La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) encendió las alarmas sobre el creciente costo laboral en el país, señalándolo como un factor determinante que obstaculiza la competitividad y la creación de empleo registrado. El reclamo apunta a dos frentes principales: el reciente incremento en las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y una serie de “costos ocultos” en los convenios colectivos que engrosan las cargas patronales.
Esta advertencia cobra fuerza en un escenario social complejo, donde la tasa de informalidad alcanzó el 43,2% durante el segundo trimestre de 2025, según un informe del IIEP (UBA-CONICET). Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores se encuentran fuera del sistema formal, una cifra que se agrava en el segmento joven, con una precariedad laboral que supera el 65%.
Uno de los detonantes del aumento de costos fue la Resolución Nº 18 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, emitida en enero. Esta normativa eliminó los topes y pisos que regulaban las tarifas de las ART, lo que se tradujo en un aumento directo en el porcentaje que las empresas pagan sobre sus nóminas salariales para cubrir a sus empleados.
A esta situación se suma una estructura de aportes y contribuciones adicionales negociados en paritarias que van más allá del salario. El sector de Comercio, que agrupa a 1,2 millones de trabajadores, es un claro ejemplo de esta problemática. Los puntos más críticos resaltados por los empresarios son:
- Contribución Solidaria por COVID-19: A pesar de haber sido creada en 2021 por la pandemia, se sigue exigiendo un aporte a la obra social OSECAC por cada empleado, incluso si no está afiliado a ella.
- Aporte al Instituto de Capacitación (INACAP): Implica una contribución obligatoria del 0,5% del salario de una categoría de maestranza por cada trabajador. Se trata de un fondo que, según declaraciones judiciales, recauda más de $30 mil millones anuales y cuyo destino, según las denuncias, beneficia a ciertas entidades empresarias.
- Seguro de Retiro Obligatorio “La Estrella”: Es un aporte compulsivo del 1,6% del salario. La polémica reside en que para acceder al beneficio se requieren al menos 20 años de aportes, un plazo que muchos trabajadores no cumplen. Además, en caso de despido, el empleado solo recupera el 50% de los fondos de su cuenta individual, ya que la otra mitad financia un sistema solidario.
Desde CADAM concluyen que la suma de estas erogaciones, junto a las cargas sociales tradicionales, incrementa de manera considerable el costo de mantener un empleado en blanco.
Esta presión, afirman, reduce los márgenes de inversión y se convierte en un fuerte desaliento para la contratación formal, limitando así la capacidad del sector privado para ser el motor de crecimiento que el país necesita.
