Desde el jueves pasado se viven días críticos en torno a los procesos de auditorías realizados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a los beneficiarios de pensiones no contributivas. Los operativos en San Ignacio, San Pedro y, más recientemente, 25 de Mayo, dejaron entrever las extremas condiciones a las que se ven sometidos varios sectores vulnerables.
Entrevistada por PRIMERA EDICIÓN, la representante de la Fundación Ñande Reko Ha y referente de la discapacidad, Paula Pisak consideró que en la provincia “se profundizaron las irregularidades y el proceso perdió no solo credibilidad sino legalidad” y cuestionó los mensajes estigmatizantes hacia los pensionados en redes sociales.
Impacto del proceso
Pisak definió que los operativos de auditorías llevados adelante en los últimos días “lejos de garantizar transparencia y regularización solo se realizaron en un contexto absoluto de vulneración de nuestros derechos”.
En ese sentido, remarcó que las condiciones operativas y administrativas de las auditorías no se ajustan a ningún protocolo y suponen atropellos a convenciones internacionales de rango constitucional en el país.
“Tanto las personas con discapacidad como sus familias tuvieron que viajar largas distancias solamente para que un militante de LLA le tome los datos en una planilla, resistir varias horas de filas, sin baños, personal de salud e incluso accesibilidad”, recordó.
Entre los casos más graves, mencionó el de una madre de 70 años que trasladó a su hijo adulto, postrado, desde un pueblo cercano a San Ignacio. “Tuvo que pagar un remís pese a ser de escasos recursos. El temor a perder el beneficio era mayor”, aseguró.
Para Pisak, el trasfondo es político: “Siento que todo esto fue hecho adrede, lo importante era hablar de cifras y bajas enormes, de implantar en el imaginario de la sociedad cuántas personas no eran aptas o ‘truchas’ como se habla en redes, seguir abriendo una grieta en un contexto socioeconómico de crisis que no ayuda”.
Desinformación y repercusiones en redes
De acuerdo a la referente, gran parte del problema es la falta de información. “Las bajas en su mayoría no fueron por ser falsas, sino por falta de notificación. Muchas personas viven en colonias o zonas alejadas y no se enteraron hasta que fueron al cajero y encontraron sus cuentas vacías”.
En redes sociales -señaló- se tiende a confundir los alcances del proceso: “No se auditan solo las pensiones por discapacidad, sino todas las no contributivas. Estamos hablando de una población de altísima vulnerabilidad económica y social”.
Y también reflexionó sobre las repercusiones en redes sociales. “Creo que las personas no miden el daño que ocasiona un simple mensaje. Cuando leo a quienes pretenden juzgar quién merece o no una pensión, me pregunto si acaso podemos ser adivinos y detectar con una simple imagen lo que muchos padecemos en el cuerpo o en la mente. Duele que piensen que alguna de esas personas se hacen ricas”, cerró Pisak.
Medidas judiciales
A la medida cautelar previa, esta semana se suma el anuncio de una presentación judicial que se prepara desde la Provincia contra ANDIS: “Me reconforta saber que en Misiones se toma con seriedad esta problemática y se actúa acorde”, expresó Pisak, y recordó que el Coprodis cumplió funciones de acompañamiento ante la falta de respuestas de la agencia nacional.
Otro órgano de acción es el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), donde Pisak se desempeña como vicepresidenta, que desde mayo realizó presentaciones ante la ANDIS para suspender las auditorías “por no respetarse el correcto procedimiento y la dignidad de las personas”.
Pisak adelantó que desde ese organismo solicitaron la realización de una asamblea extraordinaria para los próximos días. “Hay un enorme trabajo en red hoy que no conoce fronteras y me enorgullece ser parte. Si no se presenta el nuevo interventor (representante de la ANDIS) me tocará presidir nuevamente la asamblea”, confirmó.
