Vestirse bien en la Argentina se volvió caro, pero para la industria textil el problema va mucho más allá del precio de una prenda. Tras las declaraciones del ministro de Economía sobre el precio de la ropa en Argentina,que reavivaron el debate público sobre el costo de la indumentaria, empresarios del sector advirtieron que la combinación de altos costos internos, facilitación de importaciones y ausencia de una política productiva está empujando a la actividad a una crisis profunda, con impacto directo en el empleo.
En ese marco y en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, Marcelo Fernández, empresario textil y presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), analizó el momento que atraviesa el sector y puso en palabras una preocupación que recorre fábricas, talleres y comercios de todo el país: la industria ya no tiene margen para seguir absorbiendo aumentos sin trasladarlos a precios.
Fernández consideró desafortunados los dichos del ministro, sobre todo viniendo de quien conduce la política económica, y señaló que reflejan una mirada distante de la realidad productiva local. Recordó que la Argentina cuenta con una industria de indumentaria de calidad, que en distintos momentos logró ofrecer precios competitivos y generar trabajo. Sin embargo, también reconoció que el sector arrastra errores propios.
Admitió que antes del cambio de gobierno la industria estaba cara, en un contexto de inflación elevada y consumo sostenido, con regulaciones a las importaciones que, aunque no implicaban un cierre del mercado, sí lo volvían más previsible. En ese escenario -explicó- muchos importadores optaban por abastecerse localmente, mientras los costos internos seguían creciendo.
Pero para Fernández, una parte central del problema rara vez aparece en el debate público: el alto costo de comercializar en la Argentina. Enumeró tarjetas de crédito, alquileres, impuestos y cargas laborales que encarecen cada prenda que llega a una vidriera. Aclaró que cuando un producto está totalmente en blanco, con trabajadores registrados, la estructura de costos se vuelve muy pesada y termina afectando la competitividad.
En los últimos dos años, sostuvo, la industria hizo un esfuerzo significativo. Absorbió inflación, bajó precios y otorgó aumentos salariales que en algunos casos superaron el ciento por ciento. Sin embargo, ese esfuerzo tuvo un límite. El “colchón” que existía en 2023 ya no está, y hoy -advirtió- el sector no puede seguir soportando subas de costos sin trasladarlas.
Por eso, Fernández insistió en la necesidad de diálogo. Aseguró que la industria no busca generar inflación, pero dejó en claro que ya no resiste más aumentos sin una revisión integral del esquema de costos. De lo contrario, advirtió, el daño no será solo para el textil, sino para toda una red de actividades productivas. Mencionó al calzado, la marroquinería, el plástico, el juguete, el sector óptico y el gráfico, y remarcó que hoy el textil está en el centro de la escena solo por el impacto de las declaraciones oficiales.
Al referirse a la política comercial, rechazó hablar de una “apertura” y prefirió el término “facilitación de importaciones”. Señaló que el mercado nunca estuvo cerrado, aunque sí regulado, y que hoy la mayor flexibilidad está teniendo consecuencias visibles. Una de ellas es el golpe a la cadena de valor, que comienza con el cierre de empresas proveedoras de materias primas.
El empresario también describió un efecto dominó: cuando cae el hilado, luego se resiente la producción de telas, después la confección y finalmente el producto final. Ese proceso -explicó- ya se está viendo en distintas regiones del país y amenaza con profundizarse.
En términos de empleo, citó datos de la Asociación Obrera Textil que hablan de unas 300 empresas cerradas y alrededor de 15.000 puestos de trabajo perdidos. Afirmó que se trata de trabajadores con pocas posibilidades de reubicación, ya que competir con el sudeste asiático resulta inviable. Comparó la situación con Europa, donde la confección prácticamente desapareció salvo en nichos muy específicos.
El impacto potencial, advirtió, es mucho mayor. Recordó que el gremio textil reúne cerca de 80.000 afiliados y que el sindicato del vestido suma entre 30.000 y 40.000 más. En total, estimó que unas 150.000 familias dependen directamente de la industria textil y de la indumentaria, muchas de ellas sin alternativas laborales claras si el sector se desmantela. Para Fernández, no se trata de una crisis coyuntural, sino del resultado de una política definida para contener precios a través de la importación.
También puso el foco en la estacionalidad del sector. Explicó que el inicio de temporada y el ciclo escolar suelen implicar ajustes de precios y que, en ese contexto, el mensaje oficial busca advertir que cualquier recomposición será neutralizada fomentando el consumo de productos importados, incluso desacreditando la producción nacional.
Al hablar de uniformes y artículos escolares, fue gráfico: recordó que su empresa familiar, con más de 60 años de historia, fabricaba millones de cierres por temporada para cartucheras. Hoy, dijo, hace más de una década que no produce ninguno. Mochilas y carritos escolares son importados y la única forma de identificar su origen es, justamente, el cierre.
Sobre la formación del precio, explicó que solo el 22% del valor final corresponde a la salida de fábrica, mientras que el resto se diluye entre impuestos, alquileres, costos financieros y comisiones. Aclaró que esa diferencia no es ganancia del comerciante, sino el reflejo de un sistema caro en todas sus etapas. En ese escenario, destacó el crecimiento de las plataformas de venta online, que operan con menos cargas y generan una competencia desigual.
Fernández subrayó que el hecho de que la ropa sea cara no se traduce en mejores salarios para los trabajadores textiles. Insistió en que el problema no es la producción nacional, sino el costo argentino y recordó debates públicos donde se comparaban precios locales con prendas compradas en el exterior que, en realidad, eran de origen asiático. Para él, se instaló un discurso fácil que culpa a la industria local y empuja al consumo fuera del país.
Con una fuerte autocrítica, reconoció que el sector no siempre cuidó al consumidor y que hubo momentos en los que los precios se multiplicaron sin control. Sin embargo, advirtió que la respuesta actual -basada en la importación masiva- está llevando a la industria a un límite peligroso tras dos años de ajuste continuo.
Uno de los puntos que más le preocupa es el crecimiento de la importación de ropa usada, que según indicó aumentó un 26.000% y entra al país a un dólar el kilo. Señaló que la Argentina es prácticamente el único país que admite este tipo de mercadería y que esa competencia resulta devastadora para cualquier industria formal.
En un plano más amplio, cuestionó la falta de políticas de Estado. Dijo que los cambios de gobierno alteran de manera abrupta las reglas de juego y la matriz productiva, lo que impide planificar, invertir y sostener el empleo. Para él, esa inestabilidad explica por qué sectores estratégicos nunca terminan de consolidarse.
Finalmente, se mostró pesimista respecto de una convocatoria al diálogo por parte del Gobierno. Afirmó que la idea de “no tener programa” deja a los sectores librados a su suerte y advirtió que este escenario puede derivar en más informalidad, cierres de empresas y conflictos laborales, en un contexto de tarifas y costos fijos que no pueden trasladarse a precios.
El dirigente concluyó que, si no se revisa el rumbo, el impacto no será solo económico, sino social, y que la crisis que enfrenta hoy la industria textil puede ser apenas el comienzo de un problema mucho más profundo.
