En medio de la creciente crisis económica, el presidente Javier Milei ratificó su intención de continuar con la reducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a pesar de la reciente negativa del Congreso.
Así, este martes, el Ejecutivo oficializó su decisión a través del Decreto 571/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El decreto que elimina la Dirección Nacional del INTA establece la supresión de la Dirección Nacional dentro del INTA, organismo que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y dispone lo siguiente: “Suprímese la Dirección Nacional de la estructura organizativa del primer nivel operativo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía”.
Con esta medida, el Gobierno concentra las funciones de la Dirección Nacional directamente bajo la Presidencia del INTA, en una decisión que apunta a reducir la estructura del organismo.
Frente a este panorama, la técnica e investigadora de la EEA Cerro Azul del INTA y secretaria general de APINTA, Silvina Fariza, dialogó con FM 89.3 Santa María de las Misiones sobre la situación en la que se encuentra la institución y el avance del Ejecutivo en su plan de ajuste, que —según advierte— podría llevar a la desaparición del instituto.
“La evaluación no es muy compleja”, señaló sobre el contexto actual. “El Gobierno nacional continúa en la línea de destrucción. No hay intención de reorganizar, de mejorar o de analizar cambios para brindar un mejor servicio al sector. El único interés es tomar el INTA y manejarlo como ellos lo desean”, afirmó con evidente malestar.
Fariza recordó que “la Cámara de Diputados ya fue clara en su rechazo al decreto 462/25; ahora esperamos la definición del Senado. Y esta semana emitieron el nuevo decreto 571, que directamente aparta de la línea técnica al director nacional del INTA, un cargo concursado. Hoy, Ariel Pereira, veterinario de profesión, cumple funciones de investigador en Castelar (Buenos Aires), lugar de donde proviene”.
Consultada sobre el argumento del Gobierno de que la medida busca “mayor agilidad operativa”, la investigadora fue tajante: “Es todo lo contrario. Hoy todo está frenado. No tenemos presupuesto. Cualquier trámite o iniciativa está absolutamente paralizado”.
En cuanto al impacto en Misiones —provincia con gran cantidad de productores que dependen de la asistencia del INTA—, advirtió que las consecuencias serán significativas. “Piensan en un campo igual al de la pampa húmeda, donde hay grandes productores, muy tecnificados y con alto poder adquisitivo, que pueden contratar asesoramiento privado. En cambio, aquí, cuando un productor tiene un problema con su cultivo, una enfermedad o una plaga, recurre a las agencias de extensión del INTA, que son el nexo entre investigadores y productores”.
Fariza subrayó que el INTA combina investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, y que este último aspecto es el que el Gobierno pretende eliminar: “Asumen que todos los productores tienen las mismas condiciones que en la pampa húmeda. Pero para el pequeño productor, la ausencia de este apoyo significaría quedar abandonado”.
“Como representante gremial, nuestro mayor temor, es qué va a suceder con los técnicos extensionistas”, remarcó.
La representante gremial expresó su principal preocupación: el futuro de los técnicos extensionistas. “Si se concretara el cierre de casi 300 agencias de extensión y la disponibilidad de más de 1500 trabajadores, como figura en documentos oficiales, el impacto sería gravísimo”, alertó.
Finalmente, remarcó que la crisis no afecta solo al INTA: “Muchas instituciones del Estado la están pasando mal. La motosierra no se detuvo aquí. Tenemos que trabajar colectivamente, porque nadie se va a salvar solo”.
