La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó la presentación de la anunciada acción de amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Posadas, con el objetivo de obligar a PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a unos 100.000 jubilados y pensionados de Misiones. La demanda se destaca por ser la primera de carácter colectivo que se interpone en el país por esta problemática, ya que las anteriores habían sido de índole individual.
El recurso legal ataca directamente las restricciones y trabas aplicadas por la obra social en 2024 al programa “Mejor Vivir”, el cual permitía a los afiliados el acceso gratuito a un mínimo de cinco medicamentos. Según explicaron desde el gremio, dichas modificaciones impidieron que la mayoría de los jubilados pudieran seguir accediendo a la cobertura del 100%.

El doctor Adrián Benítez, abogado patrocinante de ATE, detalló que la estrategia legal tiene un doble componente. Por un lado, la acción de amparo principal que busca una solución definitiva. Por otro, y de manera crucial, se solicitó una medida cautelar “precautoria” de efecto inmediato. Esta medida busca que el juez, de forma preventiva, deje sin efecto la normativa actual de PAMI mientras se resuelve la cuestión de fondo, argumentando que existe una clara violación de derechos y un peligro en la demora.
De prosperar esta cautelar, su efecto sería inmediato y alcanzaría a todos los jubilados y pensionados de la provincia, ordenando a la obra social retrotraer las condiciones al estado anterior a las restricciones. Esto significaría que los afiliados volverían a tener acceso a sus medicamentos y prestaciones médicas completas, sin los “requisitos absurdos” que impuso el organismo, hasta que se dicte una sentencia definitiva en el amparo.
Benítez confirmó que existen antecedentes de fallos favorables a amparos individuales en otras jurisdicciones como Mendoza, Tucumán y Bahía Blanca. Si bien en esos casos PAMI apeló las resoluciones de primera instancia, el letrado destacó que en Mendoza la Justicia llegó a aplicar multas a la obra social por desobediencia al cumplimiento de una medida. Aunque se mostró cauto, expresó su confianza en la Justicia federal de Misiones para actuar en favor del derecho de los jubilados.
La decisión de optar por una demanda colectiva, en lugar de miles de presentaciones individuales, se fundamenta en la notoriedad y el alcance público del problema. El abogado explicó que, al igual que ocurrió en casos de reclamos contra planes de ahorro de automotores, una medida de alcance general (erga omnes) es suficiente cuando el perjuicio afecta a un universo tan grande de personas. Para sustentar el reclamo, se adjuntaron a la demanda varios “casos testigos” que reflejan la realidad que vive la totalidad de los afectados en la provincia.




