En medio de la recesión, el ajuste fiscal y la licuación del gasto público impulsados por el gobierno de Javier Milei, la informalidad laboral en Misiones alcanzó un nuevo récord: el 48% de los trabajadores ocupados se encuentran fuera del sistema formal. Así lo revela un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que analizó los datos del cuarto trimestre de 2024 publicados por el INDEC.
La cifra ubica a Misiones como la novena provincia con mayor informalidad del país y supera en seis puntos el promedio nacional, que se situó en el 42%.
Dentro de la región NEA, el panorama es aún más preocupante: Formosa (52%) y Corrientes (51%) encabezan el ranking regional, mientras que Chaco comparte con Misiones el mismo nivel de informalidad (48%).
Esto significa que prácticamente la mitad de la fuerza laboral de estas provincias trabaja sin aportes jubilatorios, cobertura de salud ni estabilidad contractual.
A nivel nacional, la provincia con mayor proporción de empleo informal es Tucumán, con un alarmante 62%, seguida por San Juan (57%) y Santiago del Estero (55%).
En el otro extremo, Tierra del Fuego (20%), Santa Cruz (21%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24%) registran los índices más bajos de informalidad laboral, evidenciando la profunda desigualdad estructural que atraviesa al país.
Cada vez más frágil
El informe del IERAL, titulado “Sin brújula en el empleo”, advierte que Argentina se encuentra atrapada en una dinámica de precarización creciente, con una matriz de empleo cada vez más informal, fragmentada y desigual.
“La informalidad no solo persiste, sino que se consolida como una característica estructural del mercado de trabajo argentino”, sostiene el documento, firmado por Laura Caullo, investigadora responsable del área de Empleo y Política Social de la Fundación Mediterránea.
Según el relevamiento, el 42% de los trabajadores del país se desempeñan en la informalidad, lo que representa un leve incremento respecto al 41,4% registrado en el mismo período de 2023.
Esta expansión se explica, en parte, por la caída del empleo registrado en el sector privado y por el avance de formas de contratación más precarias, como el monotributo y el cuentapropismo informal.
El informe también destaca que los más afectados son los jóvenes y los trabajadores por cuenta propia: seis de cada diez están en negro. A pesar de que entre 2014 y 2024 el empleo total creció un 20% (incorporando a 3,6 millones de personas), el empleo asalariado privado registrado se mantuvo prácticamente estancado en torno a los 6,2 millones. En cambio, los monotributistas crecieron un 40% y el empleo público un 18%.
La investigadora subraya que “el crecimiento del empleo se apoyó en formatos precarios o insostenibles, sin revertir la debilidad estructural del mercado laboral, es decir, la incapacidad de generar empleo privado formal, de calidad y a escala”.
Más trabajadores sin derechos
La gestión libertaria del presidente Javier Milei, que enarbola la motosierra como símbolo de su programa económico, profundizó la fragilidad laboral.
La reconversión del programa Potenciar Trabajo -medida que eliminó intermediarios y provocó una caída del 60% en los inscriptos al monotributo social- dejó a miles de beneficiarios sin la mínima formalización que implicaba ese esquema.
Mientras tanto, los datos muestran que dentro del universo de trabajadores informales, el 63% son asalariados no registrados, y el resto cuentapropistas en negro. Este universo no solo queda excluido de la seguridad social, sino que también sufre mayores niveles de pobreza, inestabilidad y precariedad.
El IERAL señala que el fenómeno presenta fuertes disparidades geográficas. “La informalidad laboral varía enormemente entre provincias, en función de su estructura productiva, los niveles salariales y las posibilidades de acceso al empleo formal. Por eso, cualquier reforma laboral debe reconocer esa diversidad y evitar enfoques uniformes”, plantea el informe.
En un contexto donde el crecimiento económico no garantiza mejores condiciones laborales, el documento concluye que la única salida posible es una reforma integral que ataque las causas estructurales de la informalidad: simplificar regímenes de contratación, reducir la litigiosidad laboral, fomentar la negociación colectiva por sector y aliviar la carga tributaria sobre los primeros tramos salariales.
Un problema que se agravó
Aunque la informalidad laboral no es un fenómeno nuevo, lo preocupante es su consolidación como parte del paisaje laboral argentino. Ya no se trata de una anomalía transitoria, sino de un patrón sistémico que se ha instalado desde hace más de una década y que en los últimos años se intensificó, empujado por la recesión, la inflación y la falta de políticas activas de empleo.
En Misiones, donde más del 90% de los límites geográficos son frontera internacional, la competencia con mercados laborales más estables como Paraguay o Brasil, donde los niveles de informalidad son relativamente menores, deja en evidencia la debilidad del esquema argentino.
La falta de incentivos a la formalización y el encarecimiento de los costos laborales vuelven inviable el empleo registrado en muchos sectores, especialmente en las actividades rurales, de servicios y comercio minorista.
A todo esto se suma el impacto del ajuste nacional, que además de recortar programas sociales y obra pública, redujo drásticamente los fondos destinados a políticas de inclusión laboral y apoyo a PyMEs, principales generadoras de empleo.
Si no hay un cambio de rumbo, con políticas específicas para regiones como el NEA, donde la informalidad no solo es alta sino estructural, el país seguirá hundido en un mercado laboral donde la mitad de los trabajadores están a la deriva, sin derechos ni futuro previsible.
