Continúa el conflicto por 23 hectáreas entre la comunidad guaraní El Pocito de Capioví, una de las comunidades más antiguas de la provincia que cuenta con relevamiento territorial, y el hombre que tiene título de propiedad de esas tierras (Javier Strieder). La comunidad no aceptó que Strieder pusiera cerco y avanzara sobre esta superficie para la pastura de ganado porque en ese segmento está el “montecito”, de donde ellos extraen las hiervas medicinales y cazan para autoconsumo.
“Después de esa reunión, nosotros quedamos tranquilos porque se suponía que ninguno podía avanzar sobre las tierras y el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, se comprometió a tratar de buscar alguna solución con el Gobierno provincial. Pero la comunidad guaraní descubrió hace dos semanas que Strieder retomó el trabajo de alambrado en parte de la superficie donde las vacas y búfalos empezaron a pisotear todas las plantas medicinales del monte”, describió el segundo cacique de El Pocito, Crispín Benítez, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN.
“Guiamos a los animales hacia el corral”
Para evitar la destrucción del montecito, las familias de la comunidad trataron de guiar al ganado nuevamente a sus corrales, “y una vez que lo logramos, cerramos el portón del corral nuevamente. Dejamos todo así, para que el señor Strieder vea que no hacemos ninguna maldad”.
Pero los problemas de “vecindad” no se terminaron ahí, “esta semana, abrieron un camino al costado de la ruta y que ahora llega hasta donde está la chacra comunitaria de la comunidad (que también está dentro de las 23 hectáreas en conflicto). Como todos los años, las mujeres ya habían empezado a sembrar maíz, sandía y melón… pero gente extraña a la comunidad entró y arrancó todos los brotes”.
No conforme con esto, el sábado y domingo pasado los guaraníes encontraron en la chacra cruces de madera con paños rojos y negros, “en algunos lugares estaban estas cruces de madera, unas diez, y en los trillos que usamos para ir al monte pusieron otras cruces hechas con sal sobre el suelo… no sabemos si los que hicieron eso creen en hechicerías o buscan asustarnos, pero claro que las familias están viviendo con temor por todo lo que está pasando”, contó Benítez.
“Las familias viven con miedo”
Ante esta situación, la primera mburuvicha Sergia Ferreyra y el segundo mburuvicha Crispín Benítez realizaron la denuncia ante la Policía provincial el domingo a la noche.
Este lunes, los dos caciques de El Pocito viajaron a Posadas para reunirse con el responsable de Asuntos Guaraníes. Fueron acompañados por un abogado del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Germán Moros, que les asesora en la cuestión jurídica.
“Le comentamos todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo en la comunidad, le mostramos los mensajes que recibió un miembro de la comunidad diciéndole que están dispuestos a todo si ingresamos al monte por cualquier motivo, ya sea a buscar leña o medicina. Nos dijo que llamaría a la Comisaría de Capioví para que estén atentos a lo que está pasando”, indicó.
Una posibilidad que ilusiona
En ese encuentro, según indicó Benítez, el director de Asuntos Guaraníes ratificó la voluntad del Poder Ejecutivo Provincial de comprar los lotes en conflicto a Strieder para ponerlas a nombre de la comunidad.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Moros confirmó que el director de Asuntos Guaraníes habló de esta iniciativa pero indicó que “aún no es algo confirmado, es solo una posibilidad, pero sí es positivo rescatar que hay una intención por parte del Gobierno provincial de encontrar una solución a este conflicto que, se quiera o no, se generó por las mismas instituciones del gobierno”.
Moros recordó que “las dos partes (el propietario y la comunidad) tienen derechos avalados por la Constitución Nacional y creo que la manera más simple de solucionar este conflicto es la económica”.
Según indicó, desde Asuntos Guaraníes indicaron que el próximo paso será comunicarse con Strieder para hacerle una propuesta formal de reunión donde se le transmitirán las intenciones del Gobierno de comprar esos lotes.
“EMIPA asesora, no decide nada”
Según indicó el abogado del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), Germán Moros, “nosotros tratamos de asesorar a las comunidades cada vez que solicitan asistencia. Por supuesto que son las comunidades las que toman las decisiones a través de sus asambleas”.
Además, indicó que hubo situaciones de amenazas de los trabajadores en la zona, “no sabemos si lo hacen por su cuenta o son enviados por Strieder, pero lo cierto es que las familias guaraníes están sufriendo situaciones que les generan mortificaciones”.
Moros recordó que, en un primer momento el conflicto escaló muy rápidamente, “hasta que intervinieron Asuntos Guaraníes y el intendente de Capioví”.
