El pasado 18 de noviembre se publicó el decreto 812/2025 que vació por completo las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sobre la materia prima.
Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger -quien estuvo detrás de la desregulación total del sector- festejaba, en Misiones se alzaron las voces al unísono de los productores en rechazo de la medida nacional que apunta al “libre mercado”.
Hace un par de días, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de ley en Cámara de Diputados para que se derogue dicho decreto firmado por el presidente Milei y se restituyan las facultades del Instituto.
En este marco, quien también puso en debate la decisión de Nación sobre la competencia del directorio del INYM en los precios mínimos de la yerba, fue la diputada Victoria Tolosa Paz, quien impulsó un proyecto de resolución donde rechaza el decreto 812, y se tomen medidas. El proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Agricultura y Ganadería.

“Destruyen a quienes sostienen el 75% de la producción nacional”
Semanas atrás, la legisladora de UxP se expresó en redes sociales, apuntó contra Sturzenegger y se encolumnó detrás del reclamos de las familias yerbateras.
“La desregulación del precio de la yerba mate es una decisión que desconoce —o elige desconocer— la realidad de miles de familias productoras de hoja verde y la yerba canchada. Sturzenegger no entiende el trabajo que realizan los pequeños productores ni la correlación de fuerzas que existe en la actividad: dos grandes monopolios no pueden seguir imponiendo precios que destruyen a quienes sostienen el 75% de la producción nacional”, expuso Tolosa Paz.
Recordó que pudo recorrer Misiones y Corrientes donde pudo ver la realidad de los productores y la afectación de la desregulación: “son personas con un terreno acotado que trabajan la tierra horas y horas para vivir una vida digna. A ese tipo de gente le están dando la espalda”, dijo.
A su vez, hizo hincapié en los precios de referencia, que fijan los primeros eslabones de la cadena yerbatera y que “no son los de góndola”: “hoy 13.500 productores están cobrando entre 180 y 250 pesos por kilo, lo mismo que en noviembre de 2023. Están obligados a vender a la mitad de su costo, condenados a endeudarse o abandonar una actividad esencial para Misiones y Corrientes”, explicó.
Y por último, recordó -como lo hicieron la mayoría de los productores yerbateros- que este proceso desregulatorio ya se vivió en los 90, con consecuencias catastróficas para el sector: caída de la producción, expulsión de las familias de las chacras y el monopolio en manos de los dos gigantes industriales de la provincia de Corrientes. “Desregular no es modernizar: es dejar a los más débiles a merced de los más poderosos. Y eso, desde una mirada federal y justa, no lo podemos permitir”, cerró la diputada bonaerense.













