La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió sobre las graves consecuencias que provocará la falta de prórroga del decreto que permitía compatibilizar los planes sociales con el trabajo en blanco en las economías regionales. El subdelegado del gremio en Misiones, Carmelo Rojas, expresó que el vencimiento de la norma genera incertidumbre en los trabajadores y podría profundizar la informalidad en sectores claves de la provincia.
En declaraciones a FM de las Misiones, Rojas aseguró que “se ha caído” la medida porque “no salió ningún decreto o norma que diga que se prorroga”. Consideró que la situación es “preocupante por varios motivos”, entre ellos el temor de los trabajadores a perder los beneficios sociales que complementaban los ingresos durante las tareas temporales. Explicó que al correr riesgo esas ayudas, muchos prefieren evitar el registro laboral, lo que implica un retroceso en materia de derechos y formalización.
El dirigente sostuvo que la compatibilización había permitido reducir la informalidad y ordenar la contratación en actividades agrícolas, forestales y citrícolas. Sin esa herramienta, advirtió que los empleadores también resultan afectados, ya que quedan expuestos al contratar personal no registrado. “Es un daño tremendo si no se prorroga esto tanto para los trabajadores como para los empleadores”, señaló al remarcar que el decreto fue clave para sostener las pequeñas economías regionales que son las principales generadoras de empleo en la provincia.
Rojas recordó que desde julio el gremio nacional viene solicitando formalmente la continuidad del régimen, con tiempo suficiente para que el Gobierno analizara la situación. Sin embargo, el pedido no fue atendido. El sindicalista indicó que “lamentablemente nos encontramos con esto” y adelantó que UATRE seguirá insistiendo ante la Nación, así como también ante las autoridades provinciales para que gestionen la prórroga.
El referente gremial destacó que el impacto será mayor en la cosecha de yerba mate, la actividad que más mano de obra ocupa en Misiones. “Siempre en la yerba mate, que es la de mayor volumen, se va a sentir con más fuerza”, apuntó. Mencionó además que otras tareas como el citrus, el tabaco y la forestal también sufrirán las consecuencias si el decreto no se renueva. Subrayó que el escenario actual desalienta la registración y podría acelerar la migración de trabajadores hacia otras provincias.
Según el dirigente, la pérdida de beneficios como la Tarjeta Alimentar o las asignaciones familiares empuja a muchas familias a aceptar empleo informal para no quedarse sin ingresos adicionales. En ese contexto, afirmó que “los perjuicios son enormes” y remarcó que el Gobierno nacional “interesa muy poco por las economías regionales y los trabajadores en general”. Por eso insistió en que se debe actuar rápido para evitar un daño mayor en la producción y en los ingresos rurales.
Salarios
Rojas también se refirió a la situación salarial de los peones rurales, señalando que el panorama de las paritarias es cada vez más complicado. Explicó que desde 2024 las negociaciones vienen con “un techo por debajo de los valores inflacionarios”, lo que provoca una pérdida constante del poder adquisitivo. En ese sentido, sostuvo que las políticas del Gobierno “son de empobrecimiento” porque someten a los trabajadores a un ingreso que no cubre las necesidades básicas.
El subdelegado pidió sensibilidad tanto al Ejecutivo como a los empleadores del agro misionero. Reclamó que los empresarios “se desprendan un poco y distribuyan mejor” los ingresos, ya que durante los años de buenos precios no trasladaron las ganancias a los asalariados. Cuestionó que ahora, ante las dificultades económicas, se mantenga esa desigualdad. “No es concebible que el sector empleador utilice la espalda de los trabajadores como variable de ajuste”, manifestó.
Según detalló, los salarios rurales están un treinta por ciento por debajo del nivel que deberían tener si hubiesen acompañado la inflación. Consideró que un peón debería percibir “como mínimo un millón de pesos” para recuperar lo perdido, aunque aclaró que el sistema de negociación impide retrotraer los acuerdos cuando los expedientes se demoran. Esa traba, sostuvo, beneficia a los empleadores, que conocen las limitaciones del proceso y aprovechan el retraso para pagar menos.
Rojas subrayó que la brecha salarial se agrava porque las paritarias del sector yerbatero, citrícola y forestal apenas ofrecen “entre seis y siete mil pesos mensuales”, lo que calificó como irrisorio. “Sabemos que eso no alcanza ni para un kilo de carne”, ironizó. Aseguró que esas sumas reflejan la falta de voluntad del empresariado para mejorar la calidad de vida de los peones, quienes están “en la mitad de la canasta básica y llegando a la línea de pobreza”.
