La muerte del albañil Carlos Guirula (33) el 19 de julio de 2014, en el marco de un procedimiento a cargo de efectivos de la Policía de Misiones, es una causa que tiene requerimiento para debate desde julio de 2021 por la fiscal de Instrucción 1, Amalia Spinnato, bajo la calificación para seis policías por “tortura agravada seguida de muerte”.
Bajo esa calificación, los involucrados, en libertad tras recibir beneficios excarcelatorios, deberán presentarse el 29 de septiembre ante el Tribunal Penal 2 para notificarse que del 21 de octubre al 19 de noviembre serán juzgados por los jueces César Antonio Yaya, Gregorio Augusto Busse y Marcela Alejandra Leiva.
Las partes fueron informadas además por el TP-2 de que las audiencias serán catorce y que 88 testigos fueron citados. Las fechas fijadas (a partir de las 8 cada jornada) son: 21 al 23 y 28 al 30 de octubre; 4 al 6, 11 al 13 y 18 y 19 de noviembre.
Imputados
Los encartados en este expediente son la oficial Lourdes Beatriz Tabarez y los suboficiales Ricardo Rafael Escobar, Carlos Alberto Zidorak, Carlos Alberto Da Silva, Lucas Nahuel Saravia Allosa y Claudio Marcelo Servián.
La acusación estará a cargo del fiscal Vladimir Glinka. En cuanto a las defensas, Tabares será representada por el defensor oficial Mario Ramírez, mientras que los demás tendrán defensores particulares: Roberto Skanata, Mónica Olivera, Martín Federico Tilli y Fausto Mauricio Vergara.
El hecho ocurrió a las 3 del sábado 19 de julio de 2014 en un albergue transitorio de las avenidas Santa Catalina y Andresito, Posadas. Guirula y dos amigos intentaban retirarse tras alquilar dos habitaciones cuando surgió una discusión por una deuda de 104 pesos por la compra de una botella de whisky.
Tres efectivos de la comisaría Decimotercera llegaron al lugar y Guirula se atrincheró en su automóvil. Luego arribaron refuerzos con tres móviles del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I. En ese momento el albañil habría sido salvajemente golpeado mientras lo sacaban del vehículo y lo subían a la camioneta.
La autopsia reveló marcas de borceguíes en el cuerpo y en la cabeza, y determinó que la causa de la muerte fue el estallido de un pulmón.
Al llegar a la comisaría, los policías constataron que Guirula no tenía signos vitales. Según la hipótesis principal, trasladaron el cuerpo varias veces y lavaron la camioneta y el playón de la dependencia para ocultar pruebas.
Encuadre legal
La calificación que enfrentan los seis policías es por “tortura agravada seguida de muerte” (artículo 144 tercero del Código Penal Argentino).
La norma establece que la pena va de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua para el funcionario público que someta a tortura a una persona privada de libertad. Si la víctima muere, la sanción es prisión o reclusión perpetua.
