Fue la séptima cadena nacional de su mandato y la determinación en las palabras del Presidente deja entrever también lo difícil que está siendo sostener el relato. Esta vez no hubo agresiones berretas ni tribuneras, esta vez se habló en términos más enfocados en contagiar angustia y preocupación. “Genocidio”, “demagogia”, “esfuerzo”, “los pies para adelante”… la nube de palabras del discurso presidencial denota un cambio de rumbo conceptual coherente con las evidentes fallas que exhibe el plan. Ya no alcanza con pregonar “no hay plata” si a la vista de todos se beneficia a los sectores más acaudalados. Ya no vale el superávit si quienes lo pagan son los que trabajaron toda su vida y los que lo hacen hoy. Ya la inflación moderada no justifica la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo.
El Gobierno comienza a padecer las debilidades propias de su hoja de ruta y lo demuestra en su cotidianidad. En las redes tribunea, en cadena nacional mete miedo, en la práctica se pisa solo. La docena de piñas que entraron en la semana legislativa deja marcas en un modelo que busca imponerse a fuerza de manejo discrecional de caja y escaso margen de negociación.
Tras el reguero de derrotas consecutivas en la última sesión de Diputados, el oficialismo enfrenta una nueva ofensiva opositora que buscará avanzar esta semana con proyectos clave. En la última sesión, la oposición logró aprobar la Emergencia para el Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario, y rechazó decretos presidenciales.
Esta semana, buscará dictaminar nuevos proyectos en comisiones clave. El martes debatirán para destrabar la comisión del caso $LIBRA, bloqueada hace tres meses por un empate en la designación de autoridades y por la determinación del presidente de la Cámara baja que se empeña en archivar la comisión. Un día después en Salud y Presupuesto tratarán el proyecto sobre promoción de la salud mental. Ese mismo miércoles la Comisión de Presupuesto analizará el proyecto de coparticipación automática de ATN. También debatirán el reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos y la Emergencia del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los bloques opositores esperan llevar los dictámenes al recinto posiblemente el miércoles 20 de agosto.
Pero el legislativo no es el único frente que asoma para el Gobierno. Los últimos indicadores económicos muestran un panorama más adverso de lo esperado. La actividad continúa estancada, la industria cayó un 1,2% en junio respecto a mayo y acumula una baja del 16,1% en el primer semestre de 2024, sin compensar con el leve repunte del 7,1% interanual. El sector volvió así a niveles de marzo.
El Índice Construya mostró una baja mensual desestacionalizada del 0,47% en julio, aunque subió apenas un 0,10% interanual. El INDEC informó una mejora del 0,9% en junio, pero se duda de su continuidad.
La reciente suba del dólar puso en duda la desinflación. Consultoras como LCG registraron un aumento de precios del 2,0% en la primera semana de agosto, la más alta desde mayo. En CABA, la inflación fue del 2,5% en julio, frente al 2,1% de junio.
El consumo sigue debilitado. Los salarios privados formales están 1,2% por debajo de noviembre de 2023, y el endeudamiento familiar alcanzó niveles récord: dos de cada diez pesos del presupuesto se destinan al pago de créditos, según el Banco Central, el nivel más alto en veinte años. Además, la morosidad crece: en mayo, el coeficiente de mora en hogares fue del 4,5% y en empresas del 1%.
Ajuste sin obras ni alivio social
“No hay plata” repitió el Presidente en su séptima cadena nacional en poco más de año y medio de mandato. Pero si se analizan ciertos números, se entenderá que no la hay para ciertas cuestiones y sí para otras.
El último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Finanzas Públicas (ASAP) revela que el gasto público en julio creció un 5,8% real interanual, pero si se excluyen los intereses de deuda (que subieron un 353%), en realidad cayó 0,6%.
Dicho más claramente: el Estado destina más recursos a cumplir compromisos financieros, mientras recorta en áreas clave.
El ajuste fiscal avanza, pero a costa de frenar la inversión y profundizar la fragilidad social. La política económica necesita equilibrio, no solo contable, sino también humano y productivo. En definitiva, se está reconfigurando el uso de los recursos públicos con una lógica centrada en el ajuste fiscal y el cumplimiento financiero, en detrimento de la inversión productiva y el desarrollo territorial. El recorte de la obra pública, la caída del salario y la retracción de los subsidios dejan una marca profunda en el tejido social y económico del país.
Aunque algunos números puedan parecer alentadores en términos de control del gasto, la calidad de ese ajuste está en discusión. El riesgo de un deterioro estructural es real, sobre todo si la inversión pública -clave para el crecimiento a largo plazo- sigue siendo la variable de ajuste preferida. La política fiscal, en tiempos de crisis, no solo debe mirar los balances: también debe mirar a la gente.
El mapa político
El jueves se cerraron oficialmente las alianzas electorales de cara a las elecciones generales del 26 de octubre. El oficialismo buscará sumar representación en el Congreso con una estrategia mixta: alianzas con gobernadores, absorción de sectores del PRO y listas propias. El peronismo, por su parte, logró sostener la unidad en la mayoría del país.
El PRO se muestra debilitado y con escaso margen de acción, mientras que emergen nuevos sellos como Provincias Unidas, impulsado por cinco gobernadores y replicado en otros distritos. Los partidos provinciales también se reorganizan con el objetivo de mantener representación legislativa.
En el peronismo, la unidad predomina, con excepciones claras en Jujuy, Tierra del Fuego y Córdoba. En CABA y Buenos Aires, el kirchnerismo lidera las candidaturas y se integraron sectores antes excluidos. En Córdoba, hay una fractura importante en el peronismo, que se presenta dividido en tres listas: el cordobesismo, el kirchnerismo y otro sector más crítico del oficialismo nacional. El PRO local quedó habilitado a último momento, mientras el radicalismo resolverá su interna.
Las fragmentaciones que se aprecian en casi todos los distritos se replican también en Misiones. Giros, fracturas internas y reconfiguraciones marcan la previa de las legislativas del 26 de octubre en Misiones, donde se renovarán tres bancas en Diputados, hoy ocupadas por Martín Arjol (UCR), Florencia Klipauka (Activar) y Carlos Fernández (Frente Renovador). Se anotaron cinco frentes y seis partidos sin alianzas. Las listas se oficializarán el 17 de agosto, pero ya hay tensiones en varios espacios.
El Frente Renovador Neo, con once partidos provinciales, lleva como primer candidato a Oscar Herrera Ahuad.
En el justicialismo, el PJ cerró alianza con el Partido de la Victoria. El Partido Agrario y Social (PAyS) conformó el Frente Popular Agrario y Social (FPAyS) junto a Unidad Popular. Fue tras la disputa con el PJ por la cabeza de lista: Nación impuso a Cristina Brítez, pero el PAyS exigía a uno propio.
Otra novedad fue el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO, gestionado por Martín Goerling, desplazando al presidente del PRO, Horacio Loreiro. También se sumó el sector de Martín Arjol y el Partido Libertario de Nicolás Sosa. Sin embargo, Ninfa Alvarenga anunció que irá a la Justicia para impugnar esa alianza, reclamando el sello del Partido Libertario.
El armado se completa con Miguel Núñez, exvice del PRO, quien se “mudó” tras ser expulsado por acordar con Ramón Amarilla en Por la Vida y los Valores. Este último espacio implosionó en cuatro sectores: Amarilla-Palavecino, Núñez, Walter Ríos y Claudio Katis.
Germán Palavecino, que buscaba ser candidato con la UCR, quedó afuera por no cumplir con los requisitos de afiliación. Aún negocia con otros partidos.
Finalmente seis partidos competirán en soledad: UCR, Partido Fe, Activar, Partido Obrero, Forja y el Partido Libertario.
Medidas
Por otra parte y en respuesta a las demandas del sector privado, la Provincia, en articulación con cámaras empresarias locales, presentó un conjunto de medidas fiscales destinadas a optimizar la estructura tributaria provincial. El paquete apunta a reducir la carga impositiva efectiva, simplificar los procesos administrativos y adecuar el régimen fiscal a las nuevas dinámicas del comercio digital, como la creciente adopción de billeteras virtuales y medios de pago electrónicos.
Entre las disposiciones más relevantes se destacan la flexibilización del régimen de proveedores del Estado, eliminando barreras de acceso y simplificando los requisitos para las PyME; la reducción de los pagos a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el sector industrial, con el objetivo de mejorar el flujo de caja y promover la competitividad; la supresión de certificaciones contables obligatorias en determinados trámites fiscales, lo que reduce costos indirectos y tiempos de cumplimiento tributario.
Adicionalmente, se incorporaron beneficios como el incremento de los topes de facturación para acceder a regímenes especiales de bonificación; la eliminación de tasas administrativas en diversas gestiones tributarias y otras acciones que se enmarcan en una estrategia más amplia orientada a generar un entorno económico provincial más dinámico, con menor presión fiscal, mayor previsibilidad normativa y un enfoque pro-inversión.
Se busca así generar un contexto más favorable para el sector productivo de manera de preservar los niveles de empleo local mientras la Nación sigue en retirada.
