La decisión del Gobierno nacional de simplificar el trámite para patentar vehículos 0 km importados que no se comercializan oficialmente en el país generó inquietud en el sector automotor, que advirtió sobre asimetrías técnicas, regulatorias y de costos frente a los requisitos que deben cumplir las terminales y los importadores oficiales.
La medida permite avanzar con el patentamiento a través de un Certificado de Seguridad Vial (CSV) emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, evitando el proceso completo de homologación que incluye la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA).
Según publicó Infobae, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) difundió su posición luego de una reunión técnica interna. Según explicó la entidad, no se opone a la medida, pero sí reclamó que se respeten las mismas condiciones técnicas y económicas que rigen para los fabricantes y los importadores oficiales.
De acuerdo con Adefa, los requisitos previstos para obtener el CSV serían menos exigentes, especialmente en materia de seguridad y emisiones, que los estándares que actualmente deben cumplir las empresas para homologar un modelo destinado a la venta en el mercado argentino. A esto se suma una marcada diferencia de costos: mientras que el CSV tendría un valor de 100.000 pesos, los procesos tradicionales de homologación implican inversiones mucho mayores, con ensayos, pruebas de impacto y calibraciones que pueden extenderse más de un año.
Más allá del impacto en la industria, la asociación puso el foco en el riesgo para los consumidores, al advertir que los vehículos importados sin respaldo de una terminal o importador oficial no cuentan con garantía ni con un sistema asegurado de repuestos y postventa.
El debate también alcanza a los importadores no oficiales, conocidos en el sector como “bolseros”, que podrían traer vehículos desde el exterior sin certificaciones internacionales plenas y habilitarlos a circular mediante el CSV, con un esquema de costos reducidos: 100.000 pesos por la primera unidad y 500.000 pesos por cada vehículo adicional similar.
Una mirada similar expresó la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA). Su presidente, Ernesto Cavicchioli, también señaló que la entidad no cuestiona la posibilidad de importar vehículos, pero advirtió que el nuevo esquema genera desigualdad frente a los procesos de homologación vigentes, que pueden costar alrededor de 10.000 dólares.
Cavicchioli remarcó además limitaciones técnicas para verificar el cumplimiento de normas ambientales. Según explicó, no es posible determinar en una revisión técnica común si un vehículo cumple con estándares como Euro 5, ya que se requieren laboratorios especializados, equipamiento y reactivos que no están disponibles en las plantas de RTO.
Desde CIDOA también alertaron sobre posibles problemas mecánicos y ambientales, ya sea por vehículos que no cumplen las normas locales o por unidades diseñadas para estándares superiores que podrían fallar al no contar con repuestos adecuados. En esos casos, el comprador no tendría respaldo de garantía ni provisión asegurada de piezas.
Otro punto sensible es el acceso al seguro. Las compañías aseguradoras, explicaron desde el sector, suelen evitar cubrir vehículos sin repuestos en el mercado, y si lo hacen, las pólizas resultan mucho más costosas, ya que cualquier siniestro implicaría importar partes desde el exterior.
Finalmente, Cavicchioli puso el acento en la trazabilidad de los vehículos, una información clave para los compradores. A diferencia de los autos comercializados oficialmente, cuyo recorrido desde fábrica hasta concesionario está documentado, los vehículos importados directamente pueden tener antecedentes desconocidos, como daños previos, largos períodos de almacenamiento o faltantes de piezas de seguridad.
El debate sigue abierto en el sector automotor, donde advierten que la simplificación administrativa no debería implicar una reducción de estándares técnicos ni de protección al consumidor.
Fuente: infobae.com
