La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional emitió una carta abierta, destinada a autoridades nacionales, con el objetivo de dar a conocer la situación actual de las licitaciones y cómo las decisiones del Gobierno nacional, en materia vial y obra pública, afectan al sector.
El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, José Raúl Rizzo, indicó que, desde diciembre de 2023, el Gobierno nacional implementó la política de “obra pública cero”. Además advirtió sobre las consecuencias de esta decisión en la infraestructura vial y el impacto en la seguridad de los ciudadanos.
“Este Gobierno, desde que empezó su gestión en diciembre del 2023, dijo obra pública cero. Y si vamos a hablar en general de obra pública, eso lo está cumpliendo. La obra pública es cero”, afirmó Rizzo en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. No obstante, sostuvo que esta medida no puede sostenerse a largo plazo: “Nosotros entendemos que ese concepto podría ser aplicable en muy corto plazo de tiempo, pero no puede ser eterno”.
Esta situación genera incertidumbre y preocupa por el deterioro de las rutas. “Las rutas se están deteriorando mucho, ya estamos en un nivel de servicio muy bajo, y eso repercute en accidentes, en muertes, en heridos, y los vemos todos los días”, enfatizó.
En su opinión, “el Gobierno privilegia invertir en otras cosas que no son obra pública, pero en un país tan extenso como este, con una red de caminos tan grande y donde la mayoría de la producción sale por vía terrestre, realmente es preocupante esa opinión tan cerrada”.
Concesiones viales
“El Gobierno ha previsto concesionar 9.100 kilómetros. En este momento, ha salido un decreto y la aprobación de unos pliegos preliminares para concesionar dos corredores: el corredor 18, que incluye el puente Zárate-Brazo Largo, Ruta 12, 14 hasta Paso de los Libres, el puente Rosario-Victoria y algunos otros tramos”.
Sin embargo, Rizzo aseguró que lo estipulado en los pliegos no debería llamarse concesión de obra pública porque en la práctica, no lo es.
“No hay un riesgo empresario, no hay un empresario que se haga cargo del camino en forma total e integral, sino que se le estipulan una serie de ítems por unidad de medida que tiene que cumplir, y eso va en perjuicio del nivel de servicio y del estado de la ruta”.
Además, advirtió sobre la falta de regulación en los costos de los peajes. “Lamentablemente, los pliegos preliminares no establecen cuál sería el valor de referencia de los peajes. Estamos lanzando y aprobando un pliego al cual no decimos cuánto vamos a pagar. Y esto lo pagamos todos los argentinos”.
El dirigente también señaló que, según el nuevo modelo de concesión, se entrega toda la zona de camino para hacer centros comerciales, hoteles, farmacias, restaurantes.
“La zona de camino es así porque lo que privilegia por sobre todas las cosas es la seguridad del usuario, la seguridad del usuari que el usuario no esté en contacto con los vecinos frentistas o con las cosas demasiado cerca. A nosotros nos parece terrible que se aplique eso”, expresó.
Costos de la concesión
Desde el Gobierno argumentaron que la política de obra pública cero busca reducir el gasto público. No obstante, Rizzo sostuvo que esto no es real.
“Nosotros evaluamos la concesión de obra pública como evaluamos todos los demás sistemas de contratación. De todas, la concesión de obra pública es la más cara”, apuntó. “Hoy se está pagando peaje para que la empresa concesionaria tape baches, corte el pasto y repare las señales verticales. Y ni siquiera eso lo hacen. Estamos pagando un impuesto para circular por el país”.
Desmantelamiento de Vialidad Nacional
Ante la posible fusión de Vialidad Nacional con otros organismos estatales y una reducción del 30% de su personal, Rizzo expresó su rechazo y advirtió que, en caso de concretarse, tomarán medidas al respecto.
“Tenemos conocimiento de que estaría saliendo un decreto nuevo. No podemos hablar mucho porque todavía no está escrito, pero los comentarios indican una fusión de Vialidad Nacional con otros organismos del Estado y una reducción de personal del orden del 30%. Eso no lo vamos a admitir de ninguna manera”.
Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con aproximadamente 5.300 empleados distribuidos en todo el país. “Si realmente la propuesta es reducir un 30%, es directamente desactivar y desarmar Vialidad. No va a existir más, porque con esa cantidad de personal es imposible que exista”, afirma.
Audiencias públicas
Sobre las audiencias públicas que se llevarán a cabo la próxima semana, Rizzo criticó que sean exclusivamente presenciales. “Eso perjudica a todos los que pretendemos emitir opinión. La verdad que uno, al estar desplazándose, no tiene toda una semana para estar yendo a Concepción del Uruguay, a Victoria. Pero es la manera de lograr menor participación de parte de la ciudadanía. Nadie es ingenuo cuando se toman decisiones”.
Finalmente, Rizzo sostuvo que, a pesar de que el Gobierno ya tomó la decisión de concesionar las rutas, desde el gremio seguirán alertando y realizando acciones para intentar frenar los cambios.
Sin participación virtual
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresaron, a través de un comunicado, su rechazo a la “actitud antidemocrática y autoritaria” de las Autoridades Nacionales correspondientes, ante la prohibición, tanto para los usuarios viales directos e indirectos como para la ciudadanía en general, de poder participar en forma virtual en las Audiencias Públicas no vinculantes que se llevarán a cabo los próximos días 25 (Tramo Oriental) y 27 de febrero (Tramo Conexión), en Victoria y Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, respectivamente.
“Sería conveniente postergar las Audiencias en cuestión de manera tal de organizar lo necesario para cumplir con lo establecido en la Resolución 104/2025 respecto a brindar la posibilidad de poder participar en forma virtual a todos los expositores que así lo deseen”, manifestaron en el documento.
