El Sindicato de Peones de Taxis de Misiones, encabezado por Alfredo Gamarra, presentó ante autoridades municipales y mostró a la comisión de Transporte del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone un régimen único para el servicio de transporte privado de personas mediante plataformas electrónicas.
La iniciativa busca “equiparar las condiciones legales, fiscales y de seguridad entre taxis, remises y aplicaciones como Uber”, y fue entregada a los concejales luego de reuniones mantenidas la semana pasada con el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín, y el secretario de Gobierno, José Amable.
Según el texto del proyecto y las explicaciones del gremio, la iniciativa tiene como objetivo central “garantizar igualdad ante la ley, protección del usuario y control municipal efectivo”.
Los impulsores sostienen que la normativa vigente -la ordenanza aprobada en abril de 2024 que habilitó aplicaciones en Posadas- requiere “complementos y mayores herramientas de fiscalización para ser efectiva”.
El proyecto, que consta de múltiples capítulos, incorpora requisitos más exigentes para conductores, empresas y vehículos. Entre las medidas principales propone:
- Registro obligatorio ante la Municipalidad de prestadores y de las empresas.
- Habilitación individual de cada unidad y su conductor.
- Creación de un Registro Único de Choferes de Aplicaciones donde constarán antecedentes, multas y reclamos.
- Domicilio legal en Posadas para empresas y prestadores; y seguro obligatorio que cubra pasajeros, chofer y terceros.
- También plantea la prohibición total del uso de motos, bicicletas, triciclos o cuatriciclos para el transporte mediante aplicaciones.
- Condiciones de confort en las unidades, incluyendo aire acondicionado y calefacción.
El proyecto define una antigüedad máxima de las unidades: dos años al momento de la habilitación y hasta seis años mientras estén en servicio. Además establece cupos y límites: una habilitación por cada 1.000 habitantes y un máximo de dos vehículos por prestador; la adjudicación de vacantes correspondería al Ejecutivo municipal.
En lo tributario, exige que las empresas tributen localmente, publiquen en la app los vehículos y conductores habilitados y firmen contratos formales con los prestadores.
En la presentación gremial y en los testimonios compartidos con este medio, Gamarra y referentes del sector explicaron que la iniciativa busca cerrar “brechas de control” que, a su juicio, permitieron durante años la circulación de vehículos no habilitados.
En “off” los taxistas advirtieron que la ordenanza aprobada en 2024 -que regularizó el funcionamiento de plataformas y definió requisitos para su operación- quedó en parte sin aplicación práctica: “Se hizo la ordenanza, pero quedó como letra muerta”, señalaron. Según estas fuentes, los principales problemas son la falta de efectividad en la ejecución de sanciones y la posibilidad de que vehículos retenidos vuelvan a la calle en pocas horas. En materia sancionatoria, la propuesta faculta a la Dirección de Movilidad Urbana a retirar y retener unidades no habilitadas, prevé multas de mayor monto que el régimen común y la caducidad de habilitaciones ante reincidencias.
Los impulsores también piden que las multas sean exigibles y que no pueda recuperarse la unidad inmediatamente mediante presentaciones judiciales que terminen dejando sin efecto la sanción administrativa. El planteo gremial incluye además una cláusula de accesibilidad: un cupo mínimo de unidades adaptadas para personas con discapacidad y prioridad de atención a grupos vulnerables. Como disposiciones transitorias, el proyecto propone derogar normas previas que hoy regulan el servicio por plataformas y otorgar al municipio facultades para dictar actos complementarios.
Además propone tarifas reguladas por el municipio, que deberán ser al menos un 25% superiores al boleto del transporte urbano.
Fuentes gremiales citadas por este medio destacaron la base social y técnica del proyecto. En la carta que acompaña la iniciativa, el sindicato sostiene que “las plataformas operan ilegalmente, sin tributar ni garantizar seguridad”, que la situación “genera competencia desleal” y que la actividad afecta a “más de 1.100 familias” vinculadas al transporte regulado.
El documento exige además una prórroga de 24 meses para permitir que taxis modelo 2013–2015 sigan operando mientras se renuevan las unidades.
En conversaciones privadas con este medio, choferes y representantes del sector reafirmaron reclamos de larga data sobre falta de control y dificultades para que las sanciones administrativas se apliquen en la práctica. En “off”, conductores señalaron que frente a un secuestro de unidad “a las dos cuadras ya están prestando servicio”, en alusión a la rapidez con que, según su versión, algunas plataformas recurren a presentaciones judiciales y logran la liberación de vehículos retenidos.
También apuntaron a un problema asegurador: “No existe seguro para un auto que no esté habilitado por la Municipalidad para transportar pasajeros, menos las motos; no existe seguro en la Argentina que cubra una moto que lleve un pasajero”, advirtieron en mensajes privados consultados por este diario.
Esas manifestaciones fueron trasladadas por el sindicato al municipio como parte de los fundamentos del proyecto.
Desde el sector gremial se informó que, en la reunión con los secretarios municipales, se abordaron tres ejes puntuales: la situación de las unidades más antiguas, la aplicación más rigurosa del régimen sancionatorio y el tratamiento del proyecto de ordenanza. En esa reunión, según el sindicato, las autoridades municipales mostraron predisposición a estudiar prórrogas transitorias para las unidades del período 2013, acordaron avanzar en medidas para endurecer la ejecución de multas y manifestaron voluntad de colaborar en la mesa de trabajo que el gremio plantea conformar.
Los taxistas pidieron que la discusión incluya a los corredores de seguro, a autoridades de salud pública y a representantes del sistema judicial. En su argumentación, sostienen que la atención de víctimas de siniestros originados en servicios “ilegales” recae sobre el sistema sanitario público y que, por esa vía, la comunidad termina asumiendo costos que corresponden a prestadores que, en su opinión, operan fuera del marco normativo y fiscal.
El sindicato reclamó además mayor cooperación del Tribunal de Faltas para hacer efectivas las sanciones y evitar la continuidad del servicio de unidades no habilitadas.
El proyecto fue entregado formalmente a la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante. El gremio manifestó su intención de que la norma sea tratada con celeridad y puso un horizonte temporal: “Esto tiene que salir antes de fines de octubre”, dijo uno de los referentes en los intercambios públicos y privados previos a la presentación. “Tenemos que tratar punto por punto”, explicó uno de los ediles que integra la comisión.
