La profunda crisis económica que atraviesa el país golpea de lleno las finanzas de las provincias y, con mayor crudeza, a los municipios. La caída del consumo, la retracción de la actividad comercial, la suba de costos y la desaceleración de la coparticipación generan un combo que obliga a los intendentes a ajustar sus estrategias de recaudación.
En Misiones, donde la inflación acumulada del año superó largamente las estimaciones iniciales y los ingresos reales de los gobiernos locales se achican mes a mes, varios jefes comunales comenzaron a desplegar medidas para sostener el funcionamiento básico de sus administraciones.
En ese marco, hay municipalidades que encaran desde moratorias más agresivas hasta la creación de nuevos tributos.
Advertencia
La Municipalidad de Comandante Andresito encendió el alerta esta semana con un comunicado oficial que sorprendió a muchos vecinos.
Allí informa que todos los contribuyentes con deudas en tasas municipales o en contribución por mejoras deberán regularizar su situación antes del 31 de diciembre. Quienes no lo hagan, advierte el intendente Bruno Roberto Beck, enfrentarán cobros por vía judicial, de acuerdo con lo establecido por el Código Fiscal Municipal.
En el documento -emitido bajo sello y firma del Ejecutivo local- el municipio señala que en los últimos meses se implementaron diversas moratorias y planes de pago, pero aun así persiste un número significativo de contribuyentes en mora. Ese escenario, afirman, dificulta el cumplimiento de las obligaciones administrativas y financieras ante organismos provinciales de control.
“El objetivo es lograr el cumplimiento de la legislación vigente”, sostiene el comunicado, al tiempo que insta a los vecinos a verificar su situación para evitar mayores gastos asociados al juicio de apremio.
Tasa de 5% a las apps
Mientras Andresito opta por el camino judicial, Garupá avanzó en otra dirección: crear un nuevo gravamen. A partir del 1 de enero de 2026, el municipio aplicará una contribución del 5% sobre cada viaje realizado mediante aplicaciones como Uber, Cabify u otras plataformas de transporte privado.
La medida, aprobada por el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 723/2025 y promulgada por el intendente Luis “Lucho” Ripoll, establece por primera vez un marco regulatorio municipal para este tipo de servicios digitales.
La ordenanza fija obligaciones para empresas y choferes, desde habilitaciones y registros locales hasta topes de antigüedad vehicular, certificados de buena conducta y un sistema de tarifas bajo supervisión municipal.
Pero el punto más controvertido es el artículo 13, que fija la contribución económica obligatoria. Los choferes alertan que la medida encarecerá los costos y reducirá su margen de ganancia, mientras usuarios temen que el tributo termine trasladándose al precio final del viaje.
Las plataformas, por ahora, no se pronunciaron, aunque experiencias similares en otras provincias generaron tensiones y advertencias sobre pérdida de competitividad.
Con este nuevo esquema, Garupá se convierte en uno de los primeros municipios del país en cobrar una tasa directa por viaje realizado mediante aplicaciones de transporte.
En las redes, cientos de vecinos lanzaron duros cuestionamientos contra el intendente Ripoll por el desastroso estado de las calles, la falta de mantenimiento y la carencia de iluminación y servicios de recolección.
La macroeconomía
El combo de medidas muestra un patrón común: ante la caída de recursos propios y la necesidad de sostener servicios esenciales, los municipios empiezan a endurecer controles, exigir regularización o crear nuevos tributos.
Una tendencia que podría extenderse a otras comunas si la situación económica no mejora en los próximos meses.
Hay casos similares en otras provincias que demuestran la situación: en Santa Cruz se anunció que el sueldo de diciembre se desdobla. En Corrientes, hace algunos meses, el Gobierno tomó un crédito para pagar sueldos.
