Desde el inicio de las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y hasta julio, se dieron de baja 5.000 pensiones no contributivas en Misiones, según datos suministrados por la propia agencia, pero, según estimó la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, serían alrededor de 10.000 las pensiones suspendidas en la provincia porque esa es la cantidad de notificaciones de baja que llegaron.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Antúnez indicó que “del total 115.000 pensiones no contributivas (incluidas por discapacidad, por vejez, madre de siete hijos y trasplantados) llegaron 10.000 notificaciones de suspensiones, aunque tengamos efectivamente confirmadas 5.000 suspensiones creemos que hay muchas más. Muchas personas recién se están enterando cuando van a cobrar al cajero”.
A inicio de este año, “Misiones tenía 80.400 personas cobrando pensiones por discapacidad y en julio confirmamos que son 75.000”, detalló la funcionaria. Agregó además que “no sabemos los motivos de estas bajas porque ANDIS no nos informó las razones, pese a que pedimos un informe sobre esta cuestión”.
“Nos dicen que se retomará la auditoría”
Tras la suspensión de la auditoría el 5 de este mes tras la exposición de las irregularidades, las provincias reforzaron sus reclamos.
“En la última asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, el ANDIS dijo que continuará con las auditorías y que los que no tuvieron la posibilidad de ser auditados en esta primera etapa, donde estuvieron estos auditores que en realidad no eran auditores legales, podrán ser auditados por el PAMI de Misiones, que reorganizará esta segunda parte del proceso con prestadores médicos de la obra social de los jubilados”, detalló Antúnez.
ANDIS no precisó cuándo retomaría la auditoría, “pero sí me confirmaron por mail que los turnos para la auditoría en 25 de Mayo fueron cancelados en forma momentánea y que en Bernardo de Irigoyen serán reprogramados y notificados con nuevas cartas documento”, indicó.
En tanto, “me informaron que en San Pedro se están realizando las gestiones para acreditar los nuevos equipos médicos y sostener el operativo en el centro del PAMI de esa localidad”.
Dos promesas clave
Según la funcionaria, “nos aseguraron que las personas que no pudieron estar no deberían sufrir ningún perjuicio sobre sus beneficios”.
Desde ANDIS también garantizaron, según indicó Antúnez, que “las constancias cargadas serán igualmente aceptadas, que igual serán consideradas a efectos administrativos a los que estuvieron en las auditorías irregulares… aunque falta confirmar si ANSeS recibirá estas constancias”, señaló.
“No sabemos cuántas personas fueron auditadas”
Según precisó Antúnez, a Misiones llegaron 115.000 cartas documentos aproximadamente, “pero no podemos discriminar de qué tipo son porque no nos informaron la cantidad correspondiente a cada categoría de pensión”.
“No obstante -agregó-, entendemos que arrancaron por discapacidad pero no coincide el número de pensiones con el de cartas documentos, por lo que creemos que también incluyeron pensionados por vejez”.
Admitió que “no sabemos cuántas personas fueron efectivamente auditadas” y que el proceso se realizó en Posadas, Oberá, San Vicente, Eldorado, San Pedro, Montecarlo, Puerto Rico, Puerto Esperanza, y resta hacerlo en 25 de Mayo, Bernardo de Irigoyen, Concepción de la Sierra y San Ignacio.
Antúnez recordó que beneficiarios de pueblos enteros no recibieron las citaciones, aunque sí las notificaciones de suspensión.
“Creen que no hay que revisar el procedimiento”. Para garantizar la legalidad, Antúnez pidió que ANDIS asegure canales oficiales de comunicación.
“La gente quiere asistir a las auditorías pero, al no enterarse o no tener tiempo para hacerse los estudios médicos, es imposible cumplir”, aseveró.
“Mucha gente tiene discapacidad intelectual y no conserva los papeles originales de sus estudios; hoy solo tienen copias y no se las aceptan”.
“Los plazos para presentar la documentación son muy cortos y cuesta mucho cumplirlos. Si pasan esos 30 días, la plataforma de trámites se cierra y solo queda ir a ANSeS a rogar que acepten los papeles”, señaló.
La Agencia Nacional apeló el fallo que favoreció a la demanda de la provincia
En la actualidad, según Antúnez, “tenemos dos procesos judiciales abiertos en forma simultánea”. Uno fue presentado por la Fiscalía de Estado ante la Corte Suprema de Justicia, y el otro corresponde a casos testigos que requieren restitución urgente por motivos de salud.
Este segundo recurso se basó en el artículo de la Ley Nacional 26.854, que permite a un juez incompetente dictar una medida cautelar ante la urgencia y vulnerabilidad de los beneficiarios.
La jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone, dictó el 5 de septiembre una resolución que fue apelada por ANDIS, pasando el caso a la Cámara Federal.
“Esperamos que el fallo sea favorable”, dijo Antúnez, y adelantó que seguirán presentando nuevos casos de pensiones suspendidas.
En paralelo, la Corte Suprema aún debe expedirse sobre el pedido de restitución de las pensiones dadas de baja “sin que ANDIS respete el debido proceso ni contemple las particularidades de las provincias”.
En Misiones, advirtió, “muchas personas no reciben las cartas documento por vivir en zonas rurales sin numeración, lo que impide su citación y las deja fuera del sistema”.
