Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación presentada por Argentina en el juicio por la deuda soberana en default tras la crisis de 2001. La decisión permite a los acreedores acceder a activos argentinos por un total de US$310 millones, depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, Alemania y Suiza.
El caso fue impulsado por holdouts, tenedores de bonos que nunca aceptaron las reestructuraciones de deuda posteriores a la crisis. Estos acreedores obtuvieron una sentencia favorable en primera instancia, dictada por la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a pagar US$477 millones. La condena fue ratificada en agosto por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que autorizó a los demandantes a proceder con los embargos.
Un nuevo revés para Argentina en los tribunales internacionales
La resolución representa el segundo fallo adverso para Argentina en menos de tres meses. En diciembre de 2024, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso relacionado con el Cupón PBI, sumando presión sobre las finanzas nacionales.
En este caso, el conflicto se centra en los bonos Brady, emitidos en 1993 como parte de un programa de reestructuración de deuda diseñado para países en crisis en América Latina. Estos instrumentos, respaldados por el Tesoro estadounidense, vencieron en marzo de 2023 y estuvieron depositados en la sucursal de Nueva York de la Reserva Federal.
Aunque el gobierno argentino argumentó que los fondos ya habían sido trasladados al Banco Central tras el vencimiento de los bonos, la Corte Suprema estadounidense falló a favor de los acreedores, confirmando la habilitación de los embargos.
Qué fueron los bonos Brady
El “Plan Brady”, diseñado en los años 80 por el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, ofreció a los países en crisis la posibilidad de convertir sus préstamos bancarios en bonos respaldados por el Tesoro estadounidense. Esta estrategia permitió un alivio promedio del 35% en las deudas y dio origen a instrumentos negociables considerados de bajo riesgo.
Argentina ingresó al programa en 1993, comprometiéndose a implementar políticas fiscales y de ajuste para garantizar la confianza de los inversores. Sin embargo, décadas después, los títulos utilizados como garantía ahora son objeto de embargos tras el fallo de los tribunales de Nueva York.
(Fuente: TN)
