La auditoría de pensiones por discapacidad realizada en 25 de Mayo terminó en un caos que afectó a miles de personas de la zona Centro de Misiones. Durante dos jornadas, beneficiarios de esa localidad, Colonia Aurora y Aristóbulo del Valle se enfrentaron a largas colas, certificados que fueron rechazados por la ANSES y desorganización que derivó en desmayos, discusiones y la intervención de los intendentes.
El secretario de Gobierno de 25 de Mayo, Sebastián Rodríguez, describió la situación como un “desastre”. Según explicó, la convocatoria llegó mediante carta documento a una dirección que “no existe en el pueblo”.
Los vecinos que acudieron al lugar no encontraron nada y debieron trasladarse al salón parroquial, alquilado a último momento por la empresa a cargo del operativo. Rodríguez relató que las constancias entregadas no servían en ANSES.
“Los primeros que recibieron el certificado se fueron a Oberá (a más de 70 kilómetros) para iniciar el trámite, pero les rebotaron porque eran fotocopias y no tenían firma de puño y letra”, sostuvo.
El propio intendente de 25 de Mayo, Omar Pedro Wdowin, confirmó que el operativo se levantó de manera repentina y sin explicaciones.
“Levantaron y se fueron, salieron corriendo y tomaron su vehículo. Mucha gente llegó a la tarde y ya no había nadie. Nunca dieron información certera, apenas me avisaron un viernes a la siesta que iban a estar el 1 y 2 de septiembre”, contó.
Wdowin añadió que él mismo se negó a ceder un espacio municipal porque “esto venía oliendo raro” y le parecía que había demasiada opacidad.La acumulación de personas de tres municipios en un mismo punto disparó la tensión. Rodríguez advirtió que “imaginate la cantidad de gente, 5 o 7 mil personas”.
Wdowin fue en la misma línea y dijo que la situación se desbordó cuando ANSES rechazó los primeros certificados. “Me dijeron que la firma era fotocopia. Ahí se generó un escándalo, la gente tuvo que volver al otro día y ya era una multitud. Llegaron vecinos de Alba Posse, Aurora, El Soberbio, Jardín América y San Vicente. Había un clima muy tenso toda la mañana”, relató.
El intendente de Colonia Aurora, Carlos Goring, también estuvo en el lugar y se vio envuelto en un incidente que quedó registrado en un video. Una mujer lo increpó luego de que interviniera para separar a “una militante que había agredido a una camarógrafa”.
Ver esta publicación en Instagram
“La chica fue y le agredió a la periodista, le pegó, le sacó el celular. Yo lo que hice fue apartarla para que se termine el quilombo”, aseguró. El jefe comunal explicó que decidió disponer colectivos y combis municipales para que los vecinos pudieran llegar a 25 de Mayo, dado que desde Aurora hay unos 45 kilómetros de distancia.
Ver esta publicación en Instagram
El electo legislador provincial Héctor Bárbaro coincidió en que el operativo estuvo mal planteado desde el inicio. Explicó que no se trataba de una auditoría médica sino de una constatación de presencia.
“La gente tenía que ir a certificar si la persona está o no está, si existe o no existe, y después le daban una constancia. Esa constancia firmaba un médico, era al pedo que firme un médico porque la constancia no dice nada” relató. El diputado indicó que los problemas comenzaron cuando las constancias resultaron rechazadas por ANSES.
En paralelo, Wdowin describió un episodio que lo sorprendió en la tarde del segundo día. “Algunos vecinos querían ver la identidad del médico porque todo era confuso. Primero se negaron, se armó un clima de insultos, y recién después el profesional fue al hotel y volvió con su documento. Eso calmó un poco, pero a la tarde, de golpe, cerraron el operativo y empezaron a salir uno atrás del otro caminando rápido, tropezando, como escapando. A los minutos los vimos irse en autos para todos lados y desaparecieron”.
El alcalde recalcó que la desorganización fue total desde el inicio. Recordó que las cartas documento citaban a los beneficiarios en una dirección inexistente y que la espera al sol fue cruel. “Nosotros garantizamos el tránsito, el agua, la ambulancia y la atención del hospital, pero era muy doloroso ver a personas con discapacidad paradas durante horas, con descompensados que tuvieron que ser asistidos. Fue un irrespeto total hacia la gente”, cuestionó.Ese segundo día, a diferencia del primero, sí había un médico presente en el salón parroquial y firmó las constancias. La rúbrica coincide con la de un profesional que ejerce en Pergamino, la misma ciudad de donde era el médico que denunció la falsificación de su sello en San Ignacio. Ambos trabajaron en la ex Clínica General Paz de esa localidad bonaerense, lo que refuerza la sospecha sobre la mecánica utilizada en estos operativos.
Un antecedente
La desorganización no solo se manifestó en 25 de Mayo. En San Ignacio, se detectaron irregularidades similares durante las auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Allí se descubrió que se utilizó el sello y la firma falsificada de un cardiólogo de Pergamino en constancias entregadas a beneficiarios.
El médico negó cualquier relación con el organismo, denunció la usurpación de su identidad profesional y anticipó una presentación penal.Ante ese panorama, el Gobierno de Misiones decidió acudir a la Justicia federal para frenar las bajas, argumentando que se vulneraron derechos básicos de personas con discapacidad.
“Pobre gente, encima que necesita de una pensión tiene que pasar por todo eso” lamentó Goring.
