La macroeconomía argentina ofrece, por estos días, el debate que le queda cómodo al relato oficial: superávit fiscal, inflación controlada y un tipo de cambio encorsetado. Sin embargo, debajo de ese cuadro, transcurre un escenario que el Gobierno no parece querer observar, uno en el que a los sectores medios y bajos se les hace cada vez más difícil su desenvolvimiento cotidiano.
La señal más clara aparece en la salud financiera de los hogares. Según un informe de la consultora EcoGo, basado en datos oficiales del Banco Central hasta noviembre de 2025, las familias argentinas destinan ya el 33% de sus ingresos a devolver deudas contraídas con billeteras virtuales y prestamistas no bancarios, el nivel más alto de la serie histórica. Si se suma la banca tradicional, el endeudamiento total equivale al 140% del ingreso mensual.
El problema no es solo cuánto se debe, sino la creciente incapacidad de pagar. La proporción de créditos “irrecuperables” -con más de un año de mora- saltó del 2,6% al 6,4% en apenas doce meses. En el universo fintech, el 21,4% de la deuda presenta irregularidades, triplicando el registro del año anterior. En números: de los $12,6 billones prestados por el sistema no bancario, unos $2,7 billones tienen problemas de cobro. “Muchas personas que tienen acceso a crédito formal no llegan a fin de mes y recurren a mecanismos alternativos. Antes las cuotas se licuaban con la inflación, ahora ya no”, sintetizó Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo. La mora también crece en los bancos: los préstamos personales alcanzaron un 11% de irregularidad y las tarjetas de crédito un 8,4%, seis veces más que en 2024.
Detrás de estos números está el deterioro silencioso de la clase media, esa zona intermedia que rara vez aparece en las estadísticas oficiales, pero que sostiene el consumo, el ahorro interno y buena parte del entramado productivo. El IPC puede bajar, pero no necesariamente mide mejor cómo vive una familia. La canasta del INDEC -aún anclada en patrones de consumo desactualizados- no refleja el peso creciente de los servicios esenciales sobre el ingreso.
Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el IPC general acumuló cerca de 250%. En el mismo período, los servicios típicos de la clase media aumentaron más de 300%, mientras que los salarios nominales crecieron alrededor del 260%. El salario real apenas mejoró un 4%, pero la relación entre servicios e ingresos se encareció más de 13%. No es una sensación: es una cuenta.
En una familia con ingresos mensuales por $3,2 millones, alrededor del 56% se va solo en servicios esenciales: alquiler, expensas, servicios públicos, transporte, salud, educación y comunicaciones. Todo eso antes de comprar alimentos, vestirse o ahorrar. A ese esquema se suma una presión impositiva invisible: en algunas facturas de servicios, los impuestos superan el 30% del total, amplificando cada aumento tarifario.
Cuando ese piso se vuelve demasiado alto, el ajuste se traslada a otros rubros. Primero desaparece el ocio, luego el mantenimiento del hogar y del auto, más tarde la ropa. Finalmente, se evapora el ahorro y aparece el desahorro. No hay derrumbe, hay erosión. Y con ella, se diluye la expectativa de progreso que durante décadas definió a la clase media argentina.
El consumo refleja esa tensión. Según el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio, 2025 cerró con un crecimiento acumulado del 2,5% interanual, sostenido en gran parte por la baja base de comparación de 2024. Pero el último tramo del año mostró otra cara: caídas interanuales en noviembre (-2,8%) y diciembre (-1,4%), con un enfriamiento claro del gasto.
El patrón fue irregular: un primer semestre de rebote moderado y un segundo semestre de desaceleración. Los bienes de consumo masivo volvieron a mostrar debilidad y el crédito, que había impulsado parte del gasto, empezó a perder dinamismo hacia fin de año. El consumo cerró 2025 creciendo, pero con una tendencia descendente que deja dudas sobre la solidez de la recuperación.
Los datos de actividad tampoco ofrecen una señal nítida. Mientras el Índice Líder de Actividad de Analytica mostró una suba marginal en diciembre y un crecimiento anual del 4,3%, el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres registró una contracción mensual desestacionalizada del 0,6% y una caída interanual en la industria. El agro y el petróleo empujan; la industria y el empleo formal siguen rezagados.
En ese marco, el ajuste fiscal también dejó huella en la obra pública. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión pública ejecutada en 2025 cayó un 27% real respecto de 2024 y las transferencias de capital se desplomaron 48,6%. La disolución de los fondos fiduciarios de Vivienda Social y Procrear profundizó la retracción. El superávit llegó, pero con un recorte que impactó de lleno en infraestructura y actividad. Todo este cuadro económico empieza a filtrarse en el clima social y político.
Una encuesta reciente de Atlas Intel muestra que la aprobación presidencial cayó al 43,3%, mientras que la desaprobación trepó al 52,8%. El 60% evalúa negativamente la economía y el 70% ve mal el mercado laboral. Sin embargo, el 42% cree que la economía mejorará en los próximos seis meses.
Ahí reside el equilibrio inestable del momento. Milei conserva respaldo no tanto por el presente, sino por la promesa de un futuro mejor y por la ausencia de una oposición con peso propio. Pero las expectativas no son infinitas. Si el ajuste silencioso que hoy se expresa en la morosidad, el consumo y la clase media no encuentra una compensación en ingresos, empleo y previsibilidad, la paciencia social puede empezar a agotarse.
La Argentina, otra vez, parece discutir dos economías al mismo tiempo: la que ordena planillas y la que desordena presupuestos familiares. Y entre ambas, se juega la sustentabilidad política del ajuste.
Ese corrimiento del ajuste desde los grandes números hacia la vida cotidiana también puede leerse con nitidez en el mapa provincial. En Misiones, el “no hay plata” dejó de ser una consigna para transformarse en un dato duro de la contabilidad pública.
El año 2026 arrancó con una señal elocuente: durante enero, la provincia recibió $185.734 millones en transferencias automáticas que, pese a mostrar un crecimiento nominal del 23,1%, implicaron una caída real del 6,7% interanual, según un informe de Politikon Chaco elaborado en base a datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y el INDEC. Medido por habitante, el ingreso recibido alcanzó los $138.157.
La principal fuente de financiamiento continúa siendo la coparticipación federal, que explicó el 92% de los envíos automáticos, pero que cayó un 8% real interanual, arrastrada por el derrumbe del IVA (-11,8%), los impuestos internos (-16,1%) y otros tributos coparticipables. Solo el Impuesto a las Ganancias logró sostenerse, con una mejora marginal del 0,2%.
Según un estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea, la “caja” provincial de Misiones se achicó un 13% real en el primer semestre de 2025 respecto del mismo período de 2023. El golpe obligó a un recorte del gasto que tuvo una víctima clara: la obra pública. Entre 2023 y 2025, el gasto de capital de Misiones se desplomó un 66,9% en términos reales. El gasto en personal retrocedió un 17,5% real.
A este escenario se suma un frente adicional: un informe técnico estima que Misiones perdería $59.756 millones anuales si se aprueba la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El costo fiscal total del paquete equivale al 1,278% del PBI proyectado para 2026.
Así, el ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica para convertirse en una realidad concreta: menos recursos, menos obra pública, salarios públicos erosionados y un Estado provincial obligado a administrar la escasez mientras el consumo no termina de repuntar y la clase media sigue ajustando donde puede.
