La red vial argentina se encuentra al borde del colapso. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePVN) encendió las alarmas al asegurar que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales -lo que equivale a unos 30.000 de los 40.000 kilómetros totales– atraviesa una condición de mantenimiento que va “entre regular y malo”. Esta situación compromete de forma grave la seguridad y la transitabilidad en todo el país.
El secretario gremial de la entidad, Fabián Catanzaro, fue categórico al expresar una “profunda preocupación” por el estado de “parálisis y vaciamiento” que sufre el organismo a raíz de la política gubernamental de “obra pública cero”.
Puntos clave de la denuncia
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Emergencia de Infraestructura: Catanzaro confirmó que la infraestructura vial está en una “emergencia” que va más allá de las rutas, impactando directamente en el salario y las condiciones laborales del personal.
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Crítica al Modelo de Concesiones: El gremio se mostró “bastante crítico” del nuevo sistema de concesiones impulsado por el gobierno para privatizar rutas. El sindicato cuestiona que las empresas, si bien fueron licitadas como inversión privada, obtienen “financiamiento subvencionado del Estado” a través del Banco BICE con una tasa preferencial del 2%, lo que reduce su riesgo empresarial.
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Poco Compromiso de Inversión: Bajo estas condiciones subsidiadas, el secretario gremial pronosticó que las empresas adjudicatarias (mencionando las de la Ruta 12 y 14) “no realizarán más que salir a bachear o a hacer dos repavimentaciones en 20 años”, lo que a su juicio no ayudará a mejorar las condiciones generales de la infraestructura.
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Pérdida de Personal Calificado: Se denunció que el congelamiento salarial total por un año y un protocolo disciplinario provocaron un efecto “expulsivo” que resultó en la baja de casi el 20% del personal, perdiéndose así a los “recursos más calificados” del organismo.
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Costo Futuro Millonario: El representante gremial advirtió sobre el riesgo financiero a futuro que implica el abandono del mantenimiento: “Cuando no se mantiene esa inversión, luego para rehabilitar lo mismo te sale entre tres y cinco veces más caro.”
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Rutas críticas identificadas: Si bien la problemática es generalizada, el gremialista identificó como zonas de emergencia a la ruta 151 en La Pampa, la ruta 3 al sur de Bahía Blanca, la 23, la 9 y la 34 en el NOA, y la 7 y la 8 al salir del conurbano bonaerense.
Finalmente, Catanzaro sostuvo además que la decisión de paralizar la actividad es un ataque a un “organismo espejo” que tiene la capacidad de demostrar que la obra pública puede ejecutarse a costos más bajos, evitando procesos de subcontratación e inflación. De hecho, confirmó que existe “bastante contacto con gobernadores, con intendentes” que reclaman la finalización de las obras paralizadas y la necesidad de restaurar la transitabilidad, lo que ha generado una gran cantidad de amparos legales en distintos puntos del país.
Fuente: Agencia de Noticias NA
