En Misiones, el fin de 2025 no ha traído alivio para miles de familias que dependen de un alquiler. A más de un año de la desregulación de la Ley de Alquileres a través del DNU 70/23, la promesa de un mercado más dinámico y con mayor oferta se ha transformado, para el inquilino, en una distopía de precios desorbitados y condiciones contractuales leoninas. La situación, descrita por expertos y damnificados, es la de una supervivencia diaria, donde tener un techo es, en el mejor de los casos, un pacto desigual.
Adrián Torres, representante de la Asociación de Inquilinos de Misiones, lo resume sin ambages: “Para los inquilinos ha sido un año muy difícil“. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Torres desmantela la narrativa oficial de la Nación sobre la supuesta bonanza del mercado inmobiliario.
“Sí, puede haber más oferta, pero es una oferta que se sostiene sobre el enorme sacrificio que tienen que hacer los inquilinos para cumplir con las exigencias y expectativas que se imponen”, explica.
El panorama, según Torres, es un “combo perfecto” de factores adversos: una desregulación total, una inflación que persiste más allá de los índices oficiales y un estancamiento salarial que licúa cualquier intento de ahorro. En este contexto, el costo de vivir bajo un techo se ha vuelto prohibitivo.
Precios descontrolados y viviendas inhabitables
La desregulación no solo eliminó los índices de aumento, sino que borró cualquier referencia de precios. La consecuencia directa es una burbuja de valores impulsada por la especulación. “Hoy no hay alquiler menor a 400.000 pesos”, sentencia Torres. Y advierte que esta cifra, que para muchos misioneros representa un sueldo completo, a menudo se exige por propiedades que, en la práctica, no son aptas para ser habitadas.
El representante de los inquilinos describe un mercado donde la calidad del inmueble es secundaria. “Te dicen: ‘Esto es lo que tengo’. Y vos mirás, y en realidad no es habitable“, afirma. Incluso en los casos donde la vivienda está en condiciones, la falta de una regulación permite a los propietarios fijar precios a discreción, sin ninguna lógica de mercado.
“No hay una lógica detrás del precio. Depende pura y exclusivamente de la decisión del dueño o de la inmobiliaria”, lamenta.
Vulnerabilidad total y desprotección legal
La derogación de la ley no solo elevó los precios, sino que dejó a los inquilinos en un estado de indefensión. Ante un contrato sin protecciones, la única “herramienta” es aceptar las condiciones impuestas por la parte con poder: el propietario o la inmobiliaria. “Es un pacto leonino: querés o no querés. Pero como tenés que vivir en algún lado, lamentablemente aceptás“, reflexiona Torres.
La situación es tal que casos de desalojos sin previo aviso, impulsados por la arbitrariedad de los dueños, se han vuelto más frecuentes. La desesperación de una joven que, de la noche a la mañana, fue conminada a desocupar su departamento ilustra el nivel de vulnerabilidad. Si bien el Código Civil ofrece vías de defensa, el acceso a la Justicia es, para un inquilino con recursos limitados, una barrera casi infranqueable.
La posibilidad de acceder a una vivienda propia es, para la mayoría, un sueño cada vez más lejano. La paralización de la obra pública, la falta de créditos accesibles y la persistente caída del poder adquisitivo convierten la aspiración de la casa propia en una quimera.
En este panorama, la Asociación de Inquilinos de Misiones ofrece tres recomendaciones prácticas ante un mercado hostil: intentar negociar el ajuste con alguna referencia informal para evitar abusos, prestar especial atención a la frecuencia de los aumentos y buscar contratos de plazos más largos para evitar la pesadilla de la mudanza anual.
Pero al final del día, la conclusión de Torres es lapidaria: el único camino viable es que un futuro gobierno regule de nuevo un mercado que hoy opera sin reglas, a expensas de quienes más lo necesitan.
