Antes de que expiren las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases —cuyo plazo culmina el martes 8 de julio—, el Gobierno nacional ultima detalles para aplicar una serie de reformas estructurales sobre organismos públicos estratégicos. Con el objetivo de “simplificar el Estado” y achicar el gasto, el Ejecutivo, encabezado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Secretaría Legal y Técnica, prepara una última tanda de medidas que serán anunciadas el lunes o el mismo martes.
Entre los principales organismos alcanzados por la reestructuración figuran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Ambos dejarán de ser entes descentralizados del Ministerio de Economía y pasarán a depender directamente de las secretarías de Agricultura e Industria, respectivamente. Esto implicará una pérdida de autarquía, recorte presupuestario, despidos y posible venta de bienes.
“El INTA tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe bien qué hacen”, declaró Sturzenegger recientemente, anticipando una modificación en su conducción y una reducción de la participación de entidades rurales en su directorio.
En el caso del INTI, la transformación lo convertirá en una “unidad organizativa” dentro de la administración central, lo que según el Gobierno eliminará su capacidad de generar ingresos propios. “Muchos organismos descentralizados se volvieron cajas recaudadoras que multiplicaron trámites innecesarios”, aseguró el ministro.
También avanzan los planes para fusionar los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas) en una única estructura que dependerá de la Secretaría de Energía. Esta propuesta había sido incluida en el borrador original de la Ley Bases de 2024, pero finalmente fue retirada.
Otra reforma profunda será aplicada a Vialidad Nacional, que dejará de existir como tal y será reemplazada por una Agencia de Control de Concesiones de Transporte, encargada de supervisar contratos y fiscalizar obras. Según Sturzenegger, la intención es separar la ejecución de obras del control, y derivar parte de las funciones a Gendarmería Nacional o a las provincias, aunque aún no está claro cómo se financiarán esas tareas.
Además, el Gobierno planea disolver la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito, cuyas funciones pasarían a otras áreas de la Secretaría de Transporte.
El balance del Ejecutivo indica que la reducción de aproximadamente 50.000 empleos públicos generó un ahorro de 2.000 millones de dólares. “Cada peso que el Estado deja de gastar es un peso menos en impuestos”, remarcó Sturzenegger, quien justificó la estrategia como una forma directa de aliviar la presión fiscal.
(Fuente: Infobae)
