El anuncio del cierre del distrito Oberá de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP), en el marco de una medida presidencial que dispone la clausura de 37 distritos en todo el país, ha generado un fuerte rechazo por parte de los trabajadores del organismo, profesionales y comerciantes de la región.
El secretario general de la seccional Posadas de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), Horacio Casco, manifestó su preocupación por la medida y aseguró que se trata de una acción “totalmente injusta”.
“Es algo que continúa con el desguace que inició hace un tiempo el Gobierno de un organismo tan importante y fundamental en el país como es ARCA”, afirmó en conferencia de prensa.
Casco destacó que si bien los puestos de trabajo están garantizados, la medida implica un perjuicio para los empleados, quienes deberán trasladarse a Posadas diariamente. “Oberá está a 100 kilómetros de Posadas. Entre ida y vuelta, los compañeros tendrían que recorrer 200 kilómetros por día”, explicó, agregando que esta situación se agrava para quienes tienen hijos en edad escolar o parejas con empleo en la localidad.
El sindicato también se encuentra en negociaciones con la dirección regional de ARCA para mitigar el impacto del cierre. Sin embargo, según Casco, la medida ha sido tomada de manera improvisada.
“Tan descabellada es la decisión que el subdirector de operaciones impositivas del interior dijo a los encargados de cada área, y te lo repito textual, que apela a ‘la creatividad de cada director regional’ para ver cómo hacer para movilizar lo menos posible a los trabajadores”, señaló.
El cierre del distrito Oberá afecta directamente a 14 trabajadores, además de un equipo de fiscalización agropecuaria conformado por tres empleados más. Además, impacta en los contribuyentes y profesionales de la región centro de Misiones, quienes deberán trasladarse a Posadas para realizar sus trámites impositivos.
“Toda la gente de la zona centro, como San Vicente, Campo Grande, Campo Ramón y Campo Viera, tendrá que hacer cientos de kilómetros por día para llegar a la dependencia más cercana”, advirtió Casco.
Estado de alerta y movilización
Por su parte, María Elena Ortigoza, secretaria de Asuntos Sindicales de la seccional Posadas de ARCA, cuestionó la falta de justificación para el cierre. “El distrito Oberá fue abierto por un pedido de los contribuyentes de la zona para acercar la ex-AFIP a los comerciantes. No encontramos una lógica para estas medidas”, sostuvo.
Ortigoza también expresó su preocupación por el impacto en las familias de los trabajadores. “No es solo un número de trece o catorce compañeros, sino todo el entorno que tienen detrás. Esto genera incertidumbre, malestar y angustia”, afirmó.
Además, recordó que desde la asunción del nuevo Gobierno, los trabajadores del organismo han enfrentado jubilaciones forzadas y retiros voluntarios como parte de un ajuste general.
Desde el gremio denunciaron que el cierre del distrito representa un retroceso, especialmente para los contribuyentes que dependen de la atención presencial para realizar gestiones fundamentales.
“La tecnología agiliza muchos procesos, pero hay lugares donde no llega la señal de internet y comerciantes que no comprenden cómo hacer los trámites. La atención presencial permite que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones”, subrayó Ortigoza.
Entre los trámites que requieren atención en persona se encuentran el blanqueo de clave fiscal, la gestión de boletas de deudas, inscripciones y toma de datos biométricos. “Hay un montón de trámites que hace el contador representando al contribuyente o que la misma persona necesita hacer presencialmente. Esto aleja la posibilidad de resolver esos problemas”, agregó.
El impacto del cierre del distrito Oberá no se limita a los trabajadores del organismo, sino que también afecta la recaudación impositiva, según advirtieron desde el gremio. “Nuestra función es recaudar para sostener los hospitales públicos, la educación y los servicios esenciales. Si dejamos de recaudar, lo público se pierde porque se desfinancia y no se puede sostener”, enfatizó Ortigoza.
Los trabajadores de ARCA continúan en estado de alerta y movilización, realizando asambleas para definir las acciones a seguir.
Según informó Casco, actualmente se encuentran en un proceso de conciliación obligatoria con la patronal, pero hasta el momento no han obtenido respuestas favorables. “No descartamos tomar medidas si esto sigue así, porque es inviable”, aseveró.
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