El Gobierno nacional avanzó con una reorganización institucional del área de Discapacidad y prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2026, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 942/2025, publicado este 2 de enero en el Boletín Oficial.
La norma dispone la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como organismo descentralizado y su absorción por parte del Ministerio de Salud, que pasará a concentrar de manera directa el diseño, ejecución y control de las políticas públicas vinculadas a las personas con discapacidad.
Centralización y cambios en Discapacidad
Según el decreto, la Agencia Nacional de Discapacidad será reemplazada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, que se incorpora formalmente al organigrama del Ministerio de Salud. A su vez, la cartera sanitaria actuará como continuadora legal de la ANDIS, asumiendo contratos, obligaciones, presupuesto, bienes y personal, garantizando -según el texto- la continuidad de las prestaciones.
El Ejecutivo justificó la medida en los resultados del informe final de la intervención dispuesta en agosto de 2025, que detectó graves irregularidades administrativas, financieras y de control, además de un sistema tecnológico fragmentado, falencias en la trazabilidad de datos y problemas en la gestión de pensiones, prestaciones médicas y contrataciones, especialmente en insumos y dispositivos de alta complejidad.
De acuerdo con los considerandos, esas deficiencias ponían en riesgo el acceso efectivo de las personas con discapacidad a servicios esenciales, lo que configuró -según el Gobierno- una situación de necesidad y urgencia que impedía avanzar por la vía legislativa ordinaria.
Emergencia sanitaria prorrogada
En paralelo, el DNU prorroga hasta fines de 2026 la emergencia sanitaria nacional, originalmente declarada en diciembre de 2023. El decreto sostiene que, de no extenderse ese marco excepcional, existiría un riesgo inmediato para la continuidad de los servicios de salud, el acceso a la atención sanitaria y el funcionamiento de la red asistencial.
La prórroga amplía las herramientas de gestión y decisión del Poder Ejecutivo en el área sanitaria, en un contexto que el Gobierno describe como de restricción fiscal, necesidad de control del gasto y reorganización del Estado.
Más facultades para el Ministerio de Salud
El decreto también amplía las competencias del Ministerio de Salud en materia de precursores químicos, consumo problemático de sustancias y narcotráfico, incorporando funciones de análisis sanitario, toxicológico y epidemiológico, en articulación con el Ministerio de Seguridad Nacional.
Según el texto, el objetivo es fortalecer la prevención, la trazabilidad y la respuesta del sistema de salud frente a riesgos asociados al consumo de sustancias y a la circulación de productos químicos sujetos a control.
Como todo decreto de necesidad y urgencia, la medida será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez y elevar un dictamen para su tratamiento por ambas cámaras.
El DNU 942/2025 rige desde su dictado y forma parte del paquete de reformas institucionales impulsadas por el Ejecutivo en el marco de la emergencia económica, administrativa y sanitaria vigente.
