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Advierten que la Nación estancó las paritarias de los peones yerbateros

Con salarios por debajo de la línea de pobreza y paritarias congeladas, los trabajadores rurales del sector yerbatero enfrentan un panorama desolador. Desde la UATRE apuntan contra el Gobierno nacional y una parte del empresariado que se niega a conceder cualquier tipo de aumento.

2 julio, 2025

En plena crisis del sector yerbatero y con la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) aún generando coletazos, los trabajadores rurales que se desempeñan como tareferos en Misiones y Corrientes enfrentan una nueva frustración en las negociaciones salariales: los representantes de buena parte del empresariado ofrecen cero por ciento de aumento y se niegan a reconocer las pérdidas frente a la inflación.

Actualmente, el salario promedio de un peón rural de la yerba ronda los $544.000 mensuales, muy por debajo de la línea de pobreza fijada en $1.100.267 para una familia tipo según datos del INDEC correspondientes a marzo. También se encuentra un 30% por debajo del básico del peón rural general y entre un 22% y 25% por debajo de otras actividades regionales como el té o la forestoindustria.

Pese a esa realidad, las negociaciones paritarias están empantanadas desde 2024. Según informaron desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), la suba salarial del año pasado fue de 76%, lejos de la inflación del 117,8%. Y a esta diferencia hay que agregarle el incremento de precios de 2025, que ya alcanza el 13,3% acumulado hasta mayo.

La situación fue resumida con crudeza por Carmelo Rojas, delegado de UATRE en Misiones: “Con suerte, los tareferos están comiendo. Hoy están en riesgo su alimentación y otras necesidades básicas. Es dramático. Por primera vez ni siquiera alcanzan la mitad de la canasta básica. La situación se agrava cada mes que pasa sin actualización salarial”.

Trabas del Gobierno nacional

Rojas apuntó directamente contra el Gobierno nacional, al que acusó de obstaculizar cualquier intento de avance en la negociación: “La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), dominada por representantes del Gobierno, impone techos, impide discutir retroactivos y dilata las resoluciones. En diciembre pasado, dejaron tres meses parado un expediente. Ahora, volvieron a enviar el caso a la Comisión Asesora Regional (CAR 9), donde la posición del sector empleador es la misma: no quieren dar aumentos”.

Niegan aumentos

En la reunión paritaria del pasado 18 de junio, solo dos entidades empresarias accedieron a ofrecer una propuesta de aumento: la Sociedad Rural Argentina y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Ambas sugirieron un 15% de suba, escalonado en tres tramos: 5% en junio, 5% en julio y 5% en agosto. Sin embargo, el resto de las entidades patronales, como CONINAGRO, la Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), rechazaron cualquier incremento.

Ante ese panorama, los representantes sindicales enviaron el acta en disidencia a la CNTA, que volvió a derivarla a la CAR sin resolución alguna. “Este miércoles (hoy) hay una nueva reunión, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Lo más probable es que se repita el escenario de negativa empresarial y pasividad oficial”, alertó Rojas.

La desregulación del mercado yerbatero, dispuesta por el gobierno de Javier Milei a través del DNU 70/2023 y la posterior derogación de la Resolución 170 del INYM, generó un fuerte desequilibrio en la cadena productiva, con una caída sostenida en el precio de la hoja verde, despidos en secaderos y una brutal transferencia de ingresos hacia las grandes industrias en detrimento del eslabón primario.

“Esto no nos pasa solo a nosotros”, advirtió el delegado de UATRE. “Lo que está ocurriendo en el sector yerbatero es parte de un combo que impide cualquier tipo de negociación salarial en todas las actividades. Pero acá se agrava porque los trabajadores están subsistiendo a duras penas, y en esta época del año eso se nota más: falta ropa de abrigo, no hay dinero para medicación, los chicos no tienen útiles escolares ni calzado”.

La organización gremial reclama que se reconozcan de manera urgente los atrasos inflacionarios, que se garantice un aumento retroactivo y que se respete el derecho a negociar salarios de manera libre, sin imposiciones ni dilaciones.

 

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Tags: #estancadosNaciónparitartiaspeones yerbaterosSalariosYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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