La distribución de los recursos coparticipables en Argentina vuelve a poner sobre la mesa una discusión pendiente desde hace más de tres décadas: ¿qué provincias se benefician y cuáles quedan relegadas en el reparto secundario de fondos nacionales?
Según el informe “32 años de coparticipación en Argentina” elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los últimos diez años evidencian con claridad una dinámica de ganadores y perdedores.
En ese juego de suma cero, Misiones aparece entre las jurisdicciones que más retrocedieron. Su coeficiente secundario efectivo pasó de 3,44% en 2015 a 3,20% en 2024, lo que significa una caída de 0,24 puntos porcentuales, equivalente a una pérdida del 6,88% de participación relativa en el reparto nacional.
El retroceso coloca a la provincia dentro del grupo más afectado, junto con Chubut, Neuquén y Salta, todas con pérdidas de entre 6% y 7%. Por contraste, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fueron las únicas que lograron mejoras en la última década.
Ganadores y perdedores
De acuerdo al estudio, Buenos Aires incrementó su participación del 18,67% en 2015 al 22,23% en 2024, una mejora de 3,56 puntos porcentuales (+19%). En paralelo, CABA creció del 1,92% al 2,20%, lo que representa un aumento del 14,5%.
Estas dos jurisdicciones lograron avances a costa de las demás provincias, que vieron reducida su porción en el reparto.
Incluso en los casos en que las caídas fueron leves -como La Pampa, Catamarca o Entre Ríos, con descensos menores al 1%- la tendencia general marcó un deterioro de la participación relativa.
En el otro extremo, además de Misiones, destacan las caídas de Salta (-7,01%), Neuquén (-6,85%) y Chubut (-6,48%). También sufrieron retrocesos significativos Córdoba, Jujuy, Santa Fe, Río Negro y Mendoza, aunque en un rango menor.
Las causas del desequilibrio
El informe del IARAF explica que la mejora de Buenos Aires y CABA estuvo asociada a dos factores principales:
Consenso Fiscal 2017, que estableció compensaciones a la provincia de Buenos Aires tras años de reclamos por el Fondo del Conurbano Bonaerense.
Decisión política de elevar el coeficiente de CABA, primero en 2016 con el Decreto 194 que llevó su participación al 3,75%, y luego en 2024 con la aplicación de la cautelar de la Corte Suprema que fijó un 2,95% de la masa coparticipable para la Ciudad.
Estos movimientos implicaron que el resto de las provincias viera reducida su participación. Como la coparticipación es un esquema de suma cero, lo que gana una jurisdicción lo pierde otra, los beneficios extraordinarios otorgados a Buenos Aires y CABA se tradujeron en perjuicios para provincias como Misiones.
Impacto en la provincia
La pérdida de participación relativa significa que, aun cuando el volumen total de la coparticipación aumentó en términos absolutos, Misiones recibe menos que antes en comparación con otras jurisdicciones. En la práctica, la provincia vio reducida su capacidad de financiamiento en un contexto de crecientes demandas sociales y de inversión en infraestructura.
El dato resulta particularmente relevante si se considera que Misiones integra el grupo de provincias de bajos ingresos y alta densidad poblacional. Es decir, necesita más recursos para sostener servicios básicos y atender a una población en crecimiento. Sin embargo, la dinámica de la última década profundizó las asimetrías frente a distritos de mayor peso político y económico.
Una discusión pendiente
El informe concluye que los cambios de la última década reabren la necesidad de debatir una nueva Ley de Coparticipación, pendiente desde la reforma constitucional de 1994. La Corte Suprema, con su intervención en el caso de CABA, aceleró esta discusión, aunque el debate excede lo jurídico: implica redefinir el equilibrio entre ingresos y responsabilidades de gasto en cada jurisdicción.
Para Misiones, el reclamo no es menor. Con un coeficiente que se achica en términos relativos, la provincia enfrenta el desafío de sostener programas sociales, salud, educación y obras públicas con menos recursos per cápita que otros distritos. Un esquema de reparto que, según los analistas, tiende a consolidar desigualdades en lugar de corregirlas.
