El presidente Javier Milei oficializó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a los tres proyectos de ley de carácter social que había sancionado el Congreso: el de aumento a las jubilaciones, el que reinstauraba la moratoria previsional y el que declaraba la emergencia en discapacidad.
En los considerandos del decreto 534/2025, el Poder Ejecutivo argumentó que las iniciativas eran fiscalmente irresponsables y que incumplían la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas.
A lo que agregó costo fiscal “exorbitante”: el decreto afirma que los tres proyectos en conjunto implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones de pesos en 2026. Sostienen que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como “innegociable”.
Al respecto, la abogada previsional Florencia Markarian se refirió en FM 89.3 Santa María de las Misiones, sobre el veto a los aumentos para jubilados y moratoria previsional.
“El veto de estas leyes no fue una sorpresa, porque era algo que desde el Ejecutivo se estuvo diciendo desde un primer momento, incluso desde que estuvo el proyecto de Ley; estaba esta idea de vetarlo desde el principio”, comenzó diciendo la abogada.
A lo que añadió: “Y por más que existe el derecho a insistencia en el Congreso. Es decir, que Diputados y Senadores pueden insistir en aprobar esta Ley, justamente lo que se estuvo buscando en este tiempo, más allá del veto, es llegar a negociar con gobernadores para no tener estos problemas que sí se dieron con la aprobación de la Ley”.
Asimismo, Florencia Markarina recordó que “cuando se aprueba en el Senado lo que tiene que ver con la suba del 7,2% y el aumento del bono de 70 mil a 110 mil pesos, no hubo disidencias; sí las hubo cuando se trató el tema de la prórroga de la moratoria. Distinto fue en la Cámara de Diputados que para los aumentos hubo 142 votos afirmativos y 67 negativos”.
Sobre la moratoria señaló que “hubiera beneficiado a 220 mil personas, de las cuales 90 mil son hombres y el resto mujeres. Uno lo piensa en números, en cifras, la distinción entre géneros, pero la realidad es que son 220 mil personas que van a estar complicadas para poder acceder al beneficio de la jubilación y que quizás tengan que seguir realizando aportes”.
“Ahora van a tener que ver si pueden acceder con la moratoria que sí está vigente y que es la 24.476 que permite regularizar aportes hasta noviembre de 1993 y para todos los que nacieron antes de 1975. Es decir, que hay un par de personas que van quedando de lado que no pueden regularizar esos 30 años de aporte, si es que no tienen ninguno, por el motivo que haya sido. Es un impacto bastante significativo para los jubilados también de la mínima”, recordó.
Por otra parte, la abogada previsional hizo saber que “a realidad es que el jubilado, el pensionado se encuentra con que hay proyectos, hay iniciativa, se sanciona una ley, pero queda pendiente el veto. sabe que va a venir el veto. ¿Qué otra solución le queda?. Si con 384 mil pesos le está costando llegar a fin de mes, no puede comprar los medicamentos, tiene que pedir ayuda a los hijos, quienes los tienen. Porque hay gente que ha decidido tener otro tipo de vida, seguir otro camino que quizás no es el de una familia, el de tener hijos y nada de malo tiene eso, ¿no? El problema está cuando necesita la ayuda de alguien y tiene que recurrir a amigos o al Estado”.
“Vivir con 384 mil pesos hoy se complica; y al jubilado, al pensionado no le queda más que ir a reclamar a la justicia; que es una vía que por ahora viene reconociendo esos aumentos que se les debe y que el organismo previsional, más allá de la pérdida del poder adquisitivo que se ha ido dando en los diferentes gobiernos y a lo largo del tiempo, el organismo previsional cuando uno se jubila hoy ya está pagando entre un 40 y un 50% menos de lo que le corresponde a la persona”, reconoció.
En relación con la ley vetada este jueves por el Gobierno nacional, se le consultó si la iniciativa contribuía a saldar la deuda histórica con los jubilados y pensionados del país. La respuesta fue tajante: “Falta bastante para poder recomponer la situación”. No obstante, reconoció que la norma —que no llegó a entrar en vigencia— implicaba un intento de alivio: “El bono de 70 mil pesos a 110 mil fue un esfuerzo. Sabían que no era significativo ni reparaba toda la pérdida, pero era un esfuerzo”. Según un informe del SEPA, ese bono debería haber alcanzado los 154.400 pesos en junio de 2025
“Es decir que pese a todo el esfuerzo, todavía falta un camino más para llegar a lo que tendrían que estar cobrando con respecto al bono, si hubiera ajustado conforme al índice de precios, al consumidor, como venía siendo como viene siendo hasta ahora los aumentos de las jubilaciones y las pensiones”, detalló esta profesional.
También reconoció en referencia al gobierno Nacional de turno que “si no hay dinero para aumentar 62.269 pesos a cada jubilado de la mínima, cuánto menos poder duplicárselo, ¿no?; Y sobre todo que está esta política del superávit fiscal de defenderlo, ¿sí?. Y de ir a la baja en la inflación. Entonces, déficit cero es lo que se propone, lo que se quiere mantener este gobierno desde un principio, lo ha establecido, lo ha mencionado, no es algo nuevo, no no es algo tampoco es una sorpresa para la gente.
“Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que tratar de ver con qué herramientas cuenta uno -en referencia a los jubilados y pensionados- para poder estar un poco mejor, para poder llegar bien a fin de mes, eh que esa sin tener que estar requiriendo de la ayuda de algún familiar, algún amigo”, recomendó con un dejo de resignación esta abogada previsional.
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