Un estudio exhaustivo realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Observatorio Villero de La Poderosa, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA) y la Fundación TEMAS, ha puesto de manifiesto la crítica situación de habitabilidad en los barrios populares de Argentina. El informe, basado en un relevamiento a 1.485 hogares de nueve barrios en seis provincias, concluye que el 90% de las familias enfrenta un alto riesgo ambiental.
El análisis sociodemográfico del relevamiento presenta un perfil de la población caracterizado por su juventud, con entre el 20% y el 30% de los habitantes menores de 14 años. Los hogares están marcadamente feminizados, con más del 60% liderados por mujeres que deben asumir simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos.
La dependencia de redes de apoyo es crucial para la subsistencia: el 41% de las familias recurre a comedores comunitarios, con picos de hasta el 60% en barrios como Isla Maciel y Virgen Desatanudos. Asimismo, el 74% de los hogares relevados es beneficiario de alguna asignación estatal. En contraste, solo el 18% de las personas cuenta con algún tipo de cobertura de salud.
Déficit de infraestructura y servicios básicos
El informe detalla un marcado déficit en infraestructura básica. Apenas el 27% de las viviendas se encuentra sobre calles asfaltadas, mientras que el 46% está en calles de tierra. La percepción de los habitantes es contundente: cerca del 80% considera que su barrio no tiene suficientes espacios públicos, verdes o de esparcimiento.
En cuanto a los servicios públicos, la situación es crítica. El 73% de las viviendas presenta condiciones precarias en el acceso a agua, electricidad y saneamiento. La informalidad es un factor central: el 50% de los hogares se conecta al agua de manera informal y el 63% lo hace de forma precaria a la red eléctrica. Esta precariedad conlleva costos adicionales para las familias y aumenta el riesgo de accidentes, como lo demuestra el hecho de que el 20% de los hogares sufre cortes de luz frecuentes y el 71% de las viviendas en la Villa 21-24-Zavaleta ha perdido electrodomésticos en el último año.
Viviendas precarias y riesgos ambientales
La calidad de las viviendas es otro problema fundamental. Solo el 15% de las casas relevadas alcanza una calidad constructiva suficiente. Cerca de la mitad de los hogares presenta grietas, filtraciones o goteras. El hacinamiento también es una realidad, afectando a la mitad de las viviendas, una cifra significativamente más alta que el promedio nacional.
Los problemas ambientales ocupan un lugar central en la vida de los habitantes. El 90% de los hogares se expone a altos niveles de riesgo ambiental, un índice que considera la presencia de plagas, la acumulación de basura y la cercanía a fuentes de contaminación. En particular, el 49% de las viviendas se encuentra cerca de agua contaminada y el 29% junto a basurales, lo que eleva el riesgo de enfermedades.
La urgencia de una intervención integral
El informe concluye que estas condiciones no solo afectan el presente de las familias, sino que “también condicionan las oportunidades de desarrollo futuro, perpetuando ciclos de exclusión social y territorial”.
El documento destaca que el desfinanciamiento de políticas clave en 2024 y la fragmentación de las acciones estatales han interrumpido procesos de transformación que se venían desarrollando.
Por ello, se subraya la necesidad urgente de intervenciones integrales y sostenidas por parte del Estado para garantizar derechos básicos y un hábitat digno para millones de personas.
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