En 2024, Argentina registró un total de 294 femicidios, un aumento notable en comparación con años anteriores. En 2023, se documentaron 243 femicidios, lo que indica un incremento del 21% en los casos de violencia extrema hacia las mujeres. Esta tendencia es preocupante, ya que refleja una crisis persistente en la violencia de género a pesar de las políticas públicas implementadas.
Los datos del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti revelan que el 46% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas, mientras que el 10% correspondió a familiares. Este patrón se ha mantenido constante a lo largo de los años, mostrando que la violencia a menudo ocurre en el ámbito íntimo. En comparación, desde el 2020 las cifras no dejan de ser alarmantes, lo que sugiere que la violencia de género no ha disminuido e incluso va en aumento.
En términos geográficos, las provincias con mayores tasas de femicidios son Santa Cruz, Chaco, Jujuy y Chubut. Santa Cruz lidera con una tasa de 1,50 femicidios por cada 100.000 habitantes. A pesar de que la provincia de Misiones ha reportado menos casos en comparación con otras provincias (9), no deja de ser preocupante la situación y se encuentra sexta a nivel nacional en tasa de femicidios.
De acuerdo a los datos del Observatorio, el 69% de los femicidios se comete en la vivienda de la víctima o del agresor. Este patrón se ha mantenido a lo largo de los años, indicando que el hogar sigue siendo un lugar peligroso para muchas mujeres.
Los métodos utilizados para perpetrar estos crímenes son igualmente preocupantes. El uso de arma blanca (26%) y arma de fuego (25%) destaca la brutalidad con la que se llevan a cabo los femicidios.
En cuanto a los niños y adolescentes: 190 menores quedaron huérfanos debido a estos crímenes en 2024. Esta cifra es similar a la del año anterior y subraya la necesidad de atención a sus necesidades emocionales y sociales.
Finalmente, el Observatorio ha señalado un retroceso en los marcos legales e institucionales destinados a proteger a las mujeres. A pesar de las políticas públicas implementadas en años recientes, como la Ley Micaela, las cifras sugieren que no han sido suficientes para frenar esta crisis. La falta de recursos y personal capacitado limita la capacidad del Estado para ofrecer asistencia adecuada a las víctimas y prevenir futuros femicidios.
