La decisión del Gobierno de Misiones de llevar a la Corte Suprema el conflicto por las pensiones por invalidez se apoya en datos que reflejan la magnitud del problema. La coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, confirmó que en el último año se registró una merma de cinco mil pensiones no contributivas en la provincia. Según precisó, en 2024 había unas 80 mil prestaciones vigentes y en julio de este año la cifra descendió a 75 mil.
Antúnez explicó que la presentación judicial surge tras agotar todos los canales de diálogo con la Agencia Nacional de Discapacidad. Señaló que la provincia no tuvo otra alternativa que avanzar por la vía judicial frente a procedimientos que dejaron a miles de personas sin la posibilidad de defenderse. “Creemos que estas auditorías realmente no cumplen con esa función y también dejan excluida a un montón de personas sin darle la oportunidad de defensa”, afirmó.
La funcionaria describió casos graves de beneficiarios que perdieron el derecho sin notificación previa. Relató la situación de una persona postrada en Apóstoles que no recibió la citación y directamente sufrió la suspensión. “Esa persona no puede ni siquiera movilizarse al cuidado de una adulta mayor que tampoco está en condiciones de poder asistirla. Imaginate el perjuicio y el daño que generan en una familia cuando estas cosas suceden”, expresó.
En cuanto a los números, Antúnez señaló que unas cinco mil notificaciones de suspensión llegaron formalmente a Misiones, aunque advirtió que el total de afectados podría ser mayor. Muchas personas descubrieron la baja recién cuando intentaron cobrar en el banco. “Miles de casos nos consultan de que nos dicen no me llegó la carta documento, ¿qué hago?”, contó.
La coordinadora consideró que el amparo provincial respalda los reclamos que venían presentando beneficiarios sin respuestas. Recalcó que ni la comunicación oficial ni la restitución de las pensiones fueron atendidas por la Nación. “No solo no habían recibido la comunicación, sino que tampoco habían recibido la restitución de su pensión no contributiva”, indicó.
Además del planteo general en la Corte, el Consejo Provincial de Discapacidad está reuniendo documentación de casos particulares para presentarlos de manera individual. Según Antúnez, todos los expedientes corresponden a personas que por su condición de salud no pueden desempeñarse en el mercado laboral y dependen de la asistencia para subsistir.
Respecto a la suspensión de auditorías como la de Bernardo de Irigoyen, la funcionaria admitió que la situación genera un nivel de incertidumbre enorme. Criticó que en muchos lugares se entregaron certificados sin firma médica y sostuvo que el amparo busca también que la Justicia declare la nulidad de los procedimientos. “Ojalá que la Justicia tome una decisión en favor de las personas con discapacidad”, concluyó.
