La reciente publicación del Decreto 149/2025 en el Boletín Oficial marcó un antes y un después para miles de comerciantes en todo el país. A partir del 5 de junio, los empleadores ya no estarán obligados a abonar el controvertido aporte mensual al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), que desde 2008 se cobraba por cada trabajador registrado en el sector.
La medida fue recibida como una conquista por un grupo amplio de comerciantes, que ven en esta decisión el cierre definitivo de una caja sin rendición de cuentas que solo servía -según denuncian- para alimentar estructuras políticas y cámaras empresariales.
“Se termina el curro del INACAP y de las cámaras empresariales”, disparó Nelson Lukowski, comerciante de Posadas con más de tres décadas en el rubro.
“Nunca prestaron un servicio real y sin embargo nos cobraban por cada empleado. Yo tengo 35 trabajadores y pagaba $120 mil por mes, más de un millón al año. Imagínate lo que eso significa en miles de comercios”.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN recordó que fue uno de los primeros en advertir y resistir el cobro, cuando este se implementó hace más de quince años.
“Yo estaba en la asociación de comerciantes cuando esto salió. Peleamos mucho, pero los abogados nos decían que como era una ley, había que pagar. Algunos se negaron, pero enseguida empezaron las inspecciones, las intimaciones, incluso acciones legales”, relató.
Según Lukowski o el sistema funcionaba con una “lógica perversa”. “Te decían que capacitaban a tus empleados, pero la única capacitación era una página web donde supuestamente tenían que entrar fuera del horario laboral. ¿Vos te pensás que alguien que trabaja nueve horas por día llega a su casa a capacitarse? No había servicio. Era puro verso”.
Una estructura de poder
El aporte estaba destinado al INACAP, pero los fondos eran manejados por cámaras como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que los redistribuían a entidades del interior del país como la Confederación Económica de Misiones (CEM).
“La CAME y la CEM se beneficiaban directamente, sacaban la plata y se repartían entre las cámaras. Por eso se opusieron tan fuerte cuando salió el decreto. Es una caja política”, acusó Lukowski. El comerciante sostuvo que los fondos nunca se usaron para prestar servicios reales.
“La CEM nunca capacitó a nadie. Si ahora quieren decir que sí, vamos a salir todos los que pagamos a exigirles pruebas. Queremos ver en qué se usó nuestra plata. Esto fue una estafa nacional amparada por el Estado”.
Según cálculos del sector, la cuota mensual en marzo trepó a $4.725,02 por trabajador. Considerando que el convenio mercantil alcanza a 1,2 millones de empleados, la recaudación mensual ascendía a $5.670 millones, y la anual a más de $70.000 millones.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) saludaron en su momento la medida como un “alivio enorme para el sector”. Destacaron que el decreto permitirá “fomentar la contratación de nuevos puestos de trabajo”, al eliminar una carga económica que no representaba ninguna contraprestación real.
Por último, Lukowski convocó ahora a los comerciantes de todo el país a dejar de pagar. “Si nunca recibiste un servicio, ¿por qué seguir pagando? Ahora es opcional, ahora es el momento de dejar de aportar. Es la oportunidad de cortar con una estafa”, cerró.
Rechazo de las cámaras
Frente a la medida, la CEM expresó en marzo su rechazo y pidió que se mantenga el aporte en los términos actuales. “Desde 2008 venimos trabajando con este recurso. Tenemos más de ocho millones de personas capacitadas”, aseguró el presidente de la entidad, Guillermo Fachinello a PRIMERA EDICIÓN en marzo.
También sostuvo que la eliminación del aporte “va a hacer muy difícil sostener a las cámaras pequeñas del interior”.
Fachinello calificó la medida del Gobierno como “más marketing que otra cosa”.
A su vez, desde la Asociación Madereros y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), señalaron que la mitad de sus ingresos dependen de estos fondos. “Sin esos aportes, no podríamos pagar sueldos ni gastos corrientes”, dijo su titular, Enrique Bongers.
