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“No estaba permitido el uso de celulares en el área para registrar equipajes y vehículos”

Lo afirmó ante el Tribunal Federal Fernando Garnero, exjefe de Aduana Posadas y denunciante de las coimas en el puente.

5 junio, 2025
“LO DEFINÍA EL JEFE DE TURNO”. Garnero señaló que las ubicaciones en cada carril de los aduaneros las decidía el responsable a cargo.

“LO DEFINÍA EL JEFE DE TURNO”. Garnero señaló que las ubicaciones en cada carril de los aduaneros las decidía el responsable a cargo.

“No existe selectividad en los controles aduaneros a vehículos y pasajeros. Todos deben ser revisados de manera abierta, rápida y a partir de la declaración del conductor y recontrolar (volver a) es potestad del procedimiento”. Fernando Fabián Garnero (59), exjefe de la Aduana Posadas y denunciante que inició la investigación por el cobro de coimas de agentes a paseros de mercadería en el puente San Roque González de Santa Cruz durante los años 2016 y 2017, fue el primer testigo ayer en declarar en el juicio oral a cuatro subalternos por “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho”.

Ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Garnero declaró durante noventa minutos y detalló todas las funciones, obligaciones y deberes, de los aduaneros que tenía bajo su cargo. Entre ellos, los cuatro encartados: Bernardino Castor Esquivel (51), Orlando Ariel Alfonso (56), René Lorenzo Juárez (67) y Francisco Antonio Llorente (64).

Garnero es ingeniero y describió las acciones que se desplegaban en la Aduana del viaducto internacional. También ratificó que en la etapa que se investiga la labor de los cuatro imputados, Castro Esquivel fue jefe de inspección operativa y participaba en la organización de los turnos de guardias no hábiles (entre las 19 y 7).

Aclaró que no estaba autorizado el uso de teléfonos celulares para los aduaneros en las áreas de control, en el caso de esta causa en los carriles vehiculares de ingreso a Posadas. “No estaba permitido desde 2010 en el sector de revisar equipajes, vehículos y pasajeros”.

También resaltó que restricciones del tipo no constituyen normas que se pueden ignorar y obviar: “Como agente aduanero estoy obligado a capacitarme en todas las modificaciones y cambios normativos”.

Fue tajante y concreto además sobre la flexibilidad en los controles aduaneros: “No existe selectividad para controlar, no hay parámetros de selección, deben ser controlados todos los vehículos”.

Silvio Yamil Boutet, declaró después de Garnero y también se mostró con voluntad para explicar la función que cada aduanero debe cumplir como autoridad fronteriza. Coincidió en que Castor Esquivel confeccionaba las planillas de guardias en horario inhábil como jefe de turno. Explicó cómo se determinaban las pólizas y las tasas para ingresar cada mercadería.

Sostuvo que los guardias de los controles no podían utilizar teléfonos celulares y menos aún informar a personas ajenas a su tarea y función que turnos, carriles y zonas para trabajar se les asignaba. “Por sentido común, todos sabemos que debemos resguardar esa información, al menos ése es mi criterio”, resaltó el testigo.

Sobre los términos que las escuchas telefónicas en la causa implican a los acusados de dar los datos a los paseros para evitar los controles y secuestros, tales como “empujar, jugadores, partido”, etcétera, Boutet admitió que “empujar” lo recuerda de la jerga aduanera: “Empujar se entiende a dejar ingresar un automóvil sin estar previsto o autorizado”.

Respecto a los “paseros”, los definió como “trabajadores de frontera” y son los que habitualmente ingresan mercadería desde Paraguay a la Argentina.

Boutet agregó que la labor en el puente era intensa y “no te podías quedar quieto para sorprender y evitar cualquier irregularidad, infracción”. Y que la actividad se ampliaba con reuniones con Garnero y los demás jefes con recordatorios verbales constantes, “entre ellos el no uso de celulares en los agentes aduaneros”.

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Tags: a juicioContrabando de sojaJuicio a exgendarmes
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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