El Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso un nuevo proyecto de reforma laboral. Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no se eliminarán derechos como la indemnización por despido sin causa, aunque sí se introducirán cambios “para consolidar los derechos reales y corregir las distorsiones del sistema jurídico”.
Sin embargo, abogados laboralistas y sindicatos ven en la iniciativa una nueva avanzada flexibilizadora, similar a las intentadas sin éxito en décadas anteriores.
Cordero sostuvo que la reforma “no provocará precarización laboral ni más despidos”, sino que “permitirá que las personas accedan a un empleo digno y formal”. También explicó que el proyecto está siendo discutido con representantes empresariales y gremiales, y que se evalúa un mecanismo alternativo al actual sistema de indemnizaciones, inspirado en el fondo de cese laboral de la construcción.
En ese esquema, las empresas realizarían aportes mensuales a un fondo que serviría para compensar a los trabajadores despedidos, reemplazando así la obligación de pagar una indemnización individual.
“El problema excede lo jurídico”.
El abogado Fernando Álvarez, especialista en derecho laboral, analizó para PRIMERA EDICIÓN las implicancias del proyecto oficial. En su opinión, la reforma vuelve a repetir errores estructurales: “En Argentina, más del 43% de los trabajadores continúa en la informalidad. El Ejecutivo vuelve a señalar a la rigidez normativa y a los costos laborales como principales responsables, pero el problema excede lo jurídico”.
Según explicó, las causas de la informalidad son económicas y estructurales: baja productividad, evasión empresaria, presión fiscal y falta de control estatal. En provincias como Misiones, donde predominan micro y pequeñas empresas, “flexibilizar normas sin acompañar con incentivos reales o asistencia técnica solo profundiza la fragilidad laboral”.
Recordó, además, que recientemente el Gobernador pidió mantener el Decreto 514/2021, que permite compatibilizar el trabajo rural temporario en blanco con el cobro de planes sociales, como ejemplo de política laboral inclusiva.
“Un cambio sin resultados”
Álvarez, asesor de la CGT, señaló que el nuevo proyecto “retoma la idea del fondo de cese laboral, similar al de la industria de la construcción”. Desde la técnica jurídica, advirtió, “esto constituye un cambio de paradigma: sustituye una reparación legal -de carácter individual y sancionatorio- por un sistema financiero que diluye responsabilidades”.
A su juicio, “la reforma laboral de 2023 ya había intentado mecanismos equivalentes, sin resultados notorios en la generación de empleo formal. Al contrario, derivó en litigiosidad permanente por falta de claridad”.
Para el especialista, reducir la indemnización puede bajar costos en el corto plazo, pero “no crea estabilidad ni previsibilidad si no se corrigen los factores macroeconómicos que desalientan la contratación”.
“Reforma con fin electoral”
“Resulta preocupante que una reforma estructural del trabajo se impulse en vísperas de elecciones legislativas”, sostuvo Álvarez.
“Una legislación laboral no puede diseñarse con fines electorales ni bajo la lógica del ‘anuncio rápido’. La experiencia muestra que reformas apresuradas, redactadas sin consenso ni transición, terminan judicializadas y sin aplicación práctica”.
El abogado remarcó que una política laboral seria debe basarse en diagnóstico técnico, participación sindical y previsión económica, “no en la urgencia política”.
“El mito industria del juicio”
Otro de los argumentos del Gobierno es la necesidad de combatir la llamada “industria del juicio”. Álvarez desestimó esa afirmación: “El discurso oficial vuelve a señalar la supuesta ‘industria del juicio’ como causa de rigidez. No hay evidencia que la sustente. Según el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, las sentencias laborales representan apenas 0,5 % anual de la población ocupada en el AMBA”.
“Los juicios laborales son consecuencia de despidos injustificados e incumplimientos, no una industria en sí misma”, añadió. “Deslegitimar el ejercicio del derecho de defensa solo desvía la discusión de las causas reales: informalidad, baja productividad y ausencia de políticas de empleo sostenidas”.
Inteligencia artificial
El especialista advirtió que mientras el Gobierno discute reformas sobre despidos e indemnizaciones, “la inteligencia artificial ya redefine tareas, competencias y profesiones, pero ningún partido político la menciona en su agenda laboral”.
“Una verdadera reforma debería anticipar estos cambios y proteger la capacitación, no solo reducir costos. Ignorarla implica diseñar leyes laborales para un mundo que ya dejó de existir”, concluyó.
En su cierre, Álvarez sintetizó su visión crítica: “Ninguna reforma laboral impuesta desde la coyuntura electoral ha logrado resultados duraderos. Flexibilizar sin planificación ni control agrava la inestabilidad y multiplica los litigios. El desafío no es simplificar el despido, sino reconstruir confianza, formalizar empleo y adaptar el sistema laboral a las nuevas realidades tecnológicas y productivas. El trabajo no puede ser rehén de la política de corto plazo. Reformar por campaña es repetir los errores que nos mantienen en la misma crisis”.
Esquemas sin eficacia
“Una verdadera reforma debería anticipar los cambios del mundo laboral y proteger la capacitación de los trabajadores, no limitarse a reducir costos ni a repetir viejos esquemas que ya demostraron su ineficacia.”, sostienen.
