La primera semana de las sesiones extraordinarias que comienzan este lunes 20 estarán monopolizadas por las negociaciones que encarará el Gobierno con los bloques dialoguistas, con el fin de conseguir respaldo para eliminar las elecciones PASO, con el cual se definían los candidatos a cargos electivos.
El Poder Ejecutivo convocó desde este lunes y hasta el 21 de febrero a sesiones extraordinarias para debatir un paquete de iniciativas de índole electoral, de seguridad, y económicas.
La mayoría de los proyectos se deben tratar primero en la Cámara de Diputados, mientras que el Senado debe analizar la Ley Antimafias, y los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia.
Para poder avanzar en el tema central propuesto por el Gobierno que es la eliminación de las PASO, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocó a una reunión para este martes a los presidentes de los bloques dialoguistas de diputados, Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo De Loredo (UCR) y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal).
Por la Libertad Avanza también estarán el presidente del bloque Gabriel Bornoroni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hasta ahora confirmaron que asistirán a la reunión en Casa de Gobierno, Ritondo, y De Loredo, ya que Pichetto considera que ese encuentro debe concretarse en el ámbito del Congreso Nacional.
El oficialismo debe alcanzar un acuerdo con bloques opositores ya que esa iniciativa se debe aprobar con 129 votos positivos y 37 en el Senado, con lo cual solo podrá concretarlo si existe respaldo de las bancadas dialoguistas.
Hasta ahora, el PRO y un sector de la UCR estarían a favor de suspender las PASO para las elecciones de octubre de este año, y analizar para el futuro una reforma de fondo sobre las elecciones primarias. El argumento del Gobierno es que la realización de las Primarias genera un gasto de 150 millones de dólares, según señaló Francos.
En este escenario, el oficialismo solo podría acceder a una suspensión de las elecciones primarias, lo que hasta es rechazado por el presidente Javier Milei que quiere la anulación de las PASO. Por ese motivo y hasta que no se alcance un acuerdo entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas no se convocará al tratamiento formal en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que conducen los diputados Nicolás Mayoraz, y Manuel Quintar.
También el Gobierno incluyó en el temario el proyecto de Ficha Limpia para que no puedan ser candidatos los dirigentes condenados en segunda instancia por hecho de corrupción, que el Poder Ejecutivo debe girar al Congreso Nacional.
En cuanto al temario vinculado al paquete de proyectos de Seguridad, la ley Antimafia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, tiene sanción de Diputados y dictamen de comisión en el Senado, con lo cual se podría tratar en la cámara alta.
Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. Una de las modificaciones que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
Otro de los proyectos que quiere aprobar el oficialismo es la reforma del Código Procesal Penal sobre Reincidencia para evitar la puerta giratoria de los delincuentes, cuando ya tienen otros procesos por otros delitos. El despacho establece que si alguien está procesado y se comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada “puerta giratoria”.
En el temario se incluyó una reforma del Código Procesal Penal para implementar el Juicio en Ausencia que se podría aplicar para los acusados iraníes y libaneses del atentado terrorista a la sede de la AMIA, que tiene despacho de las comisiones de Legislación Penal y Justicia.
El proyecto que tiene dictamen de comisión permitirá juzgar a funcionarios y ex ministros del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales del ataque contra la sede judía, que habría sido cometido por militantes de la agrupación terrorista Hezbolá.
La Argentina había pedido la extradición de los ex ministros de Defensa Ahamad Vahidi; de Seguridad Alí Fallhijan; del ex titular de Seguridad, del ministro de Economía y ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; del ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani; y del ex secretario de esa sede diplomática Ahmad Reza Ashgari.
Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio será válido para delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El juicio en ausencia sólo procederá cuando se hubieran cumplido una serie de requisitos, como por ejemplo que el imputado declarado rebelde, “conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial”.
También si “se hubieran hecho intentos razonables por tenerlo a derecho” durante cuatro meses “desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional”, sin poder dar con su paradero.
Aplicaría el juicio en ausencia si “el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido, siempre que el Poder Ejecutivo Nacional no hubiese admitido el juzgamiento en aquel país”.
La agenda se completa con otra iniciativa de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos que deberá ser enviado por el Gobierno Nacional.
Fuente: Agencia de Noticias NA
