compras de dólares desde inicio de año.
Ese dato relativiza, para algunos, la buena noticia del aumento en las reservas, porque conlleva el riesgo de una expansión monetaria. Y el síntoma de esa inquietud se refleja en las mayores tasas de interés que Caputo tuvo que convalidar en las últimas licitaciones para convencer a los inversores de que sigan invertidos en pesos.
El argumento del Gobierno es que no hay riesgo inflacionario, porque después de haber tocado un mínimo histórico durante la campaña electoral -cuando se dolarizó el 50% de la base monetaria-, ahora los argentinos están aumentando la demanda de pesos. Según el cálculo que hizo Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, la base monetaria pasará de su actual nivel de 4,2% del PBI a un 4,8%.
Y el agregado “M2 transaccional privado” -dinero circulante, depósitos en cuenta corriente y cajas de ahorro-, que es el indicador principal para determinar la necesidad de pesos para el funcionamiento cotidiano de la economía, también crecerá. Este índice pasará desde un 5,7% a un 6,3% del PBI. Eso significa que el dinero para los medios de pago de la economía argentina podría subir unos $10 billones.
Pero aquí es donde empieza otra polémica. Quienes defienden al Gobierno muestran los números de la base monetaria, que muestra cómo el Tesoro -mediante licitaciones que “rolearon” el total de los vencimientos de deuda- y las ventas de títulos del BCRA, se reabsorbieron los pesos que se habían emitido para comprar reservas.
Y agregan que eso demuestra que Caputo y Bausili, atentos a “la trampa de febrero” se mostraron cautos y decidieron sacar pesos del mercado. Es así que el agregado M2 transaccional privado se redujo un 8% en los últimos treinta días.
Sin embargo, aparecen las divergencias cuando se empieza a interpretar los números. Así, un informe de la Fundación Mediterránea indica que, si bien la base monetaria medida “punta a punta” en el mes de enero tiene una leve contracción -de 0,3% nominal y 2,7% real-, el panorama luce diferente cuando se mide el promedio mensual. En ese caso, se observa una expansión nominal de 6% -un crecimiento de 3,1% descontando el efecto inflacionario.
“Este indicador refleja que, a lo largo del mes, la economía operó efectivamente con niveles de re-monetización más elevados que en diciembre”, agrega el reporte, que destaca la compra de divisas por parte del sector público como el principal factor que llevó a la expansión de dinero.
Lo cierto es que los críticos del Gobierno afirman que la emisión monetaria, aunque a ritmo más lento, continúa. De hecho, la variación interanual de la masa de pesos coincide con la inflación de 31,5% que se acumuló en 2025.
Y advierten que la estrategia de renovar deuda en pesos con tasas altas para que los inversores no vayan al dólar es, en definitiva, una forma de emisión monetaria que el mercado no convalida y que por eso termina volviendo a las arcas del Tesoro.
En los próximos días, Caputo debe enfrentarse a vencimientos de bonos del Tesoro por $20 billones, lo cual dejará más claro el panorama de febrero. El ministro debe decidir si vuelve a “rollear” la deuda aun al costo de convalidar tasas altas o si, por el contrario, deja pesos “sueltos” en el mercado.
El “viejo IPC” es clave para profundizar la suba de tarifas
En plena polémica por la suspensión del nuevo IPC del INDEC, pasó algo inadvertido, otro dato de la economía que, sin embargo, está íntimamente ligado a la política oficial para combatir la inflación: la recaudación de impuestos de enero confirmó que el Gobierno tendrá dificultades de equilibrio fiscal.
Es cierto que en este mes hubo situaciones excepcionales que jugaron en contra de las arcas fiscales, pero tampoco se puede obviar que se trata del sexto mes consecutivo en el que se registra una caída real interanual en la recaudación de impuestos. No sorprendió, por ejemplo, que haya mermado el ingreso por derechos de exportación, dado que hace un año todavía no se había recortado el nivel de retenciones.
También se registró un bajón en el cobro de aranceles de importación, dado que hace un año se había dado un fuerte incremento de las compras, por la apertura comercial, y en la comparación este enero tuvo menos entrada de importados.
Podría argumentarse que esa caída en la recaudación tiene una contracara positiva, que es el alivio impositivo para la exportación agrícola.
En cambio, resulta más difícil de justificar la nueva caída real del IVA impositivo -el indicador por excelencia de la actividad comercial e industrial-, que tuvo una variación negativa de 3%, en un momento en el que, de acuerdo con los datos oficiales de actividad, se está produciendo una recuperación.
Si, además, se considera el rubro completo del IVA -que incluye lo recaudado por la Aduana-, entonces la caída real es mucho más grave, y alcanza al 12% interanual. Para la caja fiscal, este es un dato más que relevante, dado que el IVA aporta aproximadamente un tercio de la recaudación total.
Tampoco son alentadores los datos de Ganancias, no tanto por la recaudación de enero, que estuvo en línea con la inflación acumulada en el año, sino porque el Gobierno también tiene en carpeta una disminución de este tributo. Es uno de los principales puntos de divergencia entre el ministro de Economía, “Toto” Caputo, y los gobernadores provinciales, dado que se trata de un tributo coparticipable al 50%, y para muchas provincias es parte importante de su caja.
Según Caputo, lo que se sacrificará en el ingreso provincial este año equivaldrá a $1,7 billones, mientras que los cálculos de los gobernadores dan $3 billones -aproximadamente la transferencia de Ganancias de dos meses.
La conclusión es contundente: el hecho de que la caja de ARCA esté contabilizando su sexto mes consecutivo de baja en la recaudación hace que la política fiscal del Gobierno deba focalizarse en un mayor recorte del gasto público. Pero, luego de haberse llevado a un nivel mínimo los gastos de obra pública, las transferencias a las provincias y tras el cambio de fórmula jubilatoria, ya hay rubros en los que parece difícil seguir avanzando con la “motosierra”. Es por eso que vuelven a ser candidatos al recorte los subsidios a los servicios públicos y los salarios de los empleados estatales de la administración central.
