El debate por el Presupuesto Nacional 2026 sumó este miércoles una nueva y fuerte advertencia desde el sector universitario. El secretario de Organización de CONADU Histórica, Antonio Roselló, afirmó que la inclusión del artículo 75, que deroga el financiamiento universitario y las leyes de emergencia en discapacidad, constituye una “maniobra artera” del Gobierno nacional y advirtió que está en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026 en universidades de todo el país.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Roselló sostuvo que la decisión se enmarca en una estrategia política que recuerda a prácticas de décadas anteriores. “Esto es lo que en los 90 se llamó burocratización, lo que en el gobierno de la Alianza se llamó la Banelco”, afirmó, al cuestionar el accionar legislativo que permitió incorporar la derogación de leyes sensibles dentro del proyecto presupuestario.
El dirigente gremial apuntó directamente contra gobernadores y diputados nacionales, a quienes acusó de “vender sus votos”. En ese sentido, señaló que en noviembre se repartieron cero pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y que luego algunos mandatarios provinciales accedieron a fondos que calificó como “miserables” en concepto de coparticipación y obras públicas. Según planteó, esto derivó en que legisladores actuaran como “rehenes de los gobernadores y de la miseria que imponen el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional”, en lugar de representar los intereses del pueblo.
Roselló remarcó que el artículo 75 del proyecto no solo avanza sobre el financiamiento universitario, sino que también deroga las leyes de emergencia en discapacidad, aun cuando existe una investigación en el Congreso por hechos de corrupción en el área. “En todas las provincias hay universidades y en toda la nación hay personas con discapacidad”, subrayó.
En su argumentación, el dirigente fue enfático al afirmar que el problema no es la falta de recursos, sino una decisión política. Detalló que el costo de las leyes derogadas -incluida la del Hospital Garrahan- es inferior a los beneficios otorgados recientemente a las patronales en el marco de la reforma laboral. En particular, mencionó el 3% de las contribuciones patronales, que -según indicó- se dejó de destinar al sistema previsional. “Es más lo que se les regaló a las patronales para despedir trabajadores que lo que cuestan estas leyes”, sostuvo.
En ese marco, confirmó que la CONADU Histórica decretó para este jueves un paro y movilización nacional, con protestas previstas en todas las plazas del país, en rechazo tanto a la reforma laboral como al presupuesto que -según afirmó- atentan contra la educación pública, la salud y la obra pública.
Roselló también cuestionó el discurso oficial que responsabiliza a intendentes por el aumento de tasas municipales, y lo vinculó con la desfinanciación deliberada de los municipios, producto de la reducción de impuestos coparticipables como las retenciones a los grandes grupos cerealeros. “Después los acusan de no poder hacer un cordón cuneta frente a las inundaciones”, ironizó.
El dirigente fue más allá y aseguró que el ajuste se sostiene sobre una mentira fácilmente demostrable con números, y que incluso sectores empresariales comienzan a advertir sus límites. Como ejemplo, citó a Marcos Galperín, a quien describió como un referente del libre mercado, pero que -según Roselló- reconoció necesitar protección para competir con productos chinos. “Hasta los propios magnates que apoyan a este gobierno dicen que así no se puede seguir”, afirmó.
En uno de los tramos más duros de la entrevista, Roselló llamó a una “gran rebelión nacional del pueblo trabajador”, y denunció que los despidos se financian con recursos que deberían destinarse a jubilaciones mínimas de 342.000 pesos. “No podemos destruir la educación pública ni abandonar a las personas con discapacidad. Esto es una vergüenza”, enfatizó.
Consultado sobre las consecuencias concretas del conflicto, el dirigente confirmó que ya se resolvió no iniciar el ciclo lectivo 2026 en varias universidades si no se garantiza el financiamiento. Mencionó consultas realizadas en Bahía Blanca, la Universidad de Buenos Aires y otras casas de estudio, donde los cuerpos orgánicos ya tomaron esa decisión.
Además, alertó que el Gobierno adeuda actualmente el 45,90% del financiamiento universitario, correspondiente a una ley que sigue vigente, más allá de cualquier intento de derogación futura. “Hoy nos deben ese dinero”, insistió, al tiempo que cuestionó la posibilidad de aplicar leyes de manera retroactiva.
Roselló recordó también que la norma fue aprobada dos veces por el Congreso, vetada en dos oportunidades y nuevamente ratificada, antes de que se intentara su eliminación a través de una ley ómnibus. “Es una maniobra chapucera, de bajo nivel y rastrera”, calificó.
Al cerrar la entrevista, sostuvo que la situación “ya es una burla que el pueblo argentino no puede tolerar”, y afirmó que el retroceso en materia educativa supera incluso el período previo a la Ley 1420, remontándose a más de 130 años de historia.
