Ante el veto del Poder Ejecutivo Nacional a la Ley de Financiamiento Universitario, la CONADU Histórica difundió un plan de lucha a nivel nacional. Las medidas incluyen una jornada de visibilización este jueves, un paro nacional docente y no docente de 24 horas el viernes 12, y una marcha federal universitaria el día que el Congreso trate el veto enviado por el presidente Javier Milei. “¡Súmate a defender la Universidad Pública!” es la consigna que unifica a las federaciones y gremios de todo el país. Con un mensaje más conciso, la CONADU también llamó a un paro y marcha en contra del veto presidencial.
En este contexto el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (ADUNaM), Rubén Stasuk, advirtió que el veto presidencial “es un golpe directo al funcionamiento de las universidades” y denunció que la medida profundiza la crisis que atraviesan las casas de estudio del país.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Stasuk explicó que, si bien “era esperable” la decisión de Javier Milei, había “una esperanza de que cambiara su forma de operar” y se abriera una instancia de diálogo con el sector. Sin embargo, remarcó que “el presidente mantiene los mismos criterios del año pasado y cerró toda posibilidad de negociación”.
El dirigente alertó que “cada vez más docentes migran hacia otras actividades laborales nacionales o internacionales” debido al ajuste presupuestario, lo que pone en riesgo la continuidad académica.
Frente a este escenario, la ADUNaM resolvió adherir al paro de 24 horas para este viernes 12, y a la marcha federal en defensa de la educación pública, cuya fecha dependerá del debate legislativo sobre el veto en la Cámara de Diputados.
Stasuk recordó que en movilizaciones anteriores se habían logrado reacomodamientos parciales de gastos de funcionamiento, aunque insuficientes para cubrir la inflación. “Esperamos que esta marcha tenga impacto y logre soluciones reales. Si no, volveremos a evaluar nuevas medidas”, afirmó.
El dirigente acusó al Gobierno de llevar adelante una política que busca “destruir lo público y atacar a los sectores más vulnerables”, entre ellos jubilados, personas con discapacidad y estudiantes de bajos recursos.
Sobre el panorama en el Congreso, admitió que “los números son muy justos” y que el oficialismo “tiene la caja para torcer voluntades”, pero confió en que los legisladores “hayan escuchado el mensaje de las urnas en distintas provincias, especialmente en Buenos Aires, y que a partir de ahora haya una política comprometida con lo que quiere la mayoría del pueblo argentino”.
