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Rotundo rechazo a eliminar la estampilla del INYM

Advierten que desfinanciando al INYM también se perderá el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, por el cual se recaudan los aportes a la seguridad social de los tareferos. Aseguran que sería regresar al trabajo en negro y la competencia desleal.

4 diciembre, 2024

La intención de eliminar la estampilla del INYM por parte del ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, despertó un rotundo rechazo por parte de todos los actores de la cadena yerbatera, salvo el pequeño grupo de industriales que se viene beneficiando con la desregulación desde principios de año.

En una entrevista con el periodista porteño Luis Majul, en el canal LN+, el ministro designado por el presidente Javier Milei con la misión de avanzar en un proceso general de desregulación de todas las actividades, se refirió al mercado yerbatero.

Dijo que “sacamos al Instituto (en referencia al INYM), que dejó de fijar el precio y los precios cayeron 30%”, pero no aclaró que los únicos que bajaron fueron los precios que recibe el productor de hoja verde, que es el eslabón más débil de la cadena. En cambio, el precio en góndola no bajó para los consumidores. Quiere decir que la industria y los supermercados incrementaron su rentabilidad y a costa de la pérdida de los productores.

El Ministro agregó que después de quitarle al INYM la facultad para fijar precios para la materia prima, se eliminó la “hoja de ruta” (un formulario que se utilizaba para garantizar la trazabilidad) y anticipó la intención de eliminar la estampilla: “No la sacamos todavía porque para eso necesito al Congreso”, indicó.

La estampilla es la tasa de inspección y fiscalización que cobra el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), equivalente a $21 por paquete y es la fuente de financiación del organismo, con lo cual, eliminar esa herramienta significa literalmente hacer desaparecer al INYM.

Lo llamativo es que el INYM no le genera gastos al Tesoro nacional y al contrario, a través del INYM se recaudan en forma automática los aportes patronales y seguridad social a través del Convenio de Corresponsabilidad Gremial. Quiere decir que sin el INYM, la gran mayoría de los trabajadores rurales del sector volverán a quedar “en negro” y crecerá la competencia desleal entre productores que abaratan su mano de obra y los que cumplen.

Los datos del sector indican que “hoy el sector tarefero está 90% blanqueado, pero eliminando la estampilla se volverá a los tiempos de negro y competencia desleal”, advirtieron desde el Gobierno de Misiones.

En este sentido, el ministro del Agro, Facundo López Sartori, explicó que la Provincia siempre protegió a los pequeños productores y enumeró acciones: “La gestión provincial en lo que va del año, promovió y logró devolver con acciones las funciones sacadas del INYM” y agregó que “mediante otra cautelar se prohibió importaciones de yerba mate de países limítrofes”.

Explicó que “el Gobernador fue muy claro expresando que el kilo de hoja verde debe valer  $505, mediante notas hemos expresado la necesidad de que el INYM vuelva a tener presidente, tanto al Ministro de Economía, como al Jefe de Gabinete”.

“Inyectamos más de $10 mil millones en forma de créditos en cooperativas y distintas industrias yerbateras, claramente la visión del Gobierno es la defensa del pequeño productor y de nuestra producción bandera. No tendría una sonrisa en la cara diciendo que la yerba mate baja el precio, mientras miles de familias misioneras sufren la pérdida de sus esfuerzos en manos de pocas industrias”, remarcó Sartori en contra de la visión de Sturzenegger.

Por su parte, el director del INYM por la producción, Antonio Franza, expresó su preocupación porque esa decisión “sería apagar las luces y poner candado porque el Instituto funciona en base a lo recaudado”. 

“Estamos luchando para tener presidente y ahora nos enteramos que quieren sacar la estampilla, es un desánimo total porque necesitamos un presidente para que vuelvan las facultades del Instituto y pueda fijar un precio mínimo”, agregó.

Se lamentó además que “la institución no le genera ningún costo al Gobierno, recauda con la estampilla” y dijo que “con todo respeto, “si el ministro avanza con esto, será para liquidar a los yerbateros”.

“Veo la situación con mucha tristeza y preocupación, porque no vemos ninguna salida. Esto sería para liquidar lo que queda del INYM”, remarcó.

 

Digitalizar y controlar pagos

El Gobierno provincial apunta a tener funcionando, para marzo, un esquema digital y electrónico para registrar los pagos y los respectivos montos en tiempo real, obteniendo una trazabilidad que el permita controlar quienes cumplen y quienes no, con el precio mínimo sugerido para la hoja verde de yerba mate.

La intención se enmarca en la búsqueda de soluciones a la pérdida de rentabilidad de los productores que están recibiendo la mitad de lo que cobraban hace once meses. En enero el kilo de hoja verde valía $370 al contado y ahora lo están ofreciendo a $200 en tres pagos.

La iniciativa que contará con tarjetas inteligentes y herramientas digitales, permitirá registrar cada etapa del proceso productivo en tiempo real, fortaleciendo la confianza entre los participantes y potenciando la competitividad del sector en mercados nacionales e internacionales.

 

Tags: #ProducciónEstampillasFacundo López SartoriINYMMisionesYerba Mete
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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