El Poder Ejecutivo dispuso la prorrogó por un año del esquema diferencial de contribuciones patronales que rige para los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, evitando que a partir de enero de 2026 deban afrontar un incremento significativo en sus cargas laborales.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 939/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 lo previsto en el artículo 24 de la Ley 27.541, que excluye a este sector del régimen general de contribuciones patronales.
Según los considerandos de la norma, la aplicación plena del régimen general vigente habría provocado un incremento “desmesurado” de las contribuciones patronales, con impacto directo en el principal costo operativo de las instituciones educativas privadas: los salarios docentes.
El Gobierno advirtió que esta suba habría tenido efectos más severos en las provincias del interior, donde los beneficios vigentes difieren según la región y donde muchas instituciones dependen en gran medida del aporte estatal.
Uno de los puntos centrales del decreto es el impacto fiscal indirecto sobre las provincias. En los establecimientos con aporte estatal, los Gobiernos provinciales financian no solo parte de los salarios docentes, sino también las contribuciones patronales, por lo que un aumento en esas cargas habría generado mayor presión sobre los presupuestos provinciales.
En ese contexto, la prórroga apunta a evitar un incremento automático del gasto educativo provincial en un escenario de restricción fiscal.
En los casos de instituciones sin aporte estatal, o con financiamiento parcial, el Ejecutivo señaló que el aumento de contribuciones habría derivado en subas significativas de aranceles, con impacto directo sobre las familias y riesgo para la continuidad del servicio educativo, especialmente en regiones con menor capacidad económica.
El decreto advierte que la aplicación del régimen general podría haber afectado con mayor intensidad a escuelas de bajos recursos y zonas socialmente más vulnerables, poniendo en riesgo su sostenibilidad.
El beneficio no es nuevo: se trata de una prórroga sucesiva que comenzó en 2020 y que fue extendida en reiteradas oportunidades ante la situación económica del sector. En esta oportunidad, la extensión cuenta con informes técnicos favorables de las áreas competentes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano.
