El Gobierno nacional oficializó una reestructuración interna que transfiere el control y la gestión de los convenios de infraestructura con las provincias, antes a cargo de un fideicomiso, al Ministerio de Economía. La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece un nuevo procedimiento para el desembolso de fondos, buscando centralizar la administración y, al mismo tiempo, evaluar la continuidad de los proyectos en curso.
La Resolución Conjunta 1/2025, firmada por la Secretaría de Provincias y Municipios y la Secretaría Legal y Administrativa, detalla los mecanismos para dar continuidad a las obras que estaban bajo la órbita del disuelto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). Este fideicomiso, creado en 1997, fue un actor clave en la financiación de proyectos de infraestructura en todo el país. Su disolución, dispuesta por el Decreto 463/2025 en julio pasado, marcó un cambio de paradigma en la relación financiera entre el Gobierno central y las jurisdicciones subnacionales.
El FFFIR era un instrumento que, si bien dependía del Ministerio de Economía, operaba con cierta autonomía para la firma y ejecución de convenios. Al ser disuelto, sus responsabilidades fueron absorbidas por la cartera de Economía, que ahora delega la tarea de continuar con los contratos en su Secretaría Legal y Administrativa.
La nueva ruta de los fondos provinciales
La resolución establece un circuito administrativo que asigna roles específicos a dos dependencias clave:
La Secretaría de Provincias y Municipios: Dependiente de la Jefatura de Gabinete, será la encargada de aprobar y remitir las solicitudes de pago de las provincias. Su rol será central para evaluar si los certificados de avance de obra, redeterminaciones de precios o anticipos financieros cumplen con los requisitos para ser abonados. La medida le otorga un rol de evaluación política y técnica, ya que también podrá proponer la “continuidad, reformulación o, en su caso, la rescisión” de los convenios existentes.
La Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía: Esta secretaría, a través de su Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, será la que dé trámite final a las solicitudes de pago. En última instancia, es la que “emitirá la instrucción de desembolso”, lo que le otorga el poder de decisión final sobre la liberación de los fondos.
Además, la resolución faculta a esta Dirección Nacional a encargarse de la gestión de cobro de los créditos pendientes que el FFFIR tenía con las provincias, un punto que subraya la intención del Gobierno de sanear la relación financiera y recuperar deudas que puedan existir.
Contexto político y fiscal
La medida se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de centralizar el gasto público y ejercer un control más directo sobre los recursos que se distribuyen a las provincias. La disolución del FFFIR, junto con la de otros fideicomisos, forma parte de un esfuerzo por “transparentar” y “ordenar” el entramado financiero del Estado, eliminando estructuras que, según la visión oficial, contribuían a la opacidad y a la ineficiencia.
En un contexto de fuertes tensiones fiscales y políticas con las provincias, esta decisión no es solo un cambio burocrático, sino que tiene implicaciones directas en la autonomía financiera de los gobiernos locales. Al reconfigurar los canales de financiación para las obras, el Gobierno nacional se asegura de tener la última palabra sobre qué proyectos se priorizan y cuáles podrían ser revisados o, incluso, cancelados. La resolución deja claro que las propuestas de las provincias “deberán sustentarse técnicamente, a los efectos de fundar en todos sus aspectos la decisión a adoptar”.
En síntesis, la nueva normativa no solo simplifica el camino administrativo para la liberación de los fondos, sino que también refuerza el poder del Ministerio de Economía sobre la ejecución de proyectos de infraestructura en el territorio, un tema central en la agenda de discusión entre la Nación y las provincias.
