El Gobierno anunció la disolución de cinco fondos fiduciarios, argumentando mal uso de recursos, falta de controles y ausencia de resultados. La medida se formalizó a través del Decreto 1048/24, publicado este martes en el Boletín Oficial, y responde a una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Entre los fondos disueltos se encuentra el destinado a la Asistencia Directa a Víctimas de Trata, así como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, el Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE) y el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).
El Ministerio de Economía destacó que la medida forma parte de un proceso de revisión, saneamiento o disolución de Fondos Fiduciarios Públicos, iniciado tras detectar graves deficiencias en su administración. Según el informe de la SIGEN, los cinco fondos en cuestión presentaron “un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, lo que llevó a concluir que su continuidad resultaba inviable.
El decreto subraya que las disoluciones son necesarias para “resolver las ineficiencias o desvíos encontrados” y garantizar una gestión responsable de los recursos públicos. Este ajuste busca responder a las críticas sobre la falta de transparencia en la administración de estos instrumentos financieros y reafirmar el compromiso con una asignación más eficiente de los fondos estatales.
La medida podría generar debate en distintos sectores, especialmente en aquellos vinculados a las áreas que dependían de los recursos de estos fideicomisos. Sin embargo, el Gobierno sostiene que es un paso imprescindible para corregir el rumbo y garantizar un uso más responsable del dinero público.
Los argumentos
Las razones detrás de esta decisión varían según el caso, pero comparten un denominador común: fallas estructurales en la gestión, uso inadecuado de recursos públicos y falta de resultados concretos.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), creado en 2017 para financiar emprendimientos, mostró debilidades graves en su gestión. Según el informe oficial, carecía de manuales operativos, procedimientos claros y rendiciones de cuentas confiables, además de no contar con indicadores de gestión que permitieran evaluar su desempeño.
Uno de los problemas más críticos fue el elevado nivel de morosidad en los préstamos reembolsables. Al cierre de 2023, la deuda impaga ascendía a $70 millones, y el 58% de los beneficiarios no había realizado ningún pago. Esto comprometía la estabilidad financiera del fondo y su capacidad para asignar recursos de manera adecuada.
Este fondo fue señalado por tener recursos excedentes en comparación con sus necesidades operativas. La auditoría de la SIGEN reveló que las bases de datos estaban desactualizadas y carecían de soporte confiable, dificultando la identificación precisa de deudores y su situación financiera.
El Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE), creado en 2020 con el propósito de fomentar el empleo y el desarrollo económico en sectores estratégicos, no registró ingresos ni operaciones desde su creación. Este estancamiento llevó a su disolución.
Concebido para administrar bienes decomisados en causas de trata y explotación de personas, este fondo no cumplió con los plazos ni las obligaciones de pago a las víctimas. Aunque el fondo será disuelto, el Gobierno aseguró que los objetivos previstos por la Ley 26.364 seguirán siendo financiados mediante partidas presupuestarias bajo la supervisión del Ministerio de Justicia.
El Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA), operativo desde 2012, perdió su razón de ser tras agotarse el financiamiento externo en 2020. A esto se sumaron graves falencias, como la falta de rendiciones de cuentas y resultados verificables, lo que justificó su cierre definitivo.
El Ministerio de Economía subrayó que estas disoluciones buscan resolver ineficiencias en la asignación y administración de recursos públicos, priorizando una gestión más transparente. Aunque la decisión generará debate, se presenta como un paso necesario para garantizar un uso responsable del dinero estatal y corregir desvíos en fondos que habían perdido su capacidad de cumplir con sus objetivos iniciales.
Fuente: Agencia de Noticias NA
