La inflación desciende, el déficit fiscal se reduce y algunas variables clave de la economía comienzan a ordenarse después de años de inestabilidad. Sin embargo, para amplios sectores de la sociedad, la mejora no se traduce en un alivio cotidiano. El empleo sigue siendo frágil, las privaciones persisten y el malestar económico y emocional continúa marcando la experiencia de millones de hogares.
Enfoque recorre esa distancia entre los indicadores y la vida real. A partir del informe “Nuevo Escenario político-económico: estrés y bienestar en una argentina en transición” del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), propone una mirada integral sobre la etapa de transición que atraviesa el país: una economía que encuentra cierto orden macroeconómico, pero una estructura social debilitada por años de deterioro, desigualdad y pérdida de capacidades.
Aquí se analiza por qué la baja de la pobreza por ingresos no alcanza para explicar el bienestar, cómo persisten la inseguridad alimentaria y las dificultades de acceso a la salud, por qué el empleo formal no acompaña la recuperación y de qué manera el estrés económico y la salud mental se convierten en indicadores centrales del clima social. Más que una foto coyuntural, el objetivo es ofrecer claves para entender los límites de una estabilización que todavía no logra convertirse en desarrollo ni en integración.
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La Argentina que emerge del ajuste
Argentina atraviesa un cambio de época. Tras más de dos décadas de un modelo económico basado en la expansión del consumo interno, el gasto público y un régimen inflacionario persistente, el país ingresó en una fase de transición que combina señales de estabilización macroeconómica con fuertes tensiones sociales aún no resueltas. El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina describen este momento como un proceso de reemplazo de régimen: lo viejo se agotó, pero lo nuevo todavía no logra consolidarse en términos económicos, sociales e institucionales.
El diagnóstico es contundente. El modelo posconvertibilidad, que durante años permitió amortiguar los costos sociales de la inestabilidad, terminó configurando una trampa macroeconómica, productiva y distributiva. El deterioro fiscal, la inflación crónica, la baja inversión privada y el estancamiento del empleo formal erosionaron progresivamente la capacidad del Estado para sostener políticas redistributivas y de desarrollo. Estos desequilibrios estructurales se profundizaron a partir de la crisis de 2018 y alcanzaron su punto más crítico en el ciclo 2023–2024.
Ese escenario abrió paso a un nuevo régimen político-económico de orientación libertaria, centrado en el ajuste fiscal, la liberalización de mercados y la corrección de precios relativos. En su fase inicial, este modelo exhibe logros macroeconómicos relevantes: una reducción marcada de la inflación mensual, el equilibrio fiscal primario por primera vez en más de una década, una mayor previsibilidad cambiaria y señales de recomposición de reservas. Estos avances configuran un piso de estabilidad que ordena el frente fiscal y monetario y reduce la incertidumbre macroeconómica.
Sin embargo, esa estabilización no se traduce automáticamente en mejoras equivalentes en las condiciones de vida. La economía muestra signos de orden, pero el entramado social llega a esta transición profundamente debilitado. La estructura social argentina refleja un largo proceso de fragmentación: allí donde hace tres décadas predominaba una amplia clase media, hoy conviven al menos tres realidades poco articuladas entre sí. Un tercio de la población permanece relativamente integrado; un amplio segmento medio vive en situación de vulnerabilidad; y más del 30% se encuentra atrapado en la pobreza estructural, la informalidad y la precariedad laboral.
Más allá de los ingresos: las privaciones no retroceden
Uno de los aportes centrales del informe es mostrar que la mejora de los ingresos no implica necesariamente una mejora equivalente del bienestar. Las privaciones no monetarias -como la inseguridad alimentaria, el acceso a recursos de salud y la afiliación al sistema de seguridad social- exhiben trayectorias de deterioro de largo plazo que no se revierten con recuperaciones coyunturales.
Desde 2018 se consolidó un nuevo piso estructural de carencias. Aun cuando entre 2024 y 2025 se observa una mejora relativa, esta opera sobre niveles históricamente elevados y deja intactas las brechas entre sectores sociales. Los hogares de menores recursos concentran de manera persistente las privaciones más severas, mientras que los estratos medios muestran una mayor exposición a déficits que antes afectaban casi exclusivamente a los sectores bajos.
Se subraya que el ingreso monetario funciona como un recurso potencial, pero su capacidad de transformarse en bienestar efectivo depende de múltiples factores: la estructura de precios relativos, el peso creciente de los gastos fijos, el acceso a servicios públicos y las redes de protección disponibles. En un contexto de tarifas y servicios más costosos, contar con más ingresos no garantiza, por sí solo, una mejora sustantiva de las condiciones de vida.
La pobreza baja, pero los datos piden cautela
La marcada caída reciente de la pobreza y la indigencia generó expectativas de una recuperación social más acelerada. Sin embargo, un documento metodológico del Observatorio advierte que esa mejora debe interpretarse con prudencia. Parte de la reducción registrada estaría asociada a cambios en la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares, que alteran la comparabilidad con períodos anteriores.
Los ejercicios realizados indican que, si bien hubo una disminución real de la indigencia -vinculada a la desaceleración inflacionaria y al refuerzo de las transferencias monetarias-, la magnitud de la caída de la pobreza por ingresos podría estar sobredimensionada si se la analiza de forma aislada. Otros indicadores del bienestar, como el empleo, el consumo, la capacidad de ahorro y las privaciones materiales, no muestran mejoras de igual intensidad.
Desde esta perspectiva, el informe plantea la necesidad de complementar las mediciones monetarias con indicadores directos de condiciones de vida, evitando lecturas simplificadas de un fenómeno social complejo.
Cuando los números mejoran, pero el estrés persiste
La distancia entre los indicadores oficiales y la experiencia cotidiana de los hogares se expresa con claridad en los niveles de estrés económico. Aun entre sectores que logran ubicarse por encima de la línea de pobreza, persisten dificultades para cubrir gastos básicos, endeudamiento recurrente y una capacidad de ahorro muy limitada.
El estrés económico se mantiene elevado y no se explica únicamente por la insuficiencia de ingresos, sino por la percepción de fragilidad, incertidumbre y falta de margen frente a eventuales shocks. Incluso en la etapa de relativa estabilización, una proporción significativa de hogares continúa sintiendo que sus recursos no alcanzan para sostener un nivel de vida estable.
Este fenómeno atraviesa a toda la estructura social, aunque con mayor intensidad en los estratos bajos y medios vulnerables, y contribuye a explicar por qué la mejora estadística no se traduce en un alivio subjetivo equivalente.
Seguridad social y exclusión: un límite estructural
Otro de los aspectos críticos que revela el informe es la persistencia de altos niveles de exclusión del sistema de seguridad social contributivo. La falta de afiliación se mantiene en valores elevados y estables, incluso en contextos de mejora macroeconómica, lo que sugiere que responde más a rasgos estructurales del mercado de trabajo que a fluctuaciones coyunturales.
Esta exclusión afecta con mayor intensidad a los hogares de nivel socioeconómico bajo y muy bajo, y se extiende también a sectores medios bajos, consolidando trayectorias laborales inestables y una protección social fragmentada. La ausencia de cobertura contributiva limita la capacidad de los hogares para enfrentar contingencias y refuerza la reproducción intergeneracional de la vulnerabilidad.
En conjunto, los datos delinean una Argentina en transición atravesada por una paradoja central: una macroeconomía más ordenada convive con una sociedad tensionada por privaciones persistentes, empleo frágil, estrés económico elevado y una protección social incompleta. El dilema que plantea el Obeservatorio no es solo económico, sino profundamente social y político: transformar la estabilización en un proceso de desarrollo con integración o consolidar un equilibrio de estabilidad nominal sobre una estructura social cada vez más fragmentada.
El nuevo modelo ordena la macro, pero no crea empleo
El ordenamiento de las variables macroeconómicas aparece como uno de los rasgos más visibles del nuevo escenario económico. La baja de la inflación, el equilibrio fiscal y una mayor previsibilidad cambiaria marcan un quiebre con la dinámica de inestabilidad crónica de los últimos años. Sin embargo, el Observatorio de la Deuda Social Argentina advierte que ese orden convive con una restricción estructural que la economía arrastra desde hace más de una década: la dificultad para generar empleo formal y de calidad.
El mercado de trabajo muestra un estancamiento persistente del empleo asalariado registrado privado, acompañado por altos niveles de informalidad y precarización. Esta situación no es nueva ni exclusiva del actual ciclo, pero tampoco ha sido revertida por la estabilización reciente. La recuperación de la actividad económica resulta parcial y concentrada en determinados sectores, sin un efecto expansivo significativo sobre el empleo.
El informe subraya que el desacople entre estabilidad macroeconómica y creación de puestos de trabajo no responde únicamente a la fase inicial del ajuste, sino a la propia configuración del modelo productivo en transición. El nuevo régimen apuesta a sectores altamente competitivos y generadores de divisas —como la energía, la minería y el complejo agroexportador— que muestran potencial de crecimiento, pero una capacidad limitada para absorber grandes volúmenes de mano de obra, especialmente de baja y media calificación. Se trata de actividades intensivas en capital, tecnología o recursos naturales, con baja elasticidad empleo-producto.
En paralelo, los sectores orientados al mercado interno, históricamente más intensivos en empleo, enfrentan un proceso de reordenamiento marcado por la contracción del consumo, la apertura comercial y la retirada de esquemas de protección.
El resultado es una transición inestable, con desplazamientos laborales hacia la informalidad, el autoempleo de subsistencia o la inactividad, sin un flujo equivalente de creación de empleo formal en los sectores dinámicos.
En este contexto, las transferencias sociales cumplen un rol central como amortiguador del deterioro social. Programas de asistencia y transferencias de ingresos resultaron decisivos para contener la indigencia y reducir privaciones extremas, especialmente tras el impacto de la crisis de 2023. Sin embargo, los informes advierten que estas políticas, aun siendo indispensables, no logran recomponer la base laboral del desarrollo ni reemplazar la función integradora del empleo formal.
La paradoja es clara: las transferencias permiten evitar un colapso social, pero al mismo tiempo evidencian el límite estructural de un modelo que no logra generar suficientes oportunidades de inserción laboral. La reducción de la indigencia convive con salarios reales deteriorados, jubilaciones mínimas en niveles históricamente bajos y trayectorias laborales marcadas por la inestabilidad. Sin empleo formal, la asistencia estatal tiende a consolidarse como un piso de subsistencia más que como un puente hacia la movilidad social.
El principal interrogante que deja abierta la estabilización no es, entonces, exclusivamente macroeconómico. Si el orden fiscal y monetario se consolida sin una estrategia de inversión productiva capaz de expandir el empleo, el riesgo es avanzar hacia un nuevo equilibrio caracterizado por estabilidad nominal, bajo dinamismo laboral y desigualdad persistente. En ese escenario, la economía puede ordenarse, pero la fragmentación social corre el riesgo de profundizarse, limitando las posibilidades de integración y desarrollo a largo plazo.
Menos pobreza, más privaciones: la paradoja del alivio social
La mejora reciente de algunos indicadores sociales convive con una realidad más compleja y persistente. Aunque en 2025 se observa una reducción de la pobreza por ingresos y una recuperación parcial tras el fuerte deterioro de 2023 y comienzos de 2024, los datos sobre privaciones estructurales muestran que amplios sectores de la población continúan enfrentando dificultades para garantizar condiciones básicas de vida. La inseguridad alimentaria, el acceso a la salud y la cobertura de la seguridad social siguen ubicándose en niveles históricamente elevados.
La inseguridad alimentaria total registra en 2025 una baja respecto de los picos alcanzados durante la crisis, impulsada por la recomposición parcial de los ingresos reales, la desaceleración de los precios de los alimentos y el refuerzo de las transferencias dirigidas a hogares vulnerables. Sin embargo, los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina advierten que esta mejora es incompleta. Casi uno de cada cinco hogares urbanos continúa afectado, y la inseguridad alimentaria severa mantiene un núcleo persistente concentrado en los sectores de menor nivel socioeconómico.
El análisis de largo plazo muestra que estas privaciones no son un fenómeno coyuntural. Tras más de una década de deterioro, los niveles actuales siguen muy por encima de los registrados a comienzos del período, incluso de años que ya eran considerados críticos. En los momentos más agudos del ciclo reciente, los hogares de nivel socioeconómico muy bajo llegaron a superar el 50% de inseguridad alimentaria, una marca que revela la profundidad del daño social acumulado.
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el empeoramiento relativo de los hogares sin niños, un dato que rompe con la idea de que la vulnerabilidad se concentra exclusivamente en familias con menores a cargo. Esta tendencia aparece asociada, principalmente, a la pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones, que dejó a muchos adultos mayores expuestos a mayores dificultades para cubrir gastos básicos, en particular los vinculados a la alimentación y la salud. La recuperación de ingresos no ha sido homogénea, y ciertos grupos quedan más expuestos frente a shocks inflacionarios o ajustes en los sistemas de protección.
En paralelo, el acceso a recursos básicos de salud muestra en 2025 una leve mejora respecto del año anterior, pero dentro de una tendencia de deterioro que se arrastra desde 2018. Persisten barreras económicas para acceder a atención médica, odontológica y a medicamentos, especialmente entre los hogares de estratos bajos y muy bajos. La mejora reciente no alcanza para revertir el déficit acumulado ni para garantizar un acceso equitativo a servicios esenciales.
Estas privaciones no aparecen de manera aislada. Por el contrario, conforman un entramado que condiciona de forma directa las oportunidades de bienestar. El informe subraya que el ingreso monetario funciona apenas como un potencial: contar con más recursos no garantiza, por sí solo, la posibilidad de transformarlos en una alimentación adecuada, atención de la salud o estabilidad material. Cambios en la estructura de precios relativos, mayores costos de servicios y restricciones de acceso explican buena parte de la brecha entre la mejora estadística de la pobreza y la experiencia cotidiana de los hogares.
En ese sentido, la reducción reciente de la pobreza por ingresos debe interpretarse con cautela. Si bien refleja un alivio respecto del peor momento de la crisis, no implica necesariamente una recomposición equivalente de las condiciones de vida ni de las capacidades reales de los hogares para sostener su bienestar. La persistencia de privaciones estructurales revela que la recuperación social es frágil y desigual, y que el alivio de corto plazo convive con déficits de largo plazo que siguen marcando el día a día de millones de personas.
La otra deuda del ajuste: ansiedad, depresión y estrés
La estabilización de las principales variables macroeconómicas no alcanza para disipar el malestar que atraviesa a la sociedad. Los indicadores de bienestar subjetivo y salud mental muestran que, aun en un contexto de menor inflación y mayor previsibilidad económica, persisten altos niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos, especialmente entre los sectores más vulnerables. Así lo advierten los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que incorporan la salud mental como una dimensión central del diagnóstico social.
El malestar psicológico en la población adulta urbana registró un aumento sostenido entre 2022 y 2024, con un pico en el último año, en pleno escenario de crisis económica e incertidumbre institucional. En 2025 se observa una leve mejora, asociada a ciertos signos de estabilización, pero los niveles siguen siendo elevados y no retornan a los valores previos al período crítico. La recuperación emocional, al igual que la social, aparece como parcial y desigual.
Las brechas sociales se mantienen con fuerza. Los sectores de menor nivel socioeconómico presentan prevalencias de sintomatología ansiosa y depresiva que duplican a las de los estratos medios, con una mayor persistencia del malestar a lo largo del tiempo. Incluso cuando algunos indicadores económicos mejoran, los síntomas tienden a cronificarse en los grupos más expuestos a condiciones estructurales adversas, como la informalidad laboral, la inestabilidad de ingresos y la falta de acceso a redes de protección.
El estrés económico emerge como un factor clave para comprender este fenómeno. La percepción de desajuste entre ingresos y gastos, el endeudamiento, la inseguridad laboral y las dificultades para cubrir necesidades básicas generan un clima de tensión que no se limita a los hogares bajo la línea de pobreza. El malestar se extiende también a sectores que, aun sin caer en privaciones extremas, viven la incertidumbre cotidiana como una amenaza persistente.
Mujeres, jóvenes, adultos mayores y trabajadores informales figuran entre los grupos más afectados. En estos sectores, la acumulación de tensiones económicas y sociales se traduce en una mayor exposición a síntomas de ansiedad, depresión y agotamiento emocional. La falta de acceso oportuno a servicios de salud mental profundiza estas desigualdades y limita las posibilidades de afrontamiento, incluso en escenarios de recuperación macroeconómica.
Los informes subrayan que el malestar psicológico no puede interpretarse como un fenómeno individual o aislado. Por el contrario, funciona como un indicador sensible de los efectos acumulativos de las condiciones estructurales de vida. La estabilización económica, si no se acompaña de mejoras sostenidas en el empleo, los ingresos y el acceso a derechos básicos, tiende a convivir con una fragilidad emocional persistente.
En ese sentido, la salud mental aparece como una de las deudas sociales más profundas del actual proceso de transición. La reducción de la inflación y el ordenamiento fiscal pueden aliviar algunas tensiones, pero no alcanzan por sí solos para recomponer el bienestar subjetivo. Sin políticas integrales que aborden las raíces sociales del estrés y amplíen las oportunidades de integración, el riesgo es consolidar una sociedad formalmente más estable, pero emocionalmente agotada.
