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El Gobierno reformó la Ley de Inteligencia Nacional

Entre los cambios, incorporó la posibilidad de que personal de inteligencia pueda proceder a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o delitos en flagrancia.

2 enero, 2026

El Gobierno nacional oficializó una reforma amplia del sistema de inteligencia mediante el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial,  que modifica la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y entra en vigencia desde este 2 de enero.

La norma redefine la arquitectura del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), refuerza el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano superior, crea nuevos esquemas de intercambio de información con organismos estatales y reordena el mapa de agencias, incluyendo cambios relevantes en el área de ciberseguridad.

Aprehensión de personas: el punto más sensible del decreto

Entre los artículos incorporados, el DNU establece que los órganos del SIN proporcionarán su propia seguridad y protección de instalaciones, personal, operaciones e información, y que quedan habilitados a repeler o hacer cesar agresiones que los pongan en riesgo.

En ese marco, fija que “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes.

Inteligencia “encubierta” por definición

El decreto incorpora un artículo que señala que todas las actividades realizadas en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto, “en virtud de su sensibilidad” y con el objetivo declarado de minimizar el “riesgo estratégico nacional”.

Además, define qué se entiende por investigación de inteligencia y amplía el alcance normativo de la contrainteligencia, incluyendo la obligación de adoptar medidas de seguridad de contrainteligencia en todo el Sector Público Nacional bajo responsabilidad de los titulares de organismos.

SIDE: más centralización y control presupuestario

La reforma reafirma a la SIDE como el órgano superior del SIN y le asigna funciones de conducción, coordinación y articulación del sistema, incluyendo:

  • Aprobar proyectos de presupuesto de órganos del sistema y de la Comunidad de Inteligencia Nacional (con excepciones específicas).

  • Administrar y controlar partidas vinculadas a gastos de inteligencia, incluidos los gastos reservados.

  • Requerir información a todos los órganos del Sector Público Nacional y solicitar cooperación de provincias y CABA cuando lo considere necesario para el desarrollo de sus actividades.

Reordenamiento de agencias y cambios en ciberseguridad

El DNU reorganiza organismos creados en la reestructuración previa del sistema:

  • La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con foco preventivo en amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia.

  • La División de Asuntos Internos (DAI) pasa a ser la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), con tareas de auditoría e inspecciones para evaluar desempeño, eficacia y economía de recursos.

  • La antigua Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) cambia de perfil y queda como Agencia Federal de Ciberinteligencia, orientada a producir inteligencia en el dominio del ciberespacio y espacio radioeléctrico.

En paralelo, el decreto crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete (área de Innovación, Ciencia y Tecnología), con funciones rectoras en la protección del ciberespacio de interés nacional y la coordinación del CERT.AR. También establece transferencias de bienes y funciones desde el área previa vinculada a ciberseguridad.

Además, la reforma dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (dependiente del Ministerio de Defensa), argumentando superposición de funciones y sobredimensionamiento, y transfiere recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Nuevas “comunidades” de intercambio de información

El decreto crea dos ámbitos formales para el flujo de información:

  • Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN): integra el SIN, áreas de inteligencia de fuerzas federales y armadas, y otros organismos con competencias afines, bajo dirección de la SIDE.

  • Comunidad Informativa Nacional (CIFN): articula con organismos estatales que generan insumos de interés (como áreas de migraciones, registros, aduana, ciencia y tecnología, entre otros) para suministrar información relevante a la producción de inteligencia, también bajo conducción SIDE.

El texto incorpora, además, previsiones sobre procedimientos y reglamentación futura, incluyendo mecanismos de trazabilidad y control.

Como en otros DNUs, el decreto dispone dar cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento conforme la Ley 26.122.

Tags: ciberseguridadCongresoContrainteligenciaDNUInteligenciaseguridadSIDE
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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