El diputado nacional Alejandro Bongiovanni (PRO), presentó en la Cámara baja un proyecto de “Ley de Libertad Inmobiliaria”, en el cual se busca desregular el acceso y el ejercicio de la actividad de corretaje (intermediación) en operaciones sobre bienes inmuebles.
La iniciativa propone eliminar requisitos como la matriculación obligatoria, la necesidad de título universitario y la intervención de colegios profesionales y trasladar el control disciplinario exclusivamente a la Justicia ordinaria. También, que los honorarios sean establecidos libremente por los corredores inmobiliarios.
Rápidamente, los colegios profesionales del sector recogieron el guante y apuntaron a que el proyecto tiene más tinte político en un año electoral o beneficiar a ciertos mercados inmobiliario en grandes urbes, y busca desregular un mercado que de por sí ya está desregulado.
La vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Julia Acosta Azoya, se preguntó si -en caso de que avance la iniciativa- “¿va a tener impacto en las inmobiliarias o en la sociedad?” y advirtió sobre los riesgos de eliminar la regulación del corretaje, mientras que destacó el rol de los colegios profesionales como garantes de formación, ética y control.
En comunicación con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, la corredora inmobiliaria expuso que “el colegio actúa como un manto de control: si un profesional comete una falta, puede ser denunciado” y esto repercute a su vez en el tercero, que es el consumidor, dijo.
En este sentido, Acosta Ayoza resaltó que quien contrata con un profesional matriculado “está protegido”. El colegio proporciona formación continua y garantiza la idoneidad del corredor, subrayó.
Además comentó que el usuario tiene la libertad de elección, en sí es una actividad desregulada: “Cualquiera puede elegir si toma los servicios de una inmobiliaria o no para comprar y vender. Yo no necesito sí o sí ir a una inmobiliaria si quiero comprar algo o quiero alquilar algo, no es paso obligado”, apuntó.
Sin embargo, resaltó que de a poco la gente “fue valorando y entendiendo cuál es la función del corredor” y que, de hecho, muchos evitan realizar la travesía de buscar depto o casa de manera particular, o tratar con dueños directos por malas experiencias: “La gente te dice ‘quiero que esté la inmobiliaria’, le da como cierta seguridad”, aseguró Acosta Ayoza.
Además, relativizó la intención detrás del proyecto y lo vinculó más a una estrategia de visibilidad política en un año electoral que a una propuesta viable. “Esto responde a una bandera de libertad, pero hay que analizar si efectivamente ayuda o si es solo una movida publicitaria, no creo que prospere”, analizó.
Honorarios regulados por ley en Misiones
La vicepresidenta de la CIM detalló que en la provincia existe una normativa que fija los honorarios mínimos y no son comisiones, diferenció: al ser una actividad colegiada, como intermediarios, se presta un servicio que tiene un costo, aclaró. “Nuestra ley establece un mínimo del 2% sobre el valor total del contrato, que debe ser dividido en 50 y 50 entre propietario e inquilino”, explicó.
En Misiones en particular, “en general está entre el 2% y el 3%, según el tiempo de locación”.
A su vez, marcó la diferencia entre la realidad del interior y la de grandes ciudades como Buenos Aires, que muchas veces inspiran este tipo de propuestas: “En el interior del país nos manejamos diferente. Muchas veces surgen como referencia casos problemáticos de Capital Federal, donde hay muchísimas más personas y puede existir cosas que no son correctas, donde hay gente que por ahí es más avivadas criollas, que acá en el interior no se dan”, expuso.
En cuanto al impacto concreto en Misiones, recordó que la colegiación es una potestad de las provincias: “La regulación está en manos provinciales. En Misiones tenemos nuestra propia ley y un colegio que regula la actividad, por eso estamos tranquilos”, expresó la profesional.
“No es necesario desregular lo que no está regulado
Pablo Daviña, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones también apuntó contra el proyecto de ley y dijo que “no es necesario desregular lo que no está regulado”.
“Los mercados inmobiliarios exitosos y más desarrollados combinan libertad con formación, control ético y responsabilidad. Argentina debe modernizar su sistema, sí, pero sin eliminar las garantías y reglas que protegen a todos los actores”, expuso Daviña.
También recordó que las provincias “son competentes en materia de ejercicio profesional… Intentar regular desde Nación afecta el principio de autonomía federal”, indicó.
El extitular de la CIM advirtió que “el proyecto propone una liberalización que no responde a una demanda real, sino que parece perseguir un reordenamiento funcional de ciertos actores del mercado, que hoy no pueden operar libremente por no cumplir con requisitos básicos”.
En este marco, recordó la fallida ley de alquileres y aclaró que eso sí fue una desregularización por todo el daño ocasionado: “estableciendo límites de precios, registros obligatorios de oferentes, y condiciones que limitaban la libertad de decisión”, recordó.
